Este primero de mayo tiene lugar en un momento en que la pelea por una perspectiva internacionalista, anticapitalista y de clase se torna cada vez más urgente.

CRT Estado Español Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras | @CRTorg
Martes 25 de abril de 2017
Foto: Antonio Litov / ID.es
En el último año diferentes fenómenos reaccionarios vienen avanzando en distintos países imperialistas tratando de sembrar y ahondar la división entre las filas de los explotados. En EEUU, el gobierno Trump alienta un discurso y políticas racistas como parte de una ofensiva en clave nacionalista para defender los intereses del imperialismo norteamericano y sus grandes multinacionales. En Europa hemos visto como el Brexit triunfó promocionado por una campaña chovinista y anti-inmigrante. En Francia acaba de terminar la primera vuelta de las presidenciales en la que, además de pasar Marine Le Pen, los principales candidatos del establishment asumían buena parte de la agenda del Frente Nacional. Además, la aberración del terrorismo de Daesh, consecuencia directa de la política del imperialismo norteamericano y europeo en las últimas décadas, contribuye enormemente a dar alas a las políticas liberticidas e islamofóbicas. Se trata de los tres ejemplos más importantes del avance de fenómenos de derecha que se viven en otros países europeos -al calor de la política cada vez más racista de la UE y sus gobiernos- y también de América Latina, donde el caso más agudo fue el golpe de Estado de Temer en Brasil.
Ante esta situación los nuevos y viejos fenómenos reformistas se muestran impotentes para frenar el avance de estas tendencias reaccionarias.
En América Latina los gobiernos posneoliberales vienen demostrando que no han ido más allá de tímidas políticas redistributivas, que se han agotado al llegar a su fin un periodo excepcional de crecimiento económico y ahora los desnuda como incapaces para frenar el avance de la derecha.
En Europa el nuevo reformismo mostró sus límites en Grecia con la claudicación de Syriza a la Troika, demostrando que todo intento de humanizar la UE y aplicar un programa que no cuestione los intereses, beneficios y títulos de propiedad de los grandes capitalistas, está condenado a aplicar las mismas políticas de los gobiernos conservadores como el de Rajoy o social-liberales como el de Hollande. Otros fenómenos, como el mismo Mélenchon, comparten este programa y estrategia, recargado con una dosis propia de “soberanismo de izquierda” que no contribuye a combatir el virus nacionalista que va calando en cada vez más estratos de la clase obrera y los sectores populares.
En el Estado español, el nuevo gobierno del PP nace como un ejecutivo deslegitimado, elegido como representante del gran capital tras el “golpe de mano” en el PSOE. Los últimos escándalos de corrupción del PP, como antes fueron los del PSOE, dejan al desnudo la podredumbre de los pilares que sostienen el Régimen del 78. Pero a pesar de su debilidad, su programa sigue siendo el mismo: descargar la crisis sobre las espaldas de la clase trabajadora y el pueblo.
Ante esto, Podemos se está tratando de reubicar en la oposición después de un 2016 en el que se esforzó por tratar de llegar al gobierno junto a los social-liberales del PSOE. Apela a combatir al PP e incluso habla de “volver a las calles”, pero no mueve un dedo para que eso sea una realidad. El ejemplo más claro lo hemos visto estos días: se propone una moción de censura contra Rajoy que de antemano se sabe que está perdida, pero se niega a convocar movilizaciones en la calle y, mucho menos, a exigir que las direcciones sindicales abandonen su política de paz social y llamen a un plan de lucha y una huelga general.
En Catalunya, a esta situación se suma el curso de la CUP, cada vez más comprometida con la hoja de ruta de Puigdemont y el rol de sostén de su estabilidad como se vio con el apoyo a unos Presupuestos de recortes y neoliberales, algo que contribuye tanto a la desmovilización en el plano de lo social como a que el movimiento por el derecho a decidir siga completamente por fuera de las calles y no se prepare para enfrentar la ofensiva del Estado central contra cualquier referéndum.
Por otro lado, los límites del programa del nuevo reformismo vienen quedando patentes en los llamados “Ayuntamientos del cambio”. Sostenidos con acuerdos con los social-liberales, siguen negándose a aplicar medidas elementales para combatir los desahucios, el desempleo o la crisis social, como serían el no pago de la deuda -de hecho, se vanaglorian de haber pagado más deuda que los equipos anteriores-, la expropiación de las viviendas de los especuladores o la remunicipalización de los servicios públicos y el reparto de horas sin reducción salarial en las empresas municipales para generar empleo.
Los efectos que tuvo la ilusión electoral alimentada por Podemos en la desmovilización social siguen perdurando. Aun así, desde el cierre del ciclo electoral se viene recuperando una cierta dinámica de lucha en algunos sectores. Este año lo hemos visto en la juventud, con las numerosas jornadas de huelga estudiantil y la huelga educativa del 9M, o en movilizaciones masivas por los derechos de los refugiados e inmigrantes como la de febrero en Barcelona. También en sectores de trabajadores que han salido a pelear, como el Telemarketing o la Hostelería en varias provincias, e incluso otros que le han logrado torcer el brazo al gobierno como los estibadores. Y sin duda el movimiento más masivo, el de mujeres, que vivió el 8 de marzo más importante en décadas, con masivas manifestaciones y paros en muchos centros de estudio y trabajo.
Esta dinámica se da a la vez que el gobierno del PP pretende seguir con su agenda de recortes y contra-reformas contra las pensiones y las condiciones de empleo -como le pide la Comisión Europea y el FMI- y la ofensiva represiva sigue incrementándose con cada vez más luchadores multados, procesados y encarcelados. La llamada “recuperación” sigue limitada a la recuperación de las ganancias empresariales, manteniéndose un paro masivo, la extensión de la precariedad, los salarios de miseria y índices de pobreza en aumento. La crisis del Régimen logró una isla de estabilidad con la investidura de Rajoy, pero sigue abierta, tal y como demuestra la continua emergencia de casos de corrupción, la debilidad del PP para poder gobernar “en normalidad” y que la cuestión catalana va a seguir planteada con la promesa de referéndum de parte de JxSí y la CUP.
Sin embargo, para que todo este escenario pueda ser aprovechado por los trabajadores y los sectores populares, es fundamental que se reactive la movilización social, con la clase trabajadora el frente, y detrás de un programa en el que se plantee una idea básica: que nuestras vidas valen más que sus beneficios y por lo tanto hay que hacerles pagar la crisis a los capitalistas.
Esta es la perspectiva que anida en miles de activistas obreros, juveniles y sociales que comienzan a plantearse la idea de “volver a la calle”. Así lo demuestra la reactivación de las Marchas de la Dignidad, que preparan una nueva manifestación en Madrid para el próximo 27M, una gran oportunidad para revertir la desactivación de las luchas que supuso la emergencia de Podemos desde las europeas en adelante.
Desde la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras creemos que es necesario que la izquierda social y sindical, junto a las organizaciones que son parte de la izquierda anticapitalista, avancemos en retomar la calle y las demandas abandonadas desde 2014, sacando las lecciones de lo ocurrido en estos tres años de “ilusión” en la reforma gradual del Régimen del 78 y el capitalismo español.
En primer lugar, fortaleciendo aquellos espacios unitarios de lucha, como las mismas Marchas de la Dignidad, pero sin perder de vista que es clave disputar a las direcciones sindicales mayoritarias el rol que vienen jugando de “bomberos sociales”, denunciándolo y exigiéndoles públicamente un plan de lucha con asambleas, manifestaciones y actos que preparen una gran huelga general. Al mismo tiempo, peleando por un programa obrero contra la crisis, que proponga el reparto de horas de trabajo sin reducción salarial, el no pago de la deuda, la nacionalización de la banca y las grandes empresas bajo control de los trabajadores, la recuperación como públicas de todas las empresas y servicios externalizados, el fin de toda la legislación laboral que desde hace décadas logró que un tercio de los trabajadores en el Estado español sean precarios , el fin de las leyes de extranjería y la apertura de fronteras y la amnistía y desprocesamiento de todos los luchadores.
Solamente así la clase trabajadora podrá intervenir para resolver los grandes problemas sociales y a la vez proponerse acabar con un Régimen político podrido, al que se le quiere lavar la cara desde diferentes posiciones. Para terminar con el Régimen del 78 y permitir la apertura de procesos constituyentes en todo el Estado español y las diferentes naciones que lo integran, para acabar con la “casta” de corruptos, la Corona y que se garantice el libre ejercicio del derecho de autodeterminación.
Desde la CRT, planteamos este programa desde una perspectiva internacionalista, no soberanista, que se proponga pelear junto al resto de los trabajadores y pueblos del continente por gobiernos de los trabajadores y los Estados Unidos Socialistas de Europa.