Tras el fallo de la Corte, se abrió la pelea por la anulación definitiva del tarifazo de gas. El macrismo espera la audiencia pública para seguir el ajuste. La campaña de la izquierda y la exigencia de paro nacional.

Fernando Scolnik @FernandoScolnik
Miércoles 24 de agosto de 2016
El fallo de la Corte Suprema de Justicia que frenó provisoriamente el tarifazo de gas para los usuarios residenciales fue un importante episodio de una crisis que sigue abierta y que tendrá nuevos y decisivos capítulos en las próximas semanas.
La resolución de la Corte, que en lo inmediato implica un pequeño respiro para el pueblo trabajador en medio del ajuste, al mismo tiempo le dejó abierta la posibilidad al gobierno nacional de aplicar el tarifazo después de la realización de una audiencia pública. El macrismo rápidamente ha convocado a la misma, que será el 16 de septiembre, y tendrá carácter no vinculante (además de que incluye artilugios para evitar poner en cuestión el precio de gas de boca de pozo).
Si bien ha sufrido con el fallo un duro revés político, el gobierno se prepara entonces para cumplir el requisito formal y luego avanzar con el tarifazo, ya con los papeles “en orden”. Sin ir más lejos, ése es el esquema que el PRO supo aplicar, por ejemplo, para los aumentos del subte en la Ciudad de Buenos Aires.
Por ese motivo, en las próximas semanas lo que está en juego es la lucha por la anulación definitiva del tarifazo, que es uno de los ejes centrales de la política de ajuste del gobierno nacional.
Por una gran campaña por la anulación definitiva del tarifazo
Las dificultades del gobierno para aplicar el tarifazo son una buena noticia para el pueblo trabajador. El presidente Macri, que se había expuesto personalmente en la cruzada por los aumentos de gas, sufrió una derrota política. El fallo de la Corte expresó de forma distorsionada lo que ya había sido cuestionado en las calles.
Sin embargo, estos reveses no harán que el gobierno cambie sus planes de ajuste, sino que los adapte a las nuevas circunstancias (según algunas versiones, “corrigiendo” el cuadro tarifario inicial). Sin ir más lejos, este lunes en Avellaneda Macri volvió a cargar con un discurso contra los trabajadores. Cuenta para seguir adelante con el apoyo del gran capital y de los gobernadores de todo el arco político que se pronunciaron a favor del tarifazo. Lo que ya se puede definir es que su plan inicial de aplicar todas las medidas impopulares rápidamente, para luego llegar con una economía en crecimiento al año electoral de 2017, es ya casi un hecho que ha fracasado.
En lo inmediato, una complicación adicional surge para el macrismo: el aluvión de medidas cautelares que están presentando los sectores que no han sido incluidos en la suspensión del aumento, tales como PyMES o clubes de barrio.
Desde el punto de vista del pueblo trabajador, se trata de aprovechar el fuerte cuestionamiento al tarifazo para ir por más y lograr la anulación definitiva del mismo, que de lograrse sería un gran punto de apoyo para enfrentar el plan de ajuste de conjunto.
En los próximos veinte días se presenta el desafío de organizar un fuerte movimiento contra el tarifazo de gas, con asambleas en los lugares de trabajo, de estudio y en los barrios, que organice cacerolazos, movilizaciones y todo tipo de expresiones de rechazo, y que le exija a las centrales sindicales culminar el 16 de septiembre con un gran paro nacional que comience a las 8 de la mañana para arrancar desde los trabajos una movilización que reúna a cientos de miles alrededor de la Usina del Arte, lugar de la audiencia pública, expresando la fuerza y la bronca de todo el pueblo trabajador contra el ajuste. Solo de esta forma se puede evitar que el macrismo avance de todos modos con la aplicación del tarifazo.
El PTS - FIT impulsará y agitará en lo inmediato esta perspectiva de lucha en todas las provincias del país, desde cada uno de sus locales, y alentará lo propio en todos los gremios, centros de estudiantes y barrios, participando también de toda movilización que vaya en ese sentido.
Junto con esto, los referentes del PTS están presentando amparos en todo el país, cuestionando que la audiencia pública haya sido convocada solamente en la Ciudad de Buenos Aires, y reclamando que se realicen en todas las provincias, para que haya igualdad de oportunidades en todo el país para los que quieran participar.
El plan de la burocracia sindical es bien distinto. La reunificación de una importante cantidad de gremios en la CGT el pasado lunes se dio bajo otra perspectiva. Como dijo allí Luis Barrionuevo, “nos quieren venir a imponer medidas de fuerza cuando recién estamos consagrando la unidad del movimiento obrero, y creemos que es una falta de respeto. No sé si somos sabios pero sí prudentes y sabemos cuándo, qué día y a qué hora vamos a saber asumir la responsabilidad”.
Efectivamente, para los trabajadores se trata de imponerle un paro nacional con movilización, como inicio de un plan de lucha, a esta casta de dirigentes millonarios que se han unido no para defender los intereses de los trabajadores, sino los suyos propios. A cambio del manejo de los fondos millonarios de las obras sociales, vienen sosteniendo la tregua con el macrismo a pesar de los despidos, la inflación y los tarifazos.
Denunciando la pasividad y exigiendo paro nacional para el 16 de septiembre y plan de lucha con continuidad contra el ajuste, las agrupaciones clasistas y antiburocráticas en el movimiento obrero pueden aumentar su influencia en los gremios contra la burocracia sindical y preparar una fuerte movilización para ese día.
El PTS - FIT contra el gobierno y la oposición de los partidos tradicionales
La audiencia pública del 16 de septiembre se convertirá en una tribuna desde donde hablarán todos los partidos políticos y organizaciones sociales del país, ya que concentrará la atención de millones alrededor de un problema sentido.
El kirchnerismo y otros sectores de la oposición como el massismo buscan en este contexto aprovechar demagógicamente el descontento popular contra el tarifazo, para capitalizarlo de forma electoral. Sin embargo, en un doble juego, incluso gobernadores y gobernadoras del Frente para la Victoria (Rosana Bertone), otros sectores del peronismo (como Juan Schiaretti) y del Partido Socialista (Miguel Lifschitz), además de los de Cambiemos, han salido públicamente a respaldar los tarifazos. Mientras tanto, estos partidos en el Congreso Nacional vienen siendo vitales para el macrismo, votándole leyes fundamentales que Cambiemos, en minoría, no podría sancionar sin ellos.
Desde la izquierda, por el contrario, no sólo se impulsa la movilización para derrotar el ajuste, sino que también se denuncian los negociados del actual gobierno y el anterior con la política energética. Desde un comienzo, la diputada nacional del PTS-FIT Myriam Bregman planteó el rechazo al tarifazo pero también la necesidad de auditar qué se hizo durante el kirchnerismo con los subsidios multimillonarios a la energía.
La semana pasada, el día de la concurrencia de Juan José Aranguren al Congreso Nacional, Bregman señaló que el ministro “no dijo una sola palabra sobre los motivos que llevaron a este tarifazo brutal contra los trabajadores y los sectores medios; sostuvo que la electricidad en las provincias antes era más cara, pero evitó decir quién se quedaba con la diferencia y ocultó que gran parte de los quinientos mil millones de pesos de subsidios que otorgó el kirchnerismo fueron a engrosar las ganancias empresarias de los amigos del presidente, como Caputo, Lewis y compañía. Esa es la ’herencia recibida’ de la que no quieren hablar: las empresas privatizadas de los amigos de Mauricio Macri, que vaciaron el sistema de energía y gas”.
Bregman afirmó también que “como sucedió con el petróleo, las empresas que extraen gas saquearon los recursos sin realizar ninguna inversión, una transferencia millonaria que les permite casi duplicar sus ganancias. Ganan las distribuidoras, ganan las petroleras, y los que pierden siempre son los mismos. Quieren esconder que ambos Gobiernos beneficiaron a las empresas, uno con los subsidios, otro con los tarifazos. Ninguno cuestiona que se trata de servicios públicos esenciales que no tienen por qué dar ganancia. Los que los manejan siempre ganan, y son los usuarios los que pierden con los precios de las tarifas y el estado de los servicios”.
De este modo, el PTS-FIT cuestiona el tarifazo e impulsa la movilización, en el camino de una salida de fondo que es la estatización sin pago y bajo control de trabajadores y usuarios del sistema energético, para una utilización racional y planificada de la energía de acuerdo a los intereses populares y no a los fines empresariales, la única forma de superar la actual crisis en la que nos han sumido décadas de gestión al servicio de capitalistas.

Fernando Scolnik
Nacido en Buenos Aires allá por agosto de 1981. Sociólogo - UBA. Militante del Partido de los Trabajadores Socialistas desde 2001.