Durante el lunes 7 de Noviembre tuvo lugar la primera parte del juicio a Guillermo Zapata acusado, a raíz de un tuit publicado hace cinco años, de un presunto delito de humillación a las víctimas del terrorismo.
Marta Clar Barcelona | @MartaClar1
Lunes 7 de noviembre de 2016
No sin polémica, pero finalmente Guillermo Zapata, quien debía convertirse en concejal de Cultura por Ahora Madrid, ha acabado sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Nacional por un presunto delito de humillación a las víctimas del terrorismo. ¿Por qué?. El motivo, aparentemente, se esconde tras un publicacion de humor negro en la red social "Twitter".
El desafortunado tuit decía lo siguiente: "Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcácer para que no vaya Irene Villa a por repuestos". Pocas horas después de que el concejal tomara posesión de su cargo, se viralizaba su mordaz sentido del humor, que pronto hizo saltar ampollas entre políticos, periodistas y "amigos" del Partido Popular (entre ellos, el PSOE y Ciudadanos), mientras que rápidamente Esperanza Aguirre salía a exigir la dimisión del conocido activista del Patio Maravillas.
La presión mediática que se puso en marcha no cesó hasta que el concejal salió no solo a pedir perdón, sino a presentar su dimisión. Ahora, los mismos representantes de la doble moral que no tolera chistes en Twitter pero no tiene problema en disculpar comentarios homofóbicos y machistas por parte de eclesiásticos y representantes políticos, ni en ocultar o banalizar casos de corrupción, le sientan en el banquillo de los acusados.
Sin embargo, es importante tener presente que el juez instructor del caso, Santiago Pedraz, con el apoyo de la fiscalía intentó hasta en tres ocasiones archivar la causa al entender que "se trata de palabras que no pueden como tales criminalizarse, a salvo de las dictaduras que criminalizan las palabras como si fuesen hechos y no distingue entre ellas" y que no había intención de ofender a nadie mediante esa publicación. Añadiendo, además, que en el caso de que finalmente se llevara a Zapata a juicio quedaría seriamente comprometido el derecho fundamental a la libertad de expresión.
Pese a eso, la Sala admitió a trámite la denuncia interpuesta por "Manos Limpias" y "Dignidad y Justicia", gracias a los votos favorables de Enrique López y Concepción Espejel, ambos magistrados retirados del "caso Gurtel" y del "caso Bárcenas" por su afinidad al Partido Popular.
Pero este no es el primero ni el último caso que conocemos en el que los motivos ideológicos y la censura parecen arrastrar a activistas o dirigentes políticos ante la justicia. Desde el surgimiento de Podemos han sido varios los concejales que se han visto perseguidos. Es el caso, portavoz y concejala de Ahora Madrid en el Ayuntamiento, que fue a juicio y acabó siendo condenada a pagar 4.200 euros "por ofensas a los sentimientos religiosos" a raíz de una acción en la Capilla de la Universidad Complutense de Madrid.
No es el primer ni último caso que el Estado, haciendo uso del poder judicial, intenta reprimir a sus oponentes ideológicos, activistas y luchadores. Tan solo hay que recordar el caso de Alfon , o el de este mismo medio y el del Secretario del Sindicato de Estudiantes de Izquierdas, Jorge Remacha, que ha recibido una denuncia del sindicato de policia municipal de Zaragoza.
