Con el debate del proyecto de indulto a los jóvenes presos en contexto de manifestaciones con una defensa cerrada que niega el carácter político de la persecución que viven cientos de personas que participaron en las manifestaciones.
Domingo 20 de diciembre de 2020
El proyecto de indulto llegó al senado y esta semana parte su discusión. Sin embargo, desde ya diversos actores dieron a conocer su oposición al proyecto negando la existencia de presos políticos en el país.
Para negar la existencia de presos políticos señalan que sólo sería aplicable a los presos de conciencia, es decir a quienes son perseguidos por sus ideas políticas o religiosas, a quienes el Estado les niega la posibilidad de un juicio justo en virtud de los ideales del perseguido.
Sin embargo, esta visión es sumamente restringida y estricta, no toma en cuenta siquiera lo que el propio informe de la Comisión Valech identificó como persecución política diversas conductas:
Así mismo, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa incluye, desde el año 2001, entre los supuestos de prisión política está ser privado de libertad bajo la condición que “la duración de la detención o sus condiciones son claramente desproporcionadas con respecto al delito del que se ha declarado culpable o se sospecha que fue cometido”, que “la detención sea evidentemente discriminatoria en comparación con otras personas” o que “la detención se haya producido de un modo claramente irregular y que se establezca o pueda establecerse en conexión con un hecho político”.
Así mismo, bien sabemos que el gobierno se empecinó en perseguir a la “Primera Línea”, a la que intentó estudiar con diversas herramientas de medición cuyos resultados hicieron al gobierno un hazmerreir internacional al relacionar la primera línea con otakus y k-pop.
Para capturar a este temido grupo se valieron no solo de la ley anti-protestas, que permitió a Carabineros detener a destajo, armando expedientes y fichando a cientos de manifestantes, sino que además se valieron del trabajo con la Policía de Investigaciones para perseguir selectivamente a jóvenes luchadores.
De este modo, cientos de jóvenes pasaron por las cárceles del Estado sin tener condena, otros, condenados, cumplen su pena en libertad, con el absurdo de que la prisión preventiva duró más que la condena misma.
Montajes como el caso del Metro Pedreros, y que semana a semana se dan a conocer nuevos casos, dejan al desnudo cómo el gobierno y las policías recurren al ABC de la represión para asegurarse de sembrar el miedo en la población.
Decimos que hay presos políticos porque el gobierno ha sido activo agente en la persecución de la protesta social, declarando la guerra contra su pueblo, dictando leyes, con la anuencia del parlamento y los partidos del orden, para criminalizar cualquier tipo de manifestación.
Pero también porque no es de extrañar la completa desafección que existe en amplios sectores de la población luego de 30 años de violencia estructural en contra de los pobres, ¿o acaso es de extrañar que la gran mayoría de los presos sean jóvenes precarios?
