Análisis. Pragmatismo en el combate a la corrupta “mafia del poder” político empresarial

El juicio a Rosario Robles -ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu)- que la tiene hoy en la cárcel, está mostrando una amplia red de complicidades donde la ex maoísta es sólo una pieza de un profundo andamiaje propio de los gobiernos anteriores, que desde finales del siglo pasado han saqueado las arcas del país haciendo grandes fortunas. Negocios que han permitido a la casta empresarial del país, crear monopolios y una concentración inmensa de capital, producto de su relación con los políticos en el poder.

El encarcelamiento de la ex secretaria de Estado, la detención del abogado Juan Collado (ligado a negocios de los más poderosos políticos del país) y la orden de aprehensión contra el prófugo Emilio Lozoya, ex director de Pemex, hacen probable la detención de algún funcionario importante del anterior gabinete.

Sin embargo, algunos imaginan tras las rejas al multimillonario y poderoso político Salinas de Gortari (que llegó a la presidencia mediante el fraude contra Cárdenas en 1988 y que privatizó Telmex a favor de Carlos Slim); a Ernesto Zedillo que vendió los ferrocarriles a la estadounidense Union Pacific y después se integró al Consejo de administración de esa empresa; a los corruptos panistas Vicente Fox (con jugoso nepotismo) y a Felipe Calderón, y finalmente al más visible representante de la “mafia en el poder”: Enrique peña Nieto.

El combate light a la corrupción

La de AMLO es una política pragmática que muestra por un lado, su decisión de poner un ejemplo popular con su cruzada moral, pero que al mismo tiempo no puede llevar hasta el final, dadas las consecuencias políticas económicas que provocarían un choque frontal con los grupos de poder, que si bien, perdieron la protección presidencial, conservan una fuerza considerable.

AMLO parte de considerar los puntos débiles de su gobierno y de limitar esta cruzada contra la “mafia del poder”. Por lo que en un contexto donde la economía no anda bien y donde el Inegi ha anunciado que en el primer trimestre del año el PIB cayó 0.17 % y en el segundo apenas alcanzó una variación positiva de 0.10 %, el presidente está tratando de recomponer las relaciones con sectores económicos para que inviertan, no ir al choque con ellos.

La política contra la corrupción de AMLO es pragmática porque, por un lado aplica golpes espectaculares que atenúen los aspectos críticos de su administración y que sean un mensaje a los grupos políticos y económicos que pueden ponerle piedras en el camino a su gobierno.

Es una política de contención –preventiva- que busca limitar la fuerza y las intenciones de sectores antigobierno). Y al mismo tiempo, aplica una política de reconciliación con los grupos de poder neoliberales (varios de ellos salpicados por las explicaciones del caso de la Estafa Maestra) que vaya más allá de la “unidad nacional” convocada ante el anuncio de Donald Trump de aumento a los aranceles mexicanos.

Así, fortalece su legitimidad y no entra en una gran confrontación con los grupos de poder abiertamente neoliberales que provocaría cierta inestabilidad a su gobierno.

Si bien es cierto que algunos golpes a la impunidad (con gran efecto mediático), afectarían a políticos importantes del gobierno pasado priísta, pero no pueden llevar a una guerra frontal contra los más poderosos representantes de los gobiernos neoliberales”. Lo contrario, haría de AMLO un antineoliberal.

No le conviene a AMLO llevar una guerra hasta el final que ponga a Peña Nieto a la cárcel (y con él a Meade y Luis Videgaray). No busca debilitar el sistema presidencialista y su figura principal: el presidente del país.

Una salida así solo se explicaría si hubiera una clara ofensiva de un sector antigubernamental que estuviera debilitando a AMLO, lo que implicaría un reagrupamiento de la maltrecha oposición parlamentaria con un plan político alternativo.

Sin embargo, la oposición está muy debilitada y dividida. No puede reponerse a corto plazo de la crisis que atraviesa, y que le provocó el repudio de parte importante de sus bases, y de la población.

Unidad de los de arriba, por sobre todo

El encarcelamiento de Rosario Robles –más allá de si se profundiza- obedece más a una medida política de presión, un aviso para alinear al sector político opositor priísta que ha controlado por décadas los hilos del Estado, y que expresa una crisis dinámica (como lo mostraron las elecciones para elegir la nueva dirección del PRI, y la inmediata renuncia de la reconocida dirigente Ivonne Ortega). Busca exhibir brutalmente a Peña Nieto, volviéndolo más antipopular ante la población y obligarlo a no estorbar.

La tarea de López Obrador y la 4-T es recomponer el maltrecho régimen bajo nuevas formas. El problema es que no hay una mediación o “pata izquierda del régimen” (el PRD dejó de serlo) que desempeñe el rol de contención en una crisis política, o de radicalización del descontento popular.

En los últimos años esa contención la representó el Morena, pero hoy es gobierno y enfrenta el peligro de que no haya mediación política a su izquierda. Por lo que la 4-T requiere recomponer al maltrecho sistema de partidos, donde AMLO necesita gobernar con acuerdos de unidad de los grupos de poder y no romper totalmente con Peña Nieto y Salinas. Su objetivo es contenerlos, no ir al enfrentamiento.

López Obrador ya dijo que su idea no es meter a la cárcel a ex presidentes, y que de exigirlo el pueblo mediante un plebiscito, el votaría en contra; que él está por el “punto final”. Aunque claro que no le caería mal ver citado a declarar a Peña Nieto. Sería un golpe espectacular a su favor, y tendría al priísta y a la élite política que representa, controlados.

Solamente una política verdaderamente independiente basada en la movilización podría castigar a los responsables de la crisis actual, y hacerlos reponer el dinero del pueblo que se llevaron.