Coahuila es un punto negro para la industria de la minería. Sin contar grandes minas a cielo abierto, al menos 153 personas han muerto en el estado desde 1996 en pozos y pequeñas minas y cuevas, según un conteo de la organización Familia Pasta de Conchos.
Jueves 19 de enero de 2023
Han pasado casi 6 meses desde la tragedia acontecida en la mina “El Pinabete”, debido al derrumbe que dejo sepultados a 10 mineros que quedaron atrapados bajo más de 40 metros de agua. Esto en gran medida debido a la falta de mantenimiento y nulas condiciones de seguridad que hay en la gran mayoría de las minas, pozos y cuevas de la region carbonífera de Coahuila.
Mientras continúa la impunidad en este crimen, ahora son las viudas de los mineros atrapados las que tienen que soportar la injusticia que gozan los principales responsables no sólo del homicidio industrial, sino que también del poco o nulo mantenimiento en las instalaciones y la inseguridad bajo la que laboran día a día, miles de trabajadores.
El grupo de mujeres afirma que la empresa propiedad de Cristian Solís, el cual fue aprehendido en por su presunta responsabilidad en el delito de explotación ilícita del carbón, asumió en un principio cubrir el costo por indemnización de las muertes acorde al sueldo que cobraban sus maridos. Sin embargo, el tiempo paso por lo que la noticia poco a poco dejo de ocupar las primeras planas en los diarios y el dinero dejo de llegar.
Pasado el primer mes del derrumbe, el Gobierno dio una indemnización a cada viuda, pero la empresa del “El Pinabete” continúa sin dar la cara ni otorgar los montos de pensión correspondientes; cabe señalar que el monto fijado es distinto al que acordaron abonar hasta recuperar los restos.
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Bajo subsidios, precariedad y la desigualdad de género
Estos atrasos en los pagos perjudican gravemente a la economía de las familias de las viudas, ya que en la mayoría de los casos era el único ingreso regular que tenían, sumado al hecho de que cada una de las familias libra sus propias dificultades particulares y económicas luego de la muerte de los mineros. De acuerdo a información publicada del diario El País, uno de los ejemplos que sobresale por la difícil situación es Martha María Huerta quien es desempleada y solía recibir la mitad de lo acordados ya que su pareja tuvo dos hijas con un matrimonio anterior por lo que a su exmujer y las niñas le corresponden la otra parte.
Otro caso que despunta es el que cuenta Carolina Álvarez de 33 años, madre de familia a quien le corresponde el subsidio y pensiones por parte de las empresas responsables. En su caso, previo al accidente llevaban seis años separados, sin embargo, su relación fue fraternal, tal era así que ella no bajo los brazos y estuvo al pie del cañón durante los primeros días del rescate.
Carolina Álvarez, quien también se encuentra desempleada, narra que, tras el derrumbe, cada sábado se daba cita al despacho de abogados en Sabinas para cobrar los 4.000 pesos. Lamentablemente en octubre de 2022, se les notificó que el abogado a cargo de ejecutar los montos declaró que dejarían de recibir cualquier pago por parte de la empresa, alegando que él “nada más recibió órdenes de sus jefes”.
Las viudas y huéfanos que dejó la catástrofe de “El Pinabete” son conscientes de que queda un largo camino por delante para lograr justicia y que es muy lamentable que ni siquiera han podido enterrar los cuerpos de los 10 hombres. A esto se suma el calvario que significa conseguir la pensión que por ley les corresponde, solo piedras en el camino.
Además de luchar contra la impunidad y por justicia por sus esposos y familias, las viudas de “El Pinabete” tienen que enfrentarse por su condición de género y de clase, a la brecha salarial que hay en Coahuila entre hombres y mujeres, es grande, los trabajadores hombres de Coahuila perciben un salario promedio 22.96 por ciento mayor que el de las mujeres, así es como Coahuila es el tercer estado con la mayor brecha salarial de género en el país.
Basta con observar que en la región carbonífera la división del trabajo en cuestión de género, separa a los hombres directo en los pozos, minas y cuevas; mientras que las mujeres son relegadas, por un lado, al trabajo en maquilas, que, si bien son más seguras que las minas, son por mucho peor pagadas. El rol de la mujer queda limitado al cuidado de los hijos y la casa sin un sueldo a cambio.
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Romper con la tregua, ¡basta de tantas muertes!
En toda esta tragedia para las familias de “El Pinabete” y todo el gremio minero, surgen preguntas como ¿Por qué el líder del Sindicato Minero no intervino activamente a favor de los mineros atrapados y ahora, en la lucha de sus viudas? ¿Cuántas tragedias más se necesitan en las minas, para que la dirección del Sindicato Minero convoque a un Paro Nacional de todo el gremio, exigiendo condiciones de trabajo, seguridad e higiene dignas?.
Lo acontecido en “El Pinabete” es un hecho más en los casos de negligencia, desinterés y nula solidaridad por parte del Sindicato Minero hacia trabajadores mineros; esa misma la han reproducido con las huelgas de más de 15 años en Cananea, Taxco y Sombrerete, así como con las familias de los mineros de Pasta de Conchos y otras que no han cobrado relevancia en los medios de comunicación oficiales.
Tanto en el apoyo recibido durante los gobiernos anteriores y la continuidad de megaproyectos con la 4T y Morena, además del favoritismo a los caciques de la minería, es claro que la representación sindical y los intereses de trabajadores mineros quedan en segundo término en el liderazgo de Gómez Urrutia, ya que permite la extracción de recursos naturales y humanos con la misma voracidad, precariedad e impunidad de siempre, de la mano de los mismos caciques que denuncia.
Lograr frenar las muertes mineras, brindar de seguridad laboral a los obreros en la minería y conseguir salarios dignos, no se conseguirá sin una organización democrática que construya una gran ola de movilizaciones en las calles, no solo de los trabajadores mineros, sino también de sus familias y comunidades y movimiento de mujeres, luchando de forma conjunta con toda la clase trabajadora lograr imponer a los gobiernos, burócratas sindicales y patrones, las condiciones seguras de trabajo en las minas que garanticen su integridad física y sus vidas, así como justicia para los asesinados por la avaricia y negligencia empresarial.
Cada vez se vuelve más urgente que mineros del sindicato minero dirigido por el senador de Morena, Gómez Urrutia, exijan a éste que rompa con la tregua a la 4T y llame a las secciones de todo el país y demás sindicatos, a la más amplia unidad y movilización para conseguir justicia para todos los mineros muertos por la desidia patronal y estatal en las últimas décadas. Al mismo tiempo que forjan una organización democrática y desde las bases para conquistar el desarrollo racional de la minería, reduciendo al mínimo el impacto ambiental para satisfacer las necesidades sociales, junto a todas las demandas de la base trabajadora minera, porque nuestras vidas, valen más que sus ganancias.