CÓRDOBA/CORONAVIRUS. Precarización laboral y pandemia: 770 mil cordobeses y cordobesas entre los sectores más afectados

En una reciente nota publicada en el Comercio y Justicia, donde se toman datos del Diagnóstico de la Situación Laboral de la provincia de Córdoba (que está actualizado a enero de 2020) y que fuera publicado por el Ministerio de Trabajo de la Nación, se señala que alrededor de 770 mil trabajadores y trabajadores quedan en riesgo de ver disminuidos, afectados, o de no percibir ningún ingreso a causa de las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno frente al avance de la pandemia provocada por el coronavirus.

Según los números, 361 mil son cuentapropistas, la mayoría informales, y 400 mil asalariados “en negro".

La precarización laboral heredada del 2001, mantenida por el kirchnerismo y profundizada por Cambiemos se transforma en estos momentos en un cóctel social explosivo ante la crisis acelerada por la emergencia sanitaria.

Volviendo a los números, de los asalariados en negro, 340 mil pertenecen al sector privado y 12 mil estatales entre municipales, provinciales y nacionales. El Estado, en vez de combatir el trabajo informal como suele pregonar a través de campañas publicitarias, muy por el contrario, es uno de los mayores precarizadores de la provincia.

Otro sector, ya de por sí vulnerable, es el del trabajo doméstico, según el informe hay 114 mil trabajadoras y trabajadores de casas particulares, de los cuales 69 mil se encuentran en la informalidad. Este grupo, donde se ven afectadas sobre todo mujeres (muchas de ellas sostenes de hogar), corre el riesgo, no solo de ver afectados sus ingresos, si no además de perder sus fuentes de trabajo, aún si la crisis fuera superada en un tiempo no muy prolongado.

En lo que respecta a las y los cuentapropistas, hay 361 mil en la provincia y son también un sector muy sensible a la crisis. Sobre todo porque el número se incrementó durante el macrismo debido a la gran cantidad de despidos donde muchos trabajadores y trabajadoras se hicieron monotributistas para poder brindar distintos servicios.

En esta área hay 102 mil en situación de formalidad, monotributistas y autónomos, y 259 mil en negro. Dentro de estos últimos, todos los casos corresponden a empleos no registrados, y se dividen así: 135 mil son no profesionales con capital, otros 80 mil no profesionales sin capital y otros 44 mil son profesionales y técnicos.

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Hay que tener en cuenta que muchos de estos monotributos pertenecen al sector de contratados de la salud y de la educación. Sectores que al ser considerados servicios esenciales están obligados a arriesgar sus vidas para atender a las y los infectados, o para dar de comer al alumnado en los comedores escolares.

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Las y los cientos de jóvenes que trabajan en las aplicaciones de delivery y que cada día recorren en bicicleta y motos las calles de la ciudad, son otro grupo que verá resentidos sus ingresos por la recesión. Pero no solo se verán afectados en sus bolsillos, al fenómeno ya creciente de que cada vez más debían llevar a sus hijos e hijas a los repartos, con el peligro que esto ya de por sí significa, se le suma el cierre de las escuelas, por lo que seguramente esta práctica irá en ascenso, con el riesgo de ampliar el contagio.

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Por último, hay 4 mil trabajadores familiares sin remuneración y 9 mil beneficiarios de planes que perciben una remuneración por esa tarea.

Medidas insuficientes al servicio de la ganancia capitalista

Frente a este panorama las medidas tomadas por los diferentes Estados aparecen como insuficientes. El ejecutivo provincial aumentó la partida para enfrentar la pandemia de 500 a 1200 millones de pesos, pero, para darnos una idea de la situación, esto es solo lo que pagará en intereses la deuda provincial durante el corriente año.

La decisión del cierre de las escuelas hasta el 31 de marzo, el cierre del poder judicial, el asueto en el sector público y la protección de la población de más riesgo son medidas necesarias, pero insuficientes si el Estado no pone los medios de producción del país, que están al servicio de las ganancias de unos pocos capitalistas, en manos de las y los trabajadores para que los pongan al servicio de las necesidades de la población.

No es algo irrealizable, ni una utopía, ya lo han hecho gobiernos y propietarios cuando en el horizonte veían la promesa de futuros y suculentos negocios. Así sucedió, por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, donde la maquinaria industrial imperialista se puso al servicio de la fabricación militar. ¿Por qué no se puede entonces ponerla a funcionar ahora al servicio de la salud y la vida del pueblo trabajador?

Si ya pusieron el grito en el cielo cuando Nicolás Del Caño propuso algo tan mínimo como que el estado repartiera alcohol en gel, barbijos y guantes de manera gratuita para todas y todos. ¿Cómo reaccionarían si, ante la agudización de la situación (que parece ser un horizonte posible), se tuvieran que tocar las ganancias de aquellos que siempre se la llevaron en pala?

¿Acaso las ganancias de la patronal de Porta, la mayor fabricante de alcohol de la provincia, vale más que la vida de cientos de miles de cordobeses y cordobesas? Pues para los gobiernos, nacional y provincial, pareciera que sí.

¿No sería necesario poner el parasitario servicio de salud privada a disposición de la salud pública? Por ahora ni siquiera se les cruza por la cabeza hacer declaraciones demagógicas como las de Macron en Francia.

Regresando al estado de precariedad en la que se encuentran alrededor de 770 mil trabajadoras y trabajadores, a pesar de las promesas del domingo por la noche por parte de Alberto Fernández, ningún anuncio contundente hace pensar algo que en lo inmediato se preocupe de la salud de aquellos y aquellas que se encuentran en una mayor vulnerabilidad. Por lo pronto, sus magros ingresos ya se están viendo afectados por las medidas restrictivas anunciadas hasta ahora. La mayoría de estos vive del día a día, para poder sobrevivir, para poder alimentarse y alimentar a sus familias. Es urgente exigir que se pongan los recursos del Estado para garantizar los ingresos y la salud de aquellos y aquellas que no poseen un trabajo en blanco.

¿Y las dirigencias sindicales? Bien gracias. Después de la vergonzosa declaración de Héctor Daer acerca de que “Si no fuera por el coronavirus, estaríamos haciendo medidas de fuerza”, para la centrales pareciera ser que hasta en situaciones de emergencia sanitaria para ellos siguen existiendo laburantes de primera y laburantes de segunda.

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Muchos líderes internacionales, como Angela Merkel y Boris Johnson, ya han comenzado a realizar declaraciones en torno a que el 70 por ciento de la población de Alemania se va a infectar con el virus o que muchos británicos van a perder a sus familiares antes de tiempo. Es un discurso que, muñido de una supuesta cruda mirada de la realidad que debe ser festejada por su sinceridad, en el fondo oculta que ninguno de los gobiernos a nivel mundial están dispuestos a tocar las ganancias de los grandes capitalistas, ni los jugosos negocios que ya se están pergeñando alrededor de la crisis en curso.

Una muestra de esto es lo que surgió a la luz en las últimas horas acerca de que Donald Trump habría estado tentando al laboratorio alemán CureVac para que la vacuna que está desarrollando contra el COVID-19 sea de uso exclusivo para EEUU. Si bien luego el laboratorio lo desmintió, en las redes y en los noticieros se hizo notar una gran indignación hacia el mandatario estadounidense; sin embargo, no hubo repudio alguno para el laboratorio, que era la otra parte en la negociación. La respuesta está en que en la lógica que se nos ha vendido desde siempre, es que una empresa busca ganancias, utilidades, que esto es entendible y que "está bien". Pues es momento de cambiar y dar vuelta esta lógica que se ha naturalizado desde la ideología dominante.

Frente a este panorama la izquierda a propuesto por este medio y en la voz de sus referentes, Nicolás Del Caño y Myriam Bregman, 8 medidas de emergencia para evitar la expansión del coronavirus. Entre ella algunas tan elementales como el no pago de la fraudulenta deuda externa e interna y la destinación de todos esos recursos a enfrentar la pandemia. La distribución gratuita de tests para la detección temprana, para así aislar los casos y prevenir el contagio. La provisión masiva de equipos de asistencia respiratoria, para que no suceda como en Italia, donde las y los trabajadores de la salud tiene que elegir entre quién vive y quién muere. La prohibición de despidos, entre otras.

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En el ámbito de la ciudad de Córdoba, la concejala por el PTS-FIT, Laura Vilches, anunció que también presentará un proyecto con medidas para enfrentar la presente emergencia.

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El pueblo trabajador debe tomar este programa en sus manos, para que el futuro de su salud no quede en mano de quienes piensan nada más que en cómo sacar mayor provecho de la emergencia sanitaria que se vive a nivel global. A pesar del distanciamiento social, debemos organizarnos, como ya lo vienen realizando en diferentes hospitales de las zonas más afectadas de Europa las y los trabajadores de la salud. Sabemos que las medidas que tomen los diferentes gobiernos tienen como coto o frontera, el tocar las ganancias y la propiedad de los grandes capitalistas. No debemos permitirlo.

Marx pensaba que en las crisis es donde se expresa la tendencia del capitalismo a transformar periódicamente las fuerzas productivas en fuerzas destructivas. Solo es posible una salida favorable de ésta, si las trabajadoras y los trabajadores toman en sus manos la gestión de la economía y del Estado, por ello es imprescindible la socialización de los grandes medios de producción y su posterior puesta en funcionamiento planificada sobre la base de objetivos prioritarios fijados democráticamente y no bajo la lógica irracional del capitalismo salvaje.