La inestabilidad laboral en la docencia no es nueva pero se ha visto agudizada con la crisis actual por el coronavirus. Docentes que venían trabajando y este permanecen sin designar no pueden acceder siquiera al insuficiente Ingreso Familiar de Emergencia. Mientras, docentes recibidos hace años no pueden trabajar.
Daniela Planes Docente y referente del PTS Frente de Izquierda Salta | @DaniPlanesS
Domingo 7 de junio de 2020 18:54
Desde que comenzó la pandemia con la cuarentena obligatoria se agudizó la crisis económica y social para todas las y los trabajadores y sus familias. Como no podía ser de otra manera, esto repercute en la vida de estudiantes de la escuela pública, y en las y los docentes suplentes que aún no han sido nombrados en las designaciones.
“Este año no tuve la suerte de que me salga”
Como la mayoría que recién se inicia en la docencia, en un gremio mayoritariamente de mujeres, se debe esperar entre 1 y 3 años para acceder a un cargo. Y mucho peor es la situación de las profesoras de nivel secundario, en particular de carreras como Ciencia Política, Historia o Educación Física. Las suplencias pueden durar algunos meses y si llegan al año, de todas formas, al finalizar el ciclo lectivo quedan nuevamente sin trabajo.
Con la cuarentena, las designaciones se dieron de una forma irregular. Al mismo tiempo, son miles en todo el país que no solo no accedieron a un cargo, en un contexto agravado por la disminución del pedido de licencias, si no que no pudieron inscribirse para cobrar el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) por aparecer en el ANSES como activos.
Docente de arte, mamá de una niña de un año y 3 meses, una profesora de teatro contó que no pudo acceder a cargos en las designaciones de este año. “Estoy pensando si puedo generar algo como teatro para niños” porque si bien “ahora tengo el respaldo de mi familia y ahorros, se gasta mucho en pañales“.
Como la de muchos, la historia de María José es la de miles de docentes. Desde que se recibió en 2016, “fui trabajando en distintos lugares, en el INTI (colegio privado NdR) en el área de arte, en el 2018 me fui a Iruya a trabajar en un terciario y el año pasado estuve en un CPI (Centro de primera infancia), y tenía 18 horas en primaria. Este año no tuve la suerte de que me salga”.
Carlos es profesor de historia recibido en el 2015 y hasta el momento no logró “entrar a trabajar. Es bastante difícil para el docente que recién inicia acceder, así te obligan por puntaje a hacer cursos que son pagos. Varios de mis compañeros con los que nos recibimos juntos la mayoría no está trabajando o tiene unas horitas. En esta situación de cuarentena se hace difícil, además de la incertidumbre porque no puedo conseguir trabajo”.
La bronca crece
Marzo comenzó agitado, con un paro de dos semanas que puso en el centro la situación salarial de la docencia pero también las condiciones de trabajo, y una demanda sentida como las titularizaciones en tiempo y forma. El lunes 17 de marzo miles quedaron afuera de las designaciones ya que, aunque no se había establecido la cuarentena aún ni a nivel provincial ni nacional y faltarían unos días para eso, las escuelas se cerraron de forma preventiva. Y con ello las designaciones.
La bronca de las y los trabajadores de la educación no se hizo esperar. Muchas y muchos se organizaron a través de grupos de whats app y este fenómeno se extendió a cada rincón del país. La exigencia era la misma: que se continúe con las designaciones; para dar respuesta no solo a la docencia si no a la situación de niños, niñas y jóvenes que están sin docentes.
Frente a esto, a nivel local, pobre fue el accionar de sindicatos como ADP-CTERA, ATE o AMET. Al mismo tiempo, delegados autoconvocados se limitaron a pedidos virtuales y campañas de fotos, negándose a realizar asambleas virtuales y coordinar a nivel nacional con sindicatos opositores a la burocracia sindical como el SUTE de Mendoza o docentes de todo el país que empezaron a autoconvocarse y salir a las calles por sus reclamos, con todos los recaudos sociosanitarios.
Medidas urgentes en educación
En tiempos de pandemia se hicieron más claras las desigualdades frente a la educación virtual, tanto en estudiantes como en docentes que tienen limitado acceso a la conectividad o directamente no lo tienen. La situación de crisis que atravesamos en el país y el mundo por el coronavirus exige medidas urgentes, que implica que los gobiernos como el de Gustavo Sáenz o el de Alberto Fernández destinen mayor presupuesto a la educación también.
¿La infraestructura de las escuelas está preparada para el hipotético regreso a clases con aulas superpobladas y techos que se caen? ¿Una docente con más de 25 estudiantes puede hacer realmente un seguimiento virtual como exigen y presionan desde los ministerios nacional y provincial?
Se necesitan más cargos y horas cátedras que permitirían un mejor trabajo en tiempos de pandemia y cuando se decida volver a clases presenciales. No puede haber docentes sin trabajo ni estudiantes sin docentes. En este sentido, desde el Frente de Izquierda Romina Del Plá y Nicolás del Caño presentaron en el Congreso Nacional un proyecto que establece un salario de 30 mil pesos todas las y los docentes del país que se hayan inscripto en sus provincias, que aparezcan en los listados y que no hayan accedido a cargos, para garantizar la subsistencia mientras se regularizan los mecanismos de nombramiento.
En el mismo sentido, desde la fuerza de izquierda impulsan un proyecto de ley, el único presentado actualmente frente a los amagues del oficialismo a nivel nacional, que consiste en impuestos extraordinarios a los grandes patrimonios, los bancos como el Macro, las altas rentas, la gran propiedad agraria y las viviendas ociosas de mayor valor. La medida aplicada a unas 15.000 personas, permitiría obtener fondos por más de 15.000 millones de dólares adicionables al presupuesto destinado a enfrentar la pandemia en curso. Para dar respuesta inmediata a las necesidades sanitarias y sociales, como lo es un IFE para todos no de $10 mil como destina el gobierno nacional sino de $30 mil para todos los trabajadores que no tengan ingresos, incluyendo a docentes sin designar. Además de insumos sanitarios y la construcción de viviendas populares.
