El Gobierno otorgó nuevos beneficios a las empresas. Estableció un nuevo subsidio para productoras de gas y también pagará los salarios de las firmas que reestructuren su deuda. En Guernica las familias son amedrentadas para que abandonen el lugar sin una salida concreta. Un trato preferencial para una minoría acomodada y no hay respuesta a las necesidades populares.
Mónica Arancibia @monidi12
Jueves 15 de octubre de 2020 22:11
El Gobierno concedió nuevos beneficios a las grandes empresas. Las firmas que deban reestructurar sus deudas podrán acceder a una ayuda estatal que pague el 50 % de la masa salarial bruta y en algunos casos podría alcanzar hasta el 75 %. La ayuda será por cuatro meses, y se podría extender por dos meses más.
A las pocas horas de conocida esta noticia, Alberto Fernández desde Vaca Muerta anunció un nuevo estímulo para las empresas productoras de gas.
Con el “Plan de Promoción de la Producción de Gas Natural Argentino 2020/2023”, se establecería un precio estímulo de hasta U$S 3,70 para el millón de BTU.
Esto ocurre mientras la crisis empeora las condiciones de vida de los trabajadores y los sectores populares. Las consecuencias inmediatas recayeron sobre los trabajadores informales, los que vivían de changas. Se perdieron alrededor de cuatro millones de empleos en el segundo trimestre del año y la pobreza alcanza a 18 millones de personas. En tanto, el Ingreso Familiar de Emergencia 4 aún no está confirmado y se eliminará el año próximo.
Muchas familias ya no pudieron pagar el alquiler y se quedaron en la calle con sus niños y niñas. Es lo que cuentan muchos de los que ahora están en la toma de Guernica y exigen su derecho a la vivienda.
El Gobierno de Kicillof no ofrece una salida concreta a este problema, solo promesas de entregar materiales para construir algo si tienen algún familiar con vivienda o en algunos meses quizás entregarán un terreno en otro lugar. No hay nada por escrito que lo garantice. Puro humo.
En Guernica no llevaron adelante la orden de desalojo, pero sí lo hicieron en la localidad de Los Hornos, donde la Bonaerense que responde a Sergio Berni y Kicillof entró a los tiros y con topadoras para desalojar a las familias. Lo mismo ocurrió en un predio en Rafael Castillo. La Policía quemó hasta la comida de los chicos. Ahora se entiende por qué otorgaron una generosa paritaria a la Bonaerense mientras hay salarios de hambre para trabajadores de la salud, estatales y docentes.
Los grandes empresarios exigen más
Los grandes empresarios desde el Coloquio de Idea presionaron al Gobierno para que conceda más beneficios. Fernández hizo promesas a los dueños del país.
Según la Encuesta de Expectativas de Ejecutivos de IDEA realizada por parte de D’Alessio IROL, casi el 70 % de los empresarios estima que el próximo semestre será peor que el anterior. El primer y segundo lugar, entre las “preocupaciones” y demanda de los empresarios, se ubicó la necesidad de una reforma tributaria y laboral, respectivamente.
Según las patronales no hay un plan claro. Hay mucha “carga tributaria y laboral”, y “necesitás exportar y no sos competitivo" fueron algunas de las declaraciones empresariales. ¿Cuáles son sus exigencias? Una devaluación, reforma laboral y tributaria. Esto significa abaratar aún más los salarios en dólares, y flexibilizar las condiciones laborales, además de pagar menos impuesto. Es decir, un mazazo contra la clase trabajadora.
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A pesar del lamento patronal, hubo varias medidas a su favor. A continuación se nombran las más destacadas (la lista completa es más larga):
Bajen las armas, se necesitan viviendas
El Estado debería garantizar el derecho a la vivienda, así lo establece la Constitución. Sin embargo, pasaron los gobiernos y la prioridad no fue garantizar un techo.
Según el Censo Nacional de 2010, el déficit habitacional llegó a 3,5 millones de viviendas. En los primeros meses de 2019, el 34 % de las viviendas del país eran inadecuadas por carencia de conexión a infraestructura pública o por las características de la construcción, según datos del Indec. La situación es más crítica en la Provincia de Buenos Aires, donde el 46 % de las viviendas son inadecuadas.
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Ante esta situación, el Presupuesto 2021 (proyecto diseñado a gusto del FMI) destinará a viviendas sociales $ 14.800 millones, que “trabajará en la construcción de 43.457 viviendas, de las cuales 12.150 estarán finalizadas en 2021”. Una cantidad insuficiente ante el déficit habitacional. La cifra destinada a viviendas sociales representa nueve veces menos que lo que irá al pago de intereses del FMI. Esta es la prioridad oficial: la deuda ilegal y fraudulenta.
La crisis habitacional no se resuelve con represión. No habrá una respuesta integral al déficit habitacional sin rechazar el acuerdo con el FMI y el pago de la deuda, nacionalizar la banca para que esté al servicio del pueblo trabajador, y el comercio exterior para que no decidan unos pocos lo que entra y salga del país, entre otras medidas. Es hora de afectar los intereses de los miserables.
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Mónica Arancibia
Nacida en Bs. As. en 1984. Es economista. Miembro del Partido de los Trabajadores Socialistas. Coedita la sección de Economía de La Izquierda Diario.
