En un exclusivo desayuno en la lujosa Casa Piedra, convocado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE) para el foro "¿Cómo viene el 2015?", se encontró parte de lo más granado del empresariado con el Gobierno. Expresaron sus mutuas preocupaciones, pero juntos, decidieron apoyarse. Es la alimentación decente de la casta, ahora agobiada por los escándalos.
Miércoles 18 de marzo de 2015
La preocupación de los empresarios
El presidente de la poderosa empresa energética Colbún, Bernardo Larraín Matte, habló sin subterfugios. Primero, señaló la crisis de confianza y de legitimidad de las instituciones, destacando en especial la de las empresas. Afirmó que “el 80% y 85% de la ciudadanía no confía”.
Después remarcó que los escándalos de los últimos meses, no son casos puntuales. Por último, criticó el “ambiente acusatorio”. Advirtió contra mayores regulaciones, recurriendo a la manida y fracasada política de “autorregulación preventiva y oportuna”, apelando finalmente a la necesidad de nuevos liderazgos constructivos de políticos, empresarios, académicos.
La coincidencia del Gobierno
El Ministro del Interior Peñailillo, afirmó igualmente su preocupación por los escándalos presentes de la relación política- empresas. Ante esto, llamó a trabajar para recuperar las confianzas, cambiando las prácticas cuestionadas. Además de resaltar los logros, y repetir la agenda de reformas por todos conocidas, pidió un respaldo al Consejo Asesor Presidencial para poder tomar las medidas que pongan fin y sancionen la corrupción y el tráfico de influencias. No solo pedirían, también ofrecerían.
La ayuda mutua
Además de pedir la ayuda de los empresarios en las tareas del Consejo Asesor Presidencial, aseguraron la ayuda del Gobierno a algunas preocupaciones empresariales.
Esto estuvo a cargo del ministro de hacienda, Alberto Arenas. Después de reafirmar sus proyecciones económicas optimistas, fue al punto que le interesaba a todos: Gobierno y empresarios.
Se refirió al caso Caimanes, y la mina Los Pelambres del grupo Luksic, con la decisión del juez de Los Vilos de obligar a la demolición del muro de contención del tranque de relave El Mauro de la minera. La decisión judicial fue apelada por la empresa, advirtiendo que de obligarlos se pone en peligro la viabilidad de la mina, la que representa más de la mitad de la producción del holding minero y el 7% de la producción nacional.
El Ministro Arenas fue directo: "En algunos casos las comunidades han expresado su rechazo a determinados proyectos. Hoy en día existe mayor conciencia respecto de los impactos ambientales de los mismos, y tenemos una ciudadanía más empoderada. Hay que hacerse cargo de esta realidad". Y pronunció la frase mágica: “esto no se puede traducir en parálisis. Como Gobierno debemos buscar los espacios para facilitar acuerdos que permitan que puedan llevarse a cabo los proyectos de inversión beneficiosos para el país y que cumplen la normativa legal".
Esto va más allá del caso. El segundo gobierno de Bachelet quiere mantener la alianza estratégica con el empresariado. Arenas manifestó esta intención insistiendo con que "la alianza público-privada en este caso también nos debe servir para que exista certeza jurídica en Chile para que las inversiones puedan llevarse a cabo en el país”.
En estos desayunos de los empresarios con el Gobierno, y muchas veces personeros de oficialismo y oposición, se forma y se amanece la Penta casta, que ahora anochece con escándalos.
