Los recursos disponibles en el sector público que detalla el informe del Siprosa serían completamente insuficientes si se confirmaran las proyecciones de contagio y requerimientos de internación realizadas por Juan Manzur.
Miércoles 15 de abril de 2020 12:44
Los datos surgen del "Plan de Contigencia Covid-19" del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) publicado por La Gaceta, y asegura que el sistema público cuenta con 299 médicos y 1250 enfermeros con especialización crítica, 300 camas en las unidades de cuidados intensivos y unas 1100 camas para atender casos de síntomas leves y asistencia con oxígeno.
Esta información no deja de ser preocupante si comparamos la capacidad de atención con los pronósticos del propio gobernador de la provincia, Juan Manzur, quien hace unos días estimó unos 350.000 contagios de los cuales entre 10 y 15 mil personas podrían requerir internación.
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Aunque por ahora la cuarentena ha permitido evitar el colapso del sistema sanitario, no se registra una verdadera ampliación de la infraestructura sanitaria: tal como denuncian los trabajadores de la salud, ni siquiera hay barbijos en los hospitales.
La cantidad de testeos por cada millón de habitantes en el país está entre las más bajas a nivel internacional, por lo tanto, tampoco se sabe con certeza la cantidad de contagios. Tucumán recibió apenas 1000 reactivos para realizar muestras, cuando el universo de casos sospechosos la primer semana de cuarentena -y antes de constatar circulación comunitaria- rondaba las 6000 personas, según la ministra Rossana Chahla.
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Mientras se agravan las consecuencias económicas y sociales de la cuarentena, con despidos, suspensiones, rebajas salariales y millones de personas arrojadas a la pobreza extrema, la flexibilización del aislamiento que exigen los empresarios amenaza con un brusco rebrote de los casos de contagio, tal como advierte la OMS.
La dicotomía entre "salud o economía" ya se demuestra falsa para las enormes porciones de la población que se quedaron sin ingresos de un día para el otro y se ven empujadas a romper la cuarentena por las condiciones socio-sanitarias existentes en los barrios más pobres; también resulta una falacia para los trabajadores que están siendo despedidos, suspendidos o a quienes se les recorta el salario.
Desde el PTS en el Frente de Izquierda se plantea un plan de emergencia para la autodefensa de los trabajadores que vienen peleándola en los dos frentes, la crisis sanitaria y la crisis económica, y que incluye entre otros puntos el aumento inmediato del presupuesto en salud en base al no pago de la deuda externa, la centralización de todo el sistema público y privado de salud, un impuesto a las grandes fortunas del país y un salario de cuarentena de 30.000 pesos para todos los trabajadores en negro, desocupados y autónomos, entre otras medidas.
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