Presentación del colectivo “Docents pel dret l’habitatge digne” en Salt

Manifiesto del Colectivo Docents pel dret a l’habitatge digne»:

"El día 9 de septiembre se inició un nuevo curso en las escuelas e institutos de Cataluña. Un nuevo curso que arrancaba con las mismas injusticias que llevamos arrastrando desde hace años: segregación escolar, racismo y, el tema que nos reúne hoy, exclusión del derecho a la vivienda.

Como profesionales que trabajamos en primera línea con niños y jóvenes, vemos cada día cómo las vulneraciones que explicaremos afectan directamente a su bienestar personal ya su desarrollo educativo. Sin garantizar unos derechos mínimos, nuestra labor pedagógica pierde sentido, es casi imposible.

Es evidente que el derecho a recibir una educación de calidad no puede desligarse ni de la situación social ni de la situación vital del alumnado. Así pues, ¿cómo se puede desarrollar una secuencia de aprendizaje con normalidad cuando un/a alumno/a nos llega tarde al centro puesto que ha sido desahuciado durante la madrugada anterior? ¿En qué estado emocional se encuentra ese niño? ¿Cómo pretender fomentar hábitos de estudio si no se dispone de un hogar donde tener un espacio? ¿Cómo nos atrevemos a hablar de vectores como la ciudadanía democrática o el bienestar emocional, cuando gran parte de nuestro alumnado ni siquiera tiene garantizado el derecho a la vivienda?

No podemos estar al servicio de los niños y jóvenes y sus familias y hacer ver que esto no está ocurriendo. Por eso hemos decidido pasar a la acción y crear el grupo que os presentamos hoy: “Basta de desahucios: docentes por el derecho a la vivienda digna”.

No queremos alargarnos al hacer una descripción exhaustiva de Salt, ya que se ha analizado repetidamente el hecho de que es el municipio medio más pobre de Cataluña o el que presenta el porcentaje más elevado de centros públicos de máxima complejidad, es decir: todos . Sin embargo, debemos recordar unos datos para entender la dimensión del problema del que estamos hablando:

· Un 63% de las familias no puede acceder a un alquiler medio (700€).

· La oferta disponible en el mercado es casi inexistente a consecuencia de una baja producción de obra nueva y, sobre todo, una falta de alquiler, existen pocas viviendas y muy caras (con fecha de 30 de septiembre de 2024 en Salt hay 3 pisos de alquiler disponibles en los portales inmobiliarios, ninguno de menos de 850€).

· 1.800 de las viviendas del parque de Salt son de fondo buitre.

· Hay alrededor de 1000 familias inscritas solicitantes de vivienda de protección oficial.

· En 2018 se calculan 480 viviendas ocupadas de grandes tenedores (fondo buitre, sociedades, etc.) mayoritariamente por familias con menores.

· Muchas familias viven sin suministros básicos, con especial afectación de carencia de agua.

· El parque público de vivienda de alquiler en Salt (poco más de 300) ya está lleno.

Lo que queremos subrayar hoy es que mientras los fondos buitre siguen especulando con sus pisos, en Salt se multiplican las familias desahuciadas. Sin ir más lejos, hemos arrancado el curso con, al menos, 10 alumnos de nuestros centros durmiendo en Medinyà, un desplazamiento forzado por el hecho de que los hoteles de Salt ya están llenos de familias vulnerables.

Nos preguntamos, sencillamente, hasta cuándo prevalecerá el derecho a la propiedad privada sobre los derechos de la infancia y de la adolescencia.

Recordemos que la suma perversa de la ley de extranjería y los problemas de acceso a la vivienda multiplican día tras día a los niños en situación de calle, es decir, sin acceso a una vivienda segura o a recursos básicos como el agua y la luz.

Está clara la vulneración de derechos humanos básicos en Salt, y de momento, quedamos sin respuesta estructurada por parte de las administraciones de todos los niveles. La lista de casos es larga:

· Familias enteras viviendo en una habitación, lo que no permite espacios adecuados para hábitos como el estudio y que dificulta la convivencia.

· Niños compartiendo domicilio con otros adultos que no son los progenitores, con riesgo de abusos que esto supone.

· Hogares sin agua corriente, situación que dificulta la higiene personal y del hogar y obliga a salidas nocturnas de los progenitores a la fuente de la calle, con riesgo de encontrarla cerrada.

· Padres y madres con salud emocional y mental frágil o deteriorada debido a la angustia del riesgo de perder la vivienda.

· Niños, niñas y jóvenes con estrés emocional por exposición a la violencia de un desahucio, a menudo con despliegues desproporcionados de antidisturbios.

· Niños y adolescentes alojados en hoteles (algunos fuera del municipio de Salt), carentes del referente básico del hogar, sin derecho a cocina y con horarios incompatibles con los de las escuelas e institutos.

· Resumiendo: un gran número de niños y jóvenes con afectaciones en la salud mental y emocional.

Por todo ello, nos dirigimos a todas las administraciones catalanas, desde el Ayuntamiento de nuestro pueblo hasta la Generalitat de Catalunya, para pedir que actúen con urgencia frente a un panorama catastrófico y con consecuencias todavía no calculadas. No dudamos de que las soluciones y, por tanto, las responsabilidades dependen de ellas. Pedimos encontrar mecanismos para:

· Aplicar los protocolos y leyes de protección integral de la infancia y primar el interés superior del menor en todo lo que afecte a derechos fundamentales, especialmente en la lucha por el derecho a la vivienda.

· Asegurar agua corriente con contadores sociales en todas las viviendas independientemente de si existe título habilitante y sin necesidad de informe médico, apelando a un derecho humano básico y al derecho de los menores.

· Detener la presencia de cuerpos policiales antidisturbios en los desahucios con menores o gente vulnerabilizada.

· Trabajar desde todas las instituciones para el acceso y mantenimiento a la vivienda digna y asequible.
Ampliar el parque público en la media europea (15%) mientras que en Cataluña es el 2%.

· Luchar activamente contra el racismo inmobiliario.

· Luchar activamente contra la segregación residencial y escolar, que impiden un seguimiento esmerado de los casos que necesitan una atención específica.

· Consolidar estructuralmente las figuras de educadoras sociales e integradoras sociales que dependen ahora de un fondo europeo y aumentarlas para que sigan velando por el bienestar en la escuela de los alumnos vulnerados en estas situaciones.

Con todo lo expuesto hemos querido hacer mención de muchas de las violencias que atentan contra el bienestar de nuestro alumnado.

Como trabajadoras públicas exigimos que se desplieguen todas las herramientas administrativas no para atacar a las familias forzadas a malvivir, sino para resolver sus situaciones.

No creemos que las administraciones no puedan hacer nada más allá de acatar con fatalismo la situación permitiendo que niños y adolescentes queden sin techo. Es necesario garantizar unos mínimos de bienestar a los más jóvenes para poder construir los pilares educativos fundamentales que pretendemos y que nos corresponde como sociedad.

Por eso estamos decididas a actuar cada vez que nos encontramos ante estas vulneraciones de derechos.

Ahora y siempre, del lado de los niños y jóvenes y en lucha por garantizar, para ellos y para todos, una vida mejor.

Salt, 18 de noviembre de 2024"