OPINIÓN. Presidenciales 2018: ¿hacia unas elecciones ordenadas?

Al gobierno le preocupa mantener la presidencia porque además de que perdería el control de los grandes negocios de los principales políticos del PRI, saldrían a luz casos de corrupción (algunos ya son conocidos) que perseguirían a muchos los funcionarios salientes.

Por su parte, la oposición espera que las elecciones le sirvan para recomponer su desprestigio -llamando a votar en contra de un adversario que nadie puede defender-. Así, tanto priístas como opositores estarían intentando apuntalar a un régimen que ha sufrido importantes fracturas.

Pero en ninguna cabeza cabe ir a unas elecciones polarizadas en las que, ante una situación muy susceptible de ser incendiaria, el descontento acumulado todos estos años podría actuar como detonador. Por lo que en la acostumbrada “guerra sucia” entre los partidos, todos actúan cuidando los límites que les impone la realidad política.

Quieren aprovechar que los importantes procesos de movilización surgidos desde la mitad de sexenio permitieron al gobierno y los partidos una relativa ventaja para abocarse a la organización de los comicios del 2018. Y evitar que el surgimiento de procesos independientes de las masas expresen por otras vías el repudio a la descomposición política.

Se trata de evitar que en México la crisis política desarrolle fenómenos políticos como en Brasil, Guatemala, Argentina y Honduras, donde las tendencias a crisis orgánicas se expresan de manera latente, amenazando la estabilidad de la clase política de sus países.

Además, el gobierno de Peña Nieto se encuentra entre dos frentes, pues además del recambio de gobierno, tiene encima la presión de Donald Trump que, con su agresiva negociación del TLC con México, hace ver más débil e inestable al gobierno priísta.

Y es que la caída en la popularidad de Peña Nieto y el desprestigio de los principales dirigentes y funcionarios del PRI hace muy difícil que el candidato priísta, José Antonio Meade, remonte de aquí a junio su desventaja en las preferencias ante el Morena y la alianza formada por el PAN y el PRD y el MC. Y que por lo tanto, no sea el factor central de la estabilidad que se requiere para la recomposición del régimen político. A menos que se decida por el fraude a toda costa, arriesgándose a una situación insostenible.

La clase política discute, ignorando las masas

En las acusaciones entre los partidos, los grandes ausentes son las masas trabajadoras.
Cuando panistas, perredistas y morenistas acusan de corrupción a los priístas (tantos exgobernadores presos o en fuga comprueban dichas acusaciones), o cuando los priístas acusan de cualquier cosa a los dirigentes o gobiernos estatales de la oposición, lo hacen para resolver entre ellos sus diferencias.

No está en sus intenciones llamar a los trabajadores a que se movilicen contra los responsables de dichos delitos, ni mucho menos a que ellos decidan el castigo a los que eligieron.

Es una casta parasitaria millonaria que vive de la corrupción que deja el estar al frente de las arcas nacionales, estatales, municipales, o al frente de cargos de autoridades judiciales. Y que sabe que si la población trabajadora toma cartas en el asunto -algo que además el régimen democrático imposibilita-, ésta no haría distinción de partidos.

Para esta casta, lo principal es evitar que se agriete esa cueva de ladrones que es el Congreso, que les hace ganar -en base a los manejos corruptos por votar leyes a favor de los empresarios capitalistas, como la reforma laboral y energética-, sueldos exorbitantes que son una burla para el trabajador común y corriente.

Pero más allá de que todo régimen capitalista resuelve sus diferencias de esta manera, el momento actual que muestra rasgos de gran crisis política, no es el mejor para enfrentar un salto en la inconformidad de las masas trabajadoras; ni tampoco las elecciones garantizan un desvío armonioso del descontento popular a nivel nacional.

Por ello, en el Congreso se aprobó una medida autoritaria preventiva ante una posible situación de crisis que el gobierno no pueda controlar por los medios políticos tradicionales.

La Ley de Seguridad Interior atenta brutalmente -utilizando el Ejército- contra toda movilización o protesta popular que el gobierno considere que “perturbe la paz pública”. Así, esta democracia degradada da un salto importante en su carácter reaccionario, pues otorga poderes a los militares por encima del poder civil. Así es como “los de arriba” quieren garantizar un cambio ordenado.

Cambio “ordenado”, según la clase que lo dice

Sumándose a esa preocupación de la clase política que AMLO dice combatir, él también se propone que estas elecciones lleven a un “cambio ordenado” de gobierno. Ya desde junio del año pasado le propuso a Peña Nieto, que organice una “transición pacífica” de poderes.

Lo que le faltó decir es que, en el marco de un aumento de la pobreza, de la impactante caída del salario real (en medio de una creciente inflación), y de los efectos negativos que tienen la reforma laboral, la energética y la educativa, un “cambio ordenado” significa que no haya protesta social, ni política independiente, por fuera de las propuestas de los partidos del Congreso.

Y es que, con las miles de desapariciones y ejecuciones, con los militares en las calles legitimados para actuar como en tiempos de guerra contra la población, y con el temor justificado a un fraude electoral en el 2018, solamente los dueños del país y los partidos que los representan, pueden aspirar a un cambio ordenado que no altere sus planes económicos, ni interfiera en los asuntos del país.

Pero el horno no está para bollos, y nada garantiza que las elecciones puedan acallar el reclamo popular.

Por eso, las trabajadoras del MTS que luchan por aspirar al derecho a una candidatura anticapitalista en el distrito 32 en la Ciudad de México, quieren llevar la voz de las masas trabajadoras, allí donde se decide todo a espaldas de los explotados y oprimidos.