Cada vez más arrinconado por los sectores destituyentes y por la Fiscalía de la Nación, quienes lo acusan de encabezar una organización criminal, el presidente Pedro Castillo pidió formalmente la intervención de la OEA para promover una salida consensuada con sus enemigos políticos.
Jueves 20 de octubre de 2022
Ante la escalada de denuncias en su contra presentadas por la Fiscal de la Nación y ante el aparente incremento de testimonios de nuevos colaboradores eficaces, los mismos que lo implicarían en manejos turbios de las licitaciones públicas, el presidente peruano Pedro Castillo pidió formalmente el miércoles pasado la intervención de la Organización de Estados Americanos OEA, a fin de que esta institución imperialista busque generar un dialogo con sus detractores políticos, quienes están empeñados en destituir al presidente antes de que concluya su mandato.
Como se sabe, la Organización de los Estados Americanos OEA es una instancia al servicio del imperialismo de los Estados Unidos. Es por ello que recibe la mayoría de su financiamiento de este país imperialista y su cede principal se ubica en dicho país del norte. La OEA, a quien se le conoce también como el “Ministerio de las Colonias de Estados Unidos”, siempre avaló y promovió la política de expolio de los EEUU hacia América latina, por eso que en 1962 expulso a Cuba de su seno, sin embargo, nunca excluyó ni sancionó a ninguna de las dictaduras militares latinoamericanas, ni siquiera después de las denuncias bien documentadas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las atrocidades y las violaciones a los derechos humanos cometidos por varios de estos gobiernos en los años setenta.
Hoy la OEA, presidida por el uruguayo Luis Almagro, mantiene esta posición servil a los intereses norteamericanos, por esa razón, Almagro, quien mantuvo mucha cercanía al gobierno ultra conservador de Donald Trump, avaló, promovió y reconoció en Venezuela el golpismo de derecha de Juan Guiado. Así mismo, no podemos olvidar que el mismo Luis Almagro auspició a los sectores golpistas de derecha bolivianos, por eso, en el año 2020 no dudo en afirmar que “Hubo un golpe de estado en Bolivia, ocurrido el día 20 de octubre, cuando se realizó el fraude electoral que tenía como resultado electoral el triunfo del ex presidente Evo Morales en primera vuelta”. Estas declaraciones del secretario general de la OEA terminaron por envalentonar a la derecha golpista, lo cual derivó en la asunción de la conservadora Jeanine Añez.
Es a esta OEA pro imperialista a la cual acude hoy el presidente Castillo. Por eso, el miércoles 19 de octubre en horas de la noche, en un mensaje a la nación, el mandatario anunció formalmente que desde su gobierno están pidiendo la intervención de la OEA (apelando a los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática) para que los ayude a retomar el dialogo con los sectores de la derecha y la ultra derecha parlamentaria que buscan destituir al presidente desde que este inició su mandato.
En ese entender, Castillo dijo en su mensaje a la nación que: "Mi gobierno ha pedido la activación de la Carta Democrática Interamericana para iniciar un proceso de consultas con todas las fuerzas políticas, poderes del Estado y las Fuerzas Sociales". En ese marco, el secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, solicitó convocar una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para analizar el pedido del gobierno peruano de aplicar los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana. Dicha sesión extraordinaria se llevará a cabo este jueves 20 de octubre.
Como se recuerda, hace unos días atrás la Fiscalía de la Nación del Perú, a través de la cuestionada fiscal Patricia Benavides, presentó al Congreso de la Republica una denuncia Constitucional contra el presidente Pedro Castillo, a quien se acusa de presidir una organización criminal la cual, supuestamente, estaría orientada a promover licitaciones amañadas para la realización de obras públicas que terminarían beneficiando a empresarios cercanos al mandatario. En ese marco, la semana pasada se realizaron nuevas detenciones de personajes cercarnos a Castillo, así como el allanamiento de las viviendas de Congresistas que – para no votar por la vacancia presidencial - se habrían beneficiado con estos supuestos favores políticos.
Las denuncias contra Pedro Castillo y su entorno más cercano, se sostienen en los testimonios de diversos “colaboradores eficaces”, dentro de los cuales se encuentran la lobista y empresaria corrupta Karelin López, el ex secretario presidencial Bruno Pacheco, entre otros personajes que en su momento estuvieron muy cercanos al mandatario y que ahora se encuentran acogidos a esta figura jurídica que se asemeja mucho a la "ley del arrepentido" en Argentina o la "delación premiada" en Brasil. Al parecer, y a raíz de la última arremetida de la Fiscalía de la Nación, se estarían sumando nuevos colaboradores eficaces, con lo cual se complicaría la situación del presidente.
La cuestionada Fiscal de la Nación Patricia Benavides, a quien se acusa de favorecer a su hermana - la cual estaría inmersa en un caso de narcotráfico - junto a los sectores de derecha y de ultra derecha del Parlamento, además de los grandes medios de comunicación, buscan, con estas medidas destituir a Pedro Castillo de la presidencia de la Republica, a quien ya anteriormente trataron de vacar desde el Parlamento en dos oportunidades sin que se logre reunir los votos necesarios (más de 87).
Desde que inició su mandato, el presidente Castillo se vio obligado a enfrentar a esta oposición, tanto en el Parlamento como fuera de él, sin embargo, el mandatario al margen de apelar a la movilización social para enfrentar a los sectores destituyentes, y amparándose en su política de conciliación de clases, opto por correrse sistemáticamente a la derecha abandonando sus promesas de campaña y asumiendo una gestión continuista en toda la línea, tanto en el terreno económico, por ello hoy se mantiene incólume el modelo neoliberal, como en el terreno político, por eso Castillo se ha convertido en un ferviente defensor de la Constitución de 1993 y del régimen político que esta Constitución sostiene normativamente.
Es esto lo que ha conllevado concretamente al debilitamiento del gobierno y al fortalecimiento de los sectores conservadores (al menos superestructuralmente), al grado tal que ahora el presidente Pedro Castillo termina arropándose en la imperialista OEA para tratar de salvar su mandato.
