Se inició el debate en la Comisión de Presupuesto. Tope de 17 % de aumento para salud y educación. El pago de intereses de deuda trepa 32 %. El capital financiero banca la campaña de Cambiemos.
Pablo Anino @PabloAnino
Miércoles 21 de septiembre de 2016
Foto: Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas
Este martes funcionarios del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas estuvieron en el Congreso defendiendo el Presupuesto 2017. La presentación de los lineamientos generales la había realizado Alfonso de Prat Gay el jueves pasado.
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Se prevé un crecimiento de 3,5 %, inflación del 17 % y el dólar a $ 18 promedio durante 2017. El déficit se mantiene elevado en 4,2 % del PIB (Producto Interno Bruto).
Esas previsiones macroeconómicas no están exentas de fuertes contradicciones que subyacen en la realidad económica recesiva que atraviesa el país.
Primera prioridad: el capital financiero
En el mensaje enviado por el Poder Ejecutivo se observa como el presupuesto privilegia el pago de los intereses de la deuda pública que se incrementarán entre 2016 y 2017 un 32,4 %.
Son $ 247.632 millones de pesos (casi U$S 14 mil millones al tipo de cambio de $ 18 por dólar promedio que establece el presupuesto para el año próximo) que van principalmente a manos de los fondos buitres, el Club de París y otros especuladores.
El contraste entre el tratamiento al capital financiero y la atención de necesidades sociales es evidente cuando se observa que las partidas de salud y educación aumentarán apenas 16,3 % y 16,5 %, respectivamente.
Además, salud y educación estarán levemente por debajo de la inflación del 17 % prevista para el año próximo (que muy difícilmente se vaya a cumplir). Esdecir, se licuarán en términos reales, levemente o no tanto en función de la verdadera inflación.
El gobierno dice que el presupuesto tiene como componente fundamental el gasto social, pero esto de ninguna manera significa una opción en favor de los más necesitados.
Es un argumento engañoso porque es habitual que el componente central sean los servicios sociales, en particular la seguridad social. Para el año próximo eso incluye la falsa reparación histórica a los jubilados, una concesión que hizo el macrismo para traficar el blanqueo de capitales.
Además, la seguridad social se financia centralmente a través de los aportes de los trabajadores registrados con descuentos en sus recibos de sueldo.
En el caso de vivienda y urbanismo, si bien la partida crece 59,6 %, ese aumento es en base a la gran subejecución de obras del año corriente. La promoción social también crece más que el promedio (37,1 %). Pero ambas son partidas que no llegan al 1 % del total del presupuesto.
Las prioridades del macrismo también se pueden observar desde otro ángulo: los intereses de deuda pública representan el 10 % del total del gasto proyectado para 2017 (2,53 % del PIB).
En contraste, salud (3,7 %), promoción y asistencia social (1,9 %), educación (6,8 %), ciencia y técnica (1,3 %), trabajo (0,4 %), vivienda y urbanismo (1 %) y agua potable y alcantarillado (0,8 %) significan porcentajes menores a lo que se llevarán los especuladores.
Dicho de otro modo, si se dejarán de pagar los intereses de la deuda pública se podrían duplicar los presupuestos de salud y educación simultáneamente.
Los subsidios a la energía, a pesar que se reducen 20,9 % gracias al tarifazo, siguen implicando enormes recursos que van a aceitar las ganancias de las privatizadas, como quedó al desnudo en esa puesta en escena que fue la audiencia pública por el cuadro tarifario del gas.
No obstante, salud, educación, vivienda y urbanismo, partidas destinadas a la atención de millones de ciudadanos y al pago de salarios de enfermeras,enfermeros, médicos, docentes y no docentes, incluso representan lo mismo o menos que los subsidios a la energía, combustibles y minería ($ 168 mil millones, 7 % del total).
Esperando a Godot: ¿Arranca la obra pública?
En su página 97, el mensaje del Ejecutivo establece que “Los gastos de capital de la Administración Nacional previstos para 2017 ascienden a $215.044,2 millones”, lo cual “muestra la prioridad asignada por el Gobierno a la inversión pública”.
El aumento será de 32,1 % en relación a 2016. La mayoría de la ejecución estará a cargo de la Dirección Nacional de Vialidad y del Ministerio de Transporte. ¿Obra pública para los amigos del presidente? Muy probablemente.
Durante este año el oficialismo frenó en gran medida la obra pública. Frente a una lluvia de inversiones que no termina de llegar a pesar del mini Davos y los gestos amigables al capital imperialista que dan Mauricio Macri y los funcionarios en todo evento internacional que tienen oportunidad, como en el G20 y estos días en la asamblea de la ONU, la apuesta del gobierno es reactivar la obra pública para llegar con chances a las elecciones de 2017.
La estructura impositiva se hace más regresiva
Si en la composición de algunas partidas del gasto se ve una clara preferencia por el capital financiero y las privatizadas, en las proyecciones de recaudación se observa como la estructura tributaria regresiva sigue recargada sobre los trabajadores.
La principal fuente de recaudación tributaria será el Impuesto al Valor Agregado (IVA)con el 33 % del total. Ese impuesto recae mayormente sobrelos consumos populares. Para dar sólo un ejemplo, lo paga cualquier madre que compra leche y comida para su hijo.
En simultáneo, el impuesto a los “bienes personales” que grava la riqueza en casas, countries, departamentos, barcos, autos importados, entre otros bienes, aportará menos del 1 % del total. Incluso, en la ley de blanqueo se instituyó la eximición del pago hasta 2018 para los contribuyentes cumplidores y una reducción de su alícuota para los no cumplidores (1).
Los operadores del comercio exterior aportarán sólo 18 % entre importadores (7,8 %) y exportadores (10,1 %). Acá se redujo el peso a los derechos de exportación con la quita de retenciones a muchas producciones agrarias, industriales y mineras, pero la recaudación se prevé que suba al calor de mayores exportaciones.
Por ganancias se recaudará el 26,2 % del total. Es un impuesto que recae cada vez más sobre los salarios de los trabajadores y a pesar de las promesas de campaña el gobierno sigue sin eliminarlo para quienes cobran un salario. Los jueces, los curas y la renta financiera siguen exentos.
Prat Gay dice que mandaría una propuesta en las próximas semanas con modificaciones mínimas. La contraposición del tratamiento diferencial a los exportadores con las retenciones y a los trabajadores con el impuesto al salarioestá atravesada por líneas de clases sociales.
El Presupuesto 2017 sigue los mismos criterios que atraviesan todas las iniciativas económicas de Cambiemos: se gobierna para los ricos.
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(1) La Ley 27260 que habilitó el blanqueo de capitales establece en el Artículo 63 que “Los contribuyentes que hayan cumplido con sus obligaciones tributarias correspondientes a los dos (2) períodos fiscales inmediatos anteriores al período fiscal 2016, y que cumplan con los requisitos del artículo 66, gozarán de la exención del impuesto sobre los bienes personales por los períodos fiscales 2016, 2017 y 2018”. Además, determina una reducción progresiva de las alícuotas del impuesto a los bienes personales hasta prácticamente extinguirlo con 0,25 % desde 2018.
Pablo Anino
Nació en la provincia de Buenos Aires en 1974. Es Licenciado en Economía con Maestría en Historia Económica. Es docente en la UBA. Milita en el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS). Es columnista de economía en el programa de radio El Círculo Rojo y en La Izquierda Diario.
