Actualidad. Presupuesto 2021: ¿con perspectiva de género?

Un nuevo presupuesto fue presentado en el Congreso en un año atravesado por la crisis económica mundial provocada por la covid-19, mucha tinta corrió respecto de la inclusión de las llamadas políticas públicas con perspectiva de género en él, en el marco de un gobierno que intenta presentarse con “gestos” feministas.

Agostina Constantino, Doctora en Investigación en Ciencias Sociales, e investigadora del IIES (UNS-Conicet), en una entrevista con este medio sostuvo : “Es un Presupuesto de ajuste el que se va a discutir en el Congreso, a pesar de la imagen que quiera dar el Gobierno”.

El Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) elaboró un informe analizando las partidas presupuestarias destinadas a disminuir las brechas de género. Y en este sentido lo primero que destacan como un factor distintivo y positivo son las partidas etiquetadas (PPG).

Pero ¿ qué son las partidas etiquetadas? Este término se utiliza para nombrar la asignación de recursos a un programa o acción específica que contribuya a achicar la brecha en términos de género. Hay que tener en cuenta algo muy importante, estos recursos no se asignan exclusivamente “a las mujeres”, sino que es dinero que se destina a programas cuyo impacto, se espera, disminuya la desigualdad.

Dicho esto, el presupuesto que se vota en el Congreso para el 2021 tuvo un aumento en las partidas con perspectiva de género del 2% al 15%.

Del presupuesto etiquetado el 85,71% será ejecutado por ANSES

De acuerdo al informe de ELA “descontando el efecto de la inflación, el presupuesto etiquetado para 2021 es 2,6 veces el presupuesto etiquetado en 2019. Entre el crédito vigente 2020 y el presupuestado 2021, se registra un aumento del 7%”.

Existe un dato por demás significativo en este análisis, del presupuesto etiquetado el 85,71% será ejecutado por ANSES, el 13,27% por el Ministerio de Desarrollo Social y el 0,48% por el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad.

En principio esto tiene dos explicaciones. En primer lugar que la ANSES tenga a su cargo la mayor cantidad de presupuesto se debe a que ese dinero surge de programas de asistencia y jubilaciones o pensiones. Es decir asignaciones como la AUH, Jefas de Hogar, Pensión Universal para el Adulto Mayor, o las moratorias para aquellas que no logran completar los 30 años de aportes jubilatorios.

Del informe surge que comparando el etiquetado de PPG por finalidad y función, hay un aumento del peso de la seguridad social. En 2019 concentraba el 96,99% del gasto etiquetado mientras que en 2020 concentra casi tres puntos porcentuales más: el 99,59%.

Recordemos que según datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) en el año 2019 había 3.270.614 mujeres jubiladas, de las cuales 2.514.675 lo habían hecho mediante una moratoria, es decir como no tenían los aportes necesarios para acceder al beneficio directo al cumplir los 60 años, entraron en un plan que les permite aportar lo que les falta e ir al mismo tiempo percibiendo parte de esa jubilación. Es importante remarcar que esta moratoria es la que se conoce como “jubilación de amas de casa”. ¿Y esto qué significa? Que el 77% de esas mujeres no tenían los aportes correspondientes.

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La segunda explicación, es que estas “etiquetas” ligadas a la ANSES o al Ministerio de Desarrollo Social siguen dejando en evidencia que, aun aumentando el presupuesto, se sigue interpretando la cuestión de género como una extensión de los cuidados por parte de las mujeres. Esto se corrobora, por ejemplo, viendo que no hay ningún etiquetado PPG, o tienen objetivos mínimos, en ministerios relacionados a la producción o la industria.

La creación del MMGyD es un intento de mostrar la importancia de estas llamadas políticas de género para la administración de Alberto Fernández. Es por esto que el programa “Formulación de políticas contra la violencia de género” es el que concentra la mayor parte del presupuesto de este ministerio: 87,52% de fondos asignados.

De este ministerio depende el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por razones de Género (PNA) con un presupuesto previsto para los dos años de duración (julio 2020 a junio 2022) de 18.000 mil millones de pesos. De acuerdo al análisis que realizó ELA, el 98% del total del presupuesto está asignado a la Asistencia y abordaje integral. Esto se traduce, por un lado, en partidas de dinero transformadas en subsidios para mujeres y personas LGBTI+ y por el otro en la puesta en funcionamiento de Centros de Abordaje Integral de las violencias por motivos de género.

Sin embargo, aclaran, “en el proyecto de presupuesto 2021 no es posible identificar qué programas se ejecutarán en el marco del Plan ni qué porcentaje de los $18.000 millones corresponde al ejercicio 2021. Es posible inferir que un porcentaje importante corresponde al presupuesto asignado al Programa Acompañar (un subsidio equivalente a un Salario Mínimo Vital y Móvil durante seis meses consecutivos), que para 2021 es de $ 4.496 millones y representa el 72% del presupuesto total del MMGyD. Dicha partida forma parte del programa “Formulación de políticas contra la violencia de género”.

En el extenso análisis del presupuesto se analizan las partidas relacionadas con las políticas de género que incluyen a todos los ministerios. En este sentido llama la atención que en el Ministerio de Economía solo puedan identificarse dos ítems: Evaluación de Políticas de Igualdad y Género y Acciones del Registro de Casos de Violencia Contra las Mujeres.

Por su parte en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, directamente no existen partidas etiquetadas PPG y si bien se hace mención a dos programas relacionados con temas de género, no cuentan con las partidas específicas para llevarlos adelante.

Hoy vemos una gran crisis habitacional, producto de políticas neoliberales de las últimas décadas. Un ejemplo de esto fue la toma de tierras de Guernica, en donde las mujeres, en su mayoría con hijos a cargo, y otras en situación de violencia machista, tuvieron un rol destacado dentro de la organización que surgió entre las familias de la toma, para lograr que el Estado atienda la demanda de una vivienda, un derecho elemental desoído por todos los gobiernos.

Según un informe del INDEC siete de cada diez personas del grupo poblacional de menores ingresos son mujeres

La respuesta que ofrece este presupuesto desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat es una mención para “mejorar el hábitat en barrios populares y comunidades con necesidades básicas insatisfechas”. Para lograr esto en el Presupuesto sometido a votación en el Congreso indican que el objetivo es propiciar de alguna manera, no especificada, la participación de los vecinos, prioritariamente de mujeres y diversidades, en proyectos orientados a la integración socio urbana. Un concatenado de “buenas intenciones” que podrían quedar solo en esto si tenemos en cuenta que no existe una partida presupuestaria específica para tal fin.

Según un informe del INDEC siete de cada diez personas del grupo poblacional de menores ingresos son mujeres. Sin embargo la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, que depende del Ministerio de Economía de la Nación, presentó un informe en donde señala que el trabajo doméstico y de cuidados que no es remuneradorepresenta el 15,9% del PBI.

Es decir que las mujeres que presentan los mayores índices de desocupación, cuyos trabajos son los más precarios y los peores pagos, aportan con sus tareas domésticas y de cuidados un porcentaje altísimo dentro del PBI.

A pesar de que muchos sectores señalan como un avance el etiquetado específico en PPG, la disminución de las brechas de género siguen definiéndose de acuerdo al modelo económico aplicado por cada gobierno.

En este sentido, y debido a la crisis económica que ya venía de años anteriores, pero que se profundizó por la pandemia provocada por la Covid-19, posiblemente las brechas de género aumentarán. De hecho en el presupuesto que está siendo sometido a votación no se incluyó el IFE, una asignación que, aunque insuficiente, refuerza la definición que se trata de un presupuesto de ajuste.

Tal como lo mencionamos en esta nota, la creación de un ministerio y secretarías de la mujer, la promoción de diversos programas asistenciales o el llamado presupuesto “con perspectiva de género” se transforman en gestos, en apuestas a “cambiar desde adentro”, pero que no tienen impacto en la vida de la mayoría de las mujeres.

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