Las elecciones del pasado 4 de septiembre destacaron por el gran abstencionismo y las peores prácticas electorales, de compra y coacción del voto.
Viernes 9 de septiembre de 2016
El domingo pasado 4 de septiembre se realizaron las elecciones en la Ciudad de México para elegir Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos 2016 y la Consulta Ciudadana para el Presupuesto Participativo 2017, las cuales resaltaron por la poca participación de los votantes, y la compra de votos que se dio.
Lo que significaría un ejercicio democrático, se convirtió en una lucha de poder de los partidos, e incluso dentro de sus propias filas, se registró acarreo de votantes, reparto de despensas, y hasta tinacos, pero la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales (Fepade) dijo que solamente recibió alrededor de 500 denuncias por anomalías ocurridas en el proceso electoral, las cuales anunció el jefe de gobierno, con cierta tibieza, que serán investigadas, no sin antes depurar algunas.
Las delegaciones que registraron más denuncias fueron, Iztapalapa, Iztacalco y Cuauhtémoc. El papel de Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) fue en el mejor de los casos como observador pasivo, al negarse a actuar ante las denuncias de compra y coacción de votos, era difícil ocultar los tinacos que se repartían, solamente se detuvo a una persona por posible delitos electorales en la delegación Gustavo A. Madero.
Incluso en diarios se levantaron denuncias, con nombre y apellidos, ciudadanos registraron compra de votos en Tlatelolco, Centro Histórico y el perímetro Roma-Condesa donde actuaban ambulantes cercanos a la lideresa príista Alejandra Barrios.
El desprestigio de los procesos democráticos llevó a que solamente votaran 700 mil ciudadanos, un 11 por ciento del padrón electoral. Lo que también fue un fracaso es el llamado voto electrónico impulsado por el IEDF el cual fue una herramienta más para la coacción del voto. El primer paso para ejercer el voto electrónico era registrarse, para días antes de la elección asistir a los centros de votación. Desde el primer paso se reportó que líderes u otras personas hacían el registro de los ciudadanos, como en este medio se denunció que se hizo en la delegación Iztapalapa, después llevaban a los ciudadanos a votar, convirtiendo las elecciones en una farsa.
Lo que estuvo en juego en el presupuesto participativo 2017 fueron 850 millones de pesos, que se destinarán a los proyectos elegidos por los partidos, los ciudadanos fueron dejados de lado, el ejercicio electoral parece que sirvió para que cada grupo mostrara a sus jefes el músculo que tienen de miras a las próximas elecciones.
Son muchas las denuncias donde planillas impulsadas por partidos aplastaron en las urnas a las que fueron integradas por ciudadanos quienes creyeron que sería una oportunidad para cambiar algo en su colonia o barrio.
Las autoridades electorales mostraron nuevamente su tendencia por favorecer por los partidos patronales, dejando de lado sus faltas o haciendo caso omiso de las denuncias ciudadanas.