Ayer la primera jornada del juicio en los tribunales de Comodoro Py duró casi ocho horas. El exjefe de la Armada Jorge Godoy y su segundo Bénito Rótolo son juzgados por las tareas de espionaje ilegal descubiertas en 2006 en la Base Almirante Zar de Trelew. Lo central de la audiencia fue el testimonio del excabo Carlos Alegre, quien detalló el accionar ilegal. La Izquierda Diario fue uno de los pocos medios presentes.
Jueves 19 de febrero de 2015 12:00
Exjefe de la Armada Jorge Godoy y su segundo Benito Rótolo
Godoy y Rótolo están acusados de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” y el juez a cargo de la causa es Sebastián Casanello. Los hechos fueron descubiertos y denunciados el 17 de marzo de 2006 por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a partir de datos aportados por el excabo Carlos Alegre, agente de inteligencia de la Armada en ese entonces.
Ayer comenzaron las acusaciones a cargo del fiscal federal de Rawson Fernando Gélvez y el CELS, planteando que a lo largo del juicio probarán que “Jorge Omar Godoy, como jefe del Estado Mayor de la Armada de Argentina, mientras ocupó su cargo omitió deliberadamente hacer cesar las prácticas de inteligencia ilegal, porque esto venía ya sucediendo antes que se hiciera cargo en junio del 2003. Esto lo hizo pese a deberes que tenía por su cargo que le imponían que no se lleven a cabo las mimas. También impartió instrucciones que pusieron en marcha las actividades delictivas de inteligencia interior ilegal y que sistemáticamente les fueron informadas. Él tuvo conocimiento de estas prácticas. Esta inteligencia fue realizada habitual, reiterada, prolongada y generalizadamente, e incluyó a los órganos máximos de inteligencia naval”. Es decir, lo acusan no sólo de haber dejado pasar estas prácticas ilegales que se venían realizando con antelación a su asunción en el cargo, sino también de tener un comportamiento activo impulsando las mismas. Similar también es la situación de Rótolo.
A su vez, adelantaron que todo ello implica una “violación a la ley de inteligencia de la nación y a las leyes de defensa nacional y seguridad interior, que prohíben a los organismos militares realizar estas tareas”. Detallaron que el “flujo ascendente y descendente de esa inteligencia ilegal pasó por los distintos órganos de inteligencia de la Armada Argentina”.
Ambos acusados se negaron a prestar declaración en la primera jornada, aunque no se descarta que lo hagan en las próximas audiencias. El primer testigo en declarar fue el abogado Eduardo Hualpa, quien además integra la querella en representación del CELS. Hualpa comenzó su exposición diciendo que “venía trabajando con el CELS la causa por la Masacre de Trelew. Fui abogado de las familias querellantes en la causa. En marzo de 2006 Carolina Varsky me pide que la llame. Una persona se comunicó con ellos, era un militar que decía que en la base había actividad de espionaje ilegal, que estaban siguiendo la actividad por la Masacre de Trelew. No sabían el nivel de credibilidad de esta persona, pero había una decisión de denunciar en el juzgado federal de Rawson. Tres días después se denuncia, no tenía detalles ni elementos más profundos de esa actividad, pero sí confiaba en el vínculo con los abogados del CELS de que esto era grave”. Consultado por el juez por qué se considera víctima en esta causa, responde que “tiene mucho que ver con la tarea profesional que desarrollé durante veinte años en Chubut. De alguna manera eso afecta mí profesión”. También señaló que no conocía a Alegre con antelación a estos hechos y que la primera vez que lo vio fue el día de la denuncia. Luego se pasó a un cuarto intermedio de una hora.
Durante más de cuatro horas prestó declaración Alegre, a quien en general se lo notó tranquilo, muy atento en ser minucioso y exacto en cada uno de los detalles que describía, lo que se expresó en algún exceso de verborragia en pasajes de su extensa exposición. El excabo comenzó haciendo referencia a su formación, en particular cursos de inteligencia en la Armada y, por otra parte, como estudiante de la carrera de Derecho. Luego realizó una exhaustiva exposición sobre las distintas jerarquías de los organismos de inteligencia de la entidad, donde quedó en claro la imponente maquinaria de espionaje con que cuenta la Armada a lo largo y ancho del país. Recordemos que esta fuerza tiene por supuesta misión el resguardo de la seguridad exterior, por lo que claramente todo este tipo de actividad es ilegal.
Alegre señaló que “la sección de Inteligencia de la Fuerza Aeronaval N°3 (en la Base Aeronaval Almirante Zar) tenía asiduo contacto con la Dirección Nacional de Inteligencia de la Armada”. Amplió destacando que existía “una retroalimentación de parte de información o de inteligencia que se realizaba” entre las distintas dependencias. También confirmó que la sección de Inteligencia recibía órdenes de jerarquías superiores vinculadas a esta actividad, como por ejemplo el Comando de Aviación Naval. Afirmó que él denunció ante sus autoridades en la Base que se estaban realizando actividades de espionaje ilegal, lo que originó que las mismas respondiesen comenzando una creciente persecución hacia su persona. Este tipo de actividades estaban vinculadas a la existencia de un banco de datos sobre organismos de derechos humanos, abogados, políticos, sindicatos, organizaciones estudiantiles, medios de prensa, entre otros. Frente a la negativa de sus superiores a tomar en cuenta su denuncia, señaló que decidió recurrir al CELS para hacer pública la misma.
Respecto si le consta que el jefe y subjefe de la Armada conociesen estas actividades ilegales, respondió: “No puedo decir que a mí me consta que el producto final fue entregado al almirante porque yo no lo vi, pero teniendo en cuenta mi experiencia ese producto sí o sí tiene que ser entregado al almirante”. Detalló que “el producto final no necesariamente es un papel escrito formalmente enviado. Puede ser telefónicamente, una exposición, una reunión (…) Es una cuestión de deducción. Está establecido en la doctrina de inteligencia naval, está en los manuales académicos, en la experiencia de haber vivido desde los 17 años como marino”.
También hizo hincapié en que se seguía utilizando el lenguaje de la llamada “doctrina de seguridad nacional”, es decir, la continuidad de las prácticas de las dictaduras de los años 60 y 70. También se refirió a la existencia de “personal inorgánico, agentes secretos de períodos que uno cree haber superado. El personal orgánico no tiene conocimiento del personal inorgánico”. Obviamente, confirmó que le consta que todo este tipo de actividad ilegal se realizaba también con antelación a su presencia en la dependencia trelewense.
Hoy sigue el juicio con otros testimonios que intentarán reforzar la responsabilidad de los acusados en los hechos. Finalizada la jornada de ayer La Izquierda Diario consultó a Eduardo Hualpa cuál cree que será la estrategia de las defensas de Godoy y Rótolo. “Decir que si bien estos hechos pueden haber ocurrido, no fueron responsabilidad de ellos, que fueron como excesos o ilegalidades cometidas por hombres de Trelew y no formaron parte de las órdenes, que ellos también se vieron sorprendidos por esta situación”, pronosticó Hualpa.
Vale recordar que en 2012 en otro juicio realizado en Chubut ya fueron condenados más de una decena de militares por estos hechos.
