Leonardo Reyes Herrera ya se ha visto involucrado en su complicidad en la detención, desaparición y torturas ocurridas durante la dictadura de Pinochet. En el año 2013 fue detenido junto con otros 10 funcionarios de la FACH de la época, por el asesinato de Hernán Henríquez Aravena.
Sábado 24 de diciembre de 2022

Durante la semana Álvaro Mesa Latorre, el ministro en visita extraordinaria para causas de violaciones a los DD.HH, sometió a proceso a Leonardo Reyes Herrera, ex oficial de la FACH durante la dictadura, y también a Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco, ex empleado civil de la propia Fuerza Aérea de este país, ya que son acusados por su responsabilidad en el secuestro ocurrido en Temuco el 30 de septiembre de 1973 contra Jorge Eduardo Calderón Otaíza, quien en ese entonces se desempeñaba como funcionario de la Caja Nacional de Empleados Públicos, estudiante de Ingeniería Comercial en la Universidad de Temuco y militante de la Juventud Socialista
Según las investigaciones, Calderón fue detenido por carabineros de la Comisaría de Padre Las Casas el día 30 de septiembre de 1973, en su domicilio en el sector de Padre Las Casas. Luego de su detención lo trasladan a la Base Aérea Maquehue de la Fuerza Aérea de Chile, recinto utilizado como centro de detención y torturas y en donde fue visto por testigos en deterioradas condiciones físicas.
Leonardo Reyes Herrera ya se ha visto involucrado en su complicidad en la detención, desaparición y torturas ocurridas durante la dictadura de Pinochet. En el año 2013 fue detenido junto con otros 10 funcionarios de la FACH de la época, por el asesinato de Hernán Henríquez Aravena, quien se desempeñaba como director Servicio Nacional de Salud para las provincias de Malleco y Cautín, hasta que el 2 de octubre de 1973, fecha en que fue ejecutado en la base aérea Maquehue, mismo lugar donde estuvo prisionero Jorge Calderón.
Según lo reportado por el medio El Resumen, Benjamín Fernández Hernández ( Segundo comandante de la FACH en ese entonces) organizó un grupo especial para tratar temas de inteligencia y de detenidos políticos. Este grupo bajo el mando de éste oficial, incluía al entonces capitán Leonardo Reyes Herrera, a los tenientes Ángel Hernán Campos Quiroga ( hermano de Jaime Quiroga, Ministro de Justicia durante el segundo período de Bachelet) y Jorge Humberto Freygang Campaña (ambos fallecidos), al sargento Orlando Garrido Riquelme (fallecido), y a varios efectivos del cuadro permanente entre los que se cuentan Luis Alberto Soto Pinto, Heriberto Pereira Rojas, Luis Osmán Yáñez Silva, Jorge Aliro Valdebenito Isler, Jorge Eduardo Soto Herrera y Enrique Rebolledo Sotelo, entre otros, además del empleado civil Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco, que tenía la especialidad de enfermería. Este grupo, a partir de esa fecha dejó de cumplir las funciones propias de su especialidad para abocarse a los patrullajes destinados a allanar domicilios y detener personas o presenciaron y colaboraron en los interrogatorios de los detenidos que permanecían al interior de la base.
Las personas detenidas permanecían recluidas en la base Maquehue por un período no inferior a una semana, tiempo durante el cual eran interrogadas y torturadas por los oficiales y suboficiales antes indicados, además de habérseles suministrado drogas, en ciertos casos, para que confesaran sus supuestos crímenes. Dicha droga era administrada por el enfermero de la base. También durante ese tiempo los detenidos fueron sacados al patio de la unidad durante el día para que descansaran un poco o fueron trasladados hacia los baños, oportunidad en que fueron vistos y atendidos por soldados conscriptos que pudieron comprobar el deteriorado estado físico en el que se encontraban estas personas. Algunos de estos conscriptos conocían de antes a personas prisioneras como al propio Jorge Calderón Otaiza
En la resolución (causa rol 114.033), el ministro en visita extraordinaria resolvió que, por encontrarse los procesados cumpliendo condena en causa diversa, por ahora, no se decretará en su contra la prisión preventiva. Al respecto señala: "(...) atendido el mérito de los cuales se desprende que la libertad de los procesados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad; teniendo en cuenta, también, la sanción legal probable del delito en que se les atribuye participación, y visto lo dispuesto en el artículo 363 del Código de Procedimiento Penal, no se les concederá el beneficio de la libertad provisional.
Atendido el hecho de que los procesados Leonardo Reyes Herrera y Crisóstomo Hugo Ferrada Carrasco se encuentran cumpliendo condena en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I de Gendarmería de Chile, se suspende por ahora la aplicación de la medida cautelar de prisión preventiva", consigna la resolución.
Tanto la dictadura como los gobiernos de los 30 años han mantenido en impunidad a varios responsables de violaciones a los DD.HH, o en su defecto, cumpliendo condenas en lugares donde pueden mantener sus privilegios como lo es en Punta Peuco, marcando una hipocresía si consideramos que por patear un torniquete y manifestarse contra la desigualdad han decretado condenas por varios meses e inclusive varios años como los presos políticos de la revuelta.