El juez Mario Carroza procesó a otros cinco militares por el caso de Rodrigo Rojas Denegri y Carmen Gloria Quintana, los procesados son Pedro Fernández Dittus, Leonardo Riquelme, Juan González, Walter Lara y Pedro Franco Rivas.
Natalia Cruces Santiago de Chile
Viernes 31 de julio de 2015
A partir de las revelaciones del ex conscripto Fernando Guzmán, que señaló que los dichos de Carmen Gloria y otros testigos sobre lo que sucedió el 2 de julio de 1986 era real, la justicia está comenzando a actuar y procesar a los militares que estuvieron involucrados en el caso de los dos jóvenes que fueron quemados vivos por una patrulla militar.
Además de los que ya fueron procesados, entre ellos Julio Castañer que está sindicado como el responsable de haber prendido fuego a los jóvenes, el juez Carroza dejó en prisión a los ex militares, en cambio Pedro Franco, quién era conscripto, quedó solo con arresto domiciliario nocturno.
Por ahora, son 12 los ex militares que están en prisión y siendo investigados en la causa.
Piden levantar el secreto sobre el informe Valech
A partir de los emplazamientos de Carmen Gloria Quintana y Verónica Denegri, madre de Rodrigo Rojas, a las que también se han sumado una importante cantidad de organizaciones de derechos humanos, de ex presos políticos y también diferentes partidos, desde La Moneda se anunció que se estudiará la posibilidad de levantar el secreto de 50 años que pesa sobre los testimonios del informe Valech. Recordemos que según una ley de la época, cuando Lagos estaba en el gobierno, se planteó que los documentos, testimonios y antecedentes eran secretos y así se mantendrían durante un plazo de 50 años.
Para las organizaciones de derechos humanos esto significó un duro golpe para los anhelos de verdad y justicia, manteniendo en pie la impunidad que se instaló desde la transición pactada a la democracia.
A partir del impacto que tuvo el testimonio del ex conscripto y las palabras de Carmen Gloria y Verónica, el gobierno se ha tenido que referir al caso, señalando que estudiará la apertura de los archivos.
Organizaciones como Londres 38 vienen impulsando desde hace tiempo una campaña para lograr la apertura de todos los archivos que contienen información sobre violaciones a los derechos humanos, como señalan en su sitio web se “busca relevar la importancia del derecho al libre acceso a la información y a los archivos para la plena vigencia de los derechos humanos, y de los derechos civiles en general”. También plantean que “El secreto es antidemocrático y entorpece los procesos de verdad y justicia, perpetuando la impunidad de los culpables. Por ello, en casos de graves violaciones a los derechos humanos, el Estado tiene la obligación de entregar toda la información disponible, y no puede ampararse en la sola afirmación de la inexistencia de los documentos solicitados, o en restricciones de acceso, como son la privacidad de las personas o la seguridad nacional, causales habituales de reserva para negar el acceso”. Entre estos archivos se señala los de la Comisión Rettig, Valech, ex archivos Colonia Dignidad y otros archivos que se encuentran en poder de las fuerzas armadas.
Foto: Prensa Gráfica Callejera