La investigación por tráfico de influencias que terminó con la destitución de la presidenta Park Geun-hye, golpea a uno de los principales conglomerados industriales de Corea del Sur.
Martes 28 de febrero de 2017 12:55
Fiscales surcoreanos acusaron el martes al jefe de Samsung Group, Jay Y. Lee, por soborno y malversación de fondos, mientras el gigantesco conglomerado anunció el desmantelamiento de su oficina de estrategia corporativa, en los últimos capítulos de un escándalo de corrupción que ha sacudido al país.
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Lee, de 48 años, fue detenido el 17 de febrero por su presunta participación en el escándalo de corrupción que involucra a la presidenta Park Geun-hye -sometida a juicio político-, en un nuevo golpe a la principal compañía de la cuarta mayor economía asiática.
La oficina del fiscal especial anunció este martes que acusó a Lee -líder de la tercera generación del gigante tecnológico- y a otros cuatro ejecutivos por soborno y malversación de fondos.
Entre los cargos que enfrenta Lee hay promesas de sobornos a una compañía y a organizaciones ligadas a la confidente de Park, Choi Soon-sil, la mujer en el epicentro del escándalo, para consolidar su control sobre el imperio empresarial, que comprende desde la telefonía móvil a la industria biofarmacéutica.
"Pedimos perdón por la controversia social y el sufrimiento que hemos causado", dijo el vicepresidente ejecutivo de Samsung Group, Lee June, a los periodistas.
Las acusaciones se conocieron antes de que el Tribunal Constitucional decida si se mantiene el juicio político contra Park, aprobado por el Parlamento en diciembre. El proceso fue activado por acusaciones de que conspiró con Choi para presionar a grandes empresas para que donaran a dos fundaciones creadas para respaldar las iniciativas políticas de la mandataria.
Lee prometió en diciembre el cierre de la oficina de estrategia corporativa de Samsung, un centro neurálgico responsable de grandes iniciativas como inversiones en nuevos negocios, entre acusaciones de políticos de que era un órgano clave para sus tramas de cabildeo ilícito.
Compuesto por unos 200 empleados elegidos a dedo entre varias afiliadas, la oficina no existía como una entidad legal, pero tenía un enorme poder como el instrumento de control de la familia fundadora Lee.
La crisis que golpea tanto a las altas esferas del poder político como a uno de los principales conglomerados económicos del país, llega tras un año de protestas obreras por el intento de avanzar en una reforma laboral para abrir paso en una mayor precarización del trabajo.
Esta reforma rechazada por los trabajadores surcoreanos había sido negociada durante meses por las principales empresas industriales y el gobierno. Ambas partes hoy se encuentran acusadas de los peores escándalos de corrupción en años, desnudando el tráfico de influencias permanente entre empresarios y políticos, en beneficio de sus propios intereses.
