Juventud. Proceso Constituyente niega participación a la juventud que despertó Chile

Desde el comienzo del segundo gobierno de Piñera, ha sido evidente la ofensiva de éste hacia la juventud, en especial a las y los secundarios. Antes del estallido social del 18 de octubre, leyes como Aula Segura, el Estatuto Laboral Juvenil, el Control Preventivo de Identidad, así como también distintos intentos de bajar la edad imputabilidad penal y la brutal represión hacia secundarios de liceos emblemáticos, sobre todo en Santiago como el Instituto Nacional, son los ejemplos más concretos de ésta directriz del gobierno.

La juventud, protagonista e impulsora de las actuales movilizaciones, está bajo la atenta mirada del gobierno, sobretodo estos últimos días tras las protestas en contra de la Prueba de Selección Universitaria (PSU). La Ministra de Educación no solo amenazó aplicar Ley de Seguridad del Estado en contra de los dirigentes secundarios del organismo secundario ACES, sino que también en dejarles fuera del proceso de admisión. Por su parte, el partido coalición del gobierno, RN, se querella contra estos mismos dirigentes de la ACES y también los de la CONES, por “incitadores” al haber llamado al boicot de la PSU. El gobierno de Piñera muestra las lecciones que sacó de su primer gobierno, en el que la juventud le dio pelea el agitado 2011, criminalizando como de lugar la protesta en especial juvenil.

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No es casual que quienes encendieron la mecha del estallido fuesen los mismos estudiantes secundaries, al convocar a evasiones masivas por el alza del pasaje del Metro. “No son $30, son 30 años” lo resume muy bien. Y aunque ellos no hayan vivido la dictadura ni tampoco la década de los 90’s, dónde se consolidó la herencia de la misma en relativa “pasividad”, son quienes nacieron teniendo sobre sus hombros la “acumulación” de los últimos 30 años: abuelas y abuelos extremadamente pobres con pensiones de hambre, servicio público de salud precario con listas de espera en las que muchas veces primero llega la muerte, educación de mercado de la cual son víctimas, Sename para los más pobres, precariedad laboral en potencia, y como si fuera poco, crisis ambiental producto del mismo sistema capitalista y neoliberal impuesto en dictadura.

El tramposo proceso constituyente que se abre en el segundo gobierno de la derecha, como táctica para acallar a las masas hastiadas de la herencia de la dictadura, no tiene espacio para la representación de la juventud secundaria, esa que ha dado la cara al régimen y que ha recibido las más dura represión y criminalización.

No existe forma de participación para quienes prendieron la llama de estas movilizaciones históricas y que han sido el blanco de ataques sistemáticos de este gobierno. Es por esto y más que el cambio a la constitución del 80, a la cual se aferran los sectores conservadores, no será bajo el alero de su propia ley, ni bajo las condiciones que impone el “Acuerdo por la paz social y por una nueva Constitución” (un verdadero “salvavidas” lanzado por la mayoría de los partidos al gobierno de Piñera). Para la derecha un adolescente puede ser imputable penalmente, se le puede aplicar Ley de Seguridad del Estado e incluso querellarse en su contra, pero no puede votar ni participar de un proceso constituyente. Es por eso que aquí cobra validez la demanda de una Asamblea Constituyente libre y soberana: libre para que desde los 14 años todos puedan participar, donde todos los delegados sean elegidos, mandatados y revocables; soberana para que no haya condiciones por sobre ella de ningún organismo del Estado ni veto sobre ningún tema a discutir o medida que se decida en beneficio del pueblo pobre y explotado. La fuerza de la movilización, el impulso de huelgas para que la clase trabajadora salga a las calles y toque donde más les duele a los empresarios y sus políticos será quien imponga una Asamblea Constituyente de éstas características, que los organismos como la CUT, Colegio de Profesores y otras centrales sindicales convoquen a movilizaciones contra la persecución política y la represión, por juicio y castigo a los responsables de los asesinados y de los que han perdido sus ojos en esta revuelta.

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