COMIENZO DE CURSO. Profesora de Madrid: "No puedo confiar en una Administración que sacrificó a los ancianos de las residencias”.

La semana que viene comienzan las clases en los institutos de la Comunidad de Madrid. Y como anunciaban las caóticas colas de profesores para hacerse un test de pasadas semanas, o los primeros casos de cierres de colegios por casos de coronavirus en las aulas, las condiciones de regreso a clase dejan mucho que desear.

Tanto la incertidumbre como la falta de medidas que garanticen un comienzo de curso seguro han suscitado numerosas quejas de familias y docentes, como expresa una profesora en sus redes: “Si esto es tan grave como parece no se puede garantizar una vuelta segura a las aulas. No sé si puedo confiar en una Administración que ya sacrificó a los ancianos de las residencias”. Ese enorme malestar ha obligado a que diferentes sindicatos saquen convocatorias de huelga, si bien en muchos casos se trata de convocatorias formales poco trabajadas para construir una huelga activa.

El plan de las distintas Comunidades y el Gobierno central no ha contado con la opinión de profesorado, trabajadores, alumnos ni familias, plantea la construcción de barracones para crear nuevos espacios y ni de esta manera asegura unas ratios adecuadas como denuncian profesores de un centro madrileño: “con la ratio establecida no se puede garantizar la distancia de seguridad”. Los trabajadores no cuentan con el material necesario -“¡ni si quiera se nos han suministrado mascarillas!”, protestan-, no se prevén medidas de calado para contrarrestar la brecha digital, ni se concibe un permiso retribuido para los padres que tengan que quedarse con los hijos que deban guardar cuarentena y otra serie de despropósitos más.

Pero, como es evidente, las graves carencias y problemáticas que emergen hoy debido a la crisis del coronavirus, además de ser fruto de una gestión desastrosa de la crisis que protege más a las grandes empresas que a los centros de salud o escolares, parte de años de ataques a la educación pública.

Por una parte, los recortes en educación se cifran en 10 mil millones de euros menos desde 2010, mientras el número de alumnos se incrementaba en un 10%. No hace falta ser experto en matemáticas para imaginar cómo ha aumentado la carga docente del profesorado y las ratios de alumnos por aula, además de aumentar el número de días necesarios para que una baja sea cubierta por otro docente, entre otras medidas. Una situación que dificulta enormemente hacer frente a la gestión de la pandemia que pasa inevitablemente por disminuir la ratio, multiplicar el profesorado contratado y los espacios de docencia.

Pero, por otra parte, es necesario hablar también de las reformas de los últimos años para hacer la administración de los centros lo más vertical y menos democrática posible. Ya antes del curso pasado hubo protestas en varios institutos de la Comunidad denunciando que los directores eran escogidos “a dedo”.

Esto viene de la famosa “Ley Wert”, la LOMCE. Una ley que, recordemos, el actual gobierno prometió derogar y acabó reformando “alguno de sus aspectos más lesivos”. Esta Ley, entre otras cuestiones, inclinó la balanza de la decisión de los directores de los centros dando la mayoría a la administración, es decir, el gobierno de la Comunidad correspondiente, dejando en minoría a los representantes del centro.

La medida vino de la mano de una eliminación de competencias al Consejo Escolar, integrado por los diferentes representantes de la comunidad escolar que, si ya tenía problemas de equidad representativa y funciones reducidas, deja de ser un órgano de debate y decisión, para ser un órgano al que se informa de las decisiones ya tomadas. Esta idea queda clara comparando la ley anterior con la LOMCE y viendo cómo los verbos “aprobar” y “decidir” desaparecen y son sustituidos por “informar”.

Resulta evidente que, si las decisiones vinieran de abajo, de asambleas o consejos en los que profesores, junto a trabajadores no docentes (como limpieza, conserjería, cafetería), alumnas alumnos y familias de los mismos, las medidas responderían más a sus necesidades reales.

Por ejemplo, sería impensable que decidieran que solo dos trabajadoras del servicio de limpieza tuvieran que atender en horario escolar todo el centro de un instituto donde concurren 1500 personas, como ocurre en algún centro del sur de Madrid, o que decidieran que fueran los propios profesores los que tuvieran que gestionar las emergencias sanitarias. Como afirman desde el sentido común en un instituto madrileño “sería más conveniente que estas funciones las desempeñase personal sanitario profesional dedicado en exclusiva a esta labor”.

Ante esta situación de emergencia, en un contexto en el que decenas de miles de profesores y cientos de miles de alumnos van a volver a las aulas en condiciones inseguras para la propia salud, es urgente pelear por consejos donde se tomen las decisiones, es decir, asambleas del profesorado, el personal no docente, las y los estudiantes y sus familias, desde donde no solo se tomen las decisiones sobre la gestión de los centros, sino que se pelee por reivindicaciones educativas históricas.

Por ejemplo, luchar contra que la solución a la necesidad de bajar las ratios y la falta de espacio no sean los barracones planteados, sino estructuras permanentes, ni contratos escasos y temporales, sino un aumento del profesorado fijo, es luchar por bajar las ratios de manera permanente.

Pero también es un espacio desde el que tomar otras reivindicaciones sociales, como la necesidad de reforzar la sanidad pública, cuestión aún más urgente en este época de comienzo de curso, o discutir de dónde debe salir el dinero para pagar este refuerzo indispensable de los servicios públicos para que no sea, como siempre, una carga más sobre los hombros de la clase trabajadora, y salga del dinero que ahora se destina a la privada y concertada, de impuestos a las grandes fortunas -esas que se han enriquecido durante la pandemia- o de la devolución del rescate a la banca.

Y es que está en juego la educación, está en juego la salud de estudiantes, de profesores, de sus familias, pero también esté en juego quién va a pagar esta crisis, y estamos viendo que el plan del gobierno “progresista” pasa por aumentar la edad de jubilación, congelar salarios a funcionarios, o un “pensionazo”. Por eso es tan importante desarrollar redes contra la vuelta insegura a las aulas, pero también contra el desahucio de una familia o el cierre de un centro de atención primaria del barrio, contra el ataque a lo público, contra los despidos masivos, contra la precariedad.

Porque si ellos quieren aprovechar la coyuntura para avanzar en políticas neoliberales y privatizar servicios -como hemos visto con el intento de privatización del servicio de limpieza del hospital Gregorio Marañón o la privatización de los tests al profesorado-, los y las trabajadoras y estudiantes tenemos que organizarnos no solo para resistir sus ataques, sino para combatir desde las escuelas, los institutos, las universidades, los centros de trabajo y los barrios, contra estos cuarenta años de capitalismo neoliberal que nos han traído hasta aquí.