En las elecciones de octubre también se plebiscitará la propuesta presentada por el diputado oficialista Carlos Camy para habilitar los allanamientos nocturnos. Se trata de un nuevo intento de endurecer las políticas represivas y avanzar en el control social.
Miércoles 28 de agosto
Foto: Gastón Britos / FocoUy
En diciembre del año pasado se alcanzaron 71 firmas de senadores y diputados oficialistas y del PERI para llevar a plebiscito la propuesta de habilitar los allanamientos nocturnos.
El mecanismo utilizado se basa en el artículo 331 de la Constitución que exige, como uno de los mecanismos para reformar la carta magna, que se reúna la voluntad de dos quintos del total de componentes de la Asamblea General.
De esta manera quedó habilitado este plebiscito que se realizará junto a las elecciones nacionales y al plebiscito de reforma de la seguridad social que impulsa el PIT-CNT junto a otras organizaciones sociales y políticas.
La propuesta que impulsa el oficialismo retoma la idea del exministro Jorge Larrañaga y su campaña “Vivir sin miedo” de modificar el artículo 11 de la Constitución que actualmente expresa “El hogar es un sagrado inviolable. De noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe, y de día, sólo de orden expresa de Juez competente, por escrito y en los casos determinados por la ley.”
Los impulsores de la iniciativa proponen una nueva redacción de este artículo, el que pasaría a decir “El hogar es un sagrado inviolable. Nadie podrá entrar en él sin el consentimiento de su morador, o por orden expresa y fundada de juez competente, dictada por escrito en los casos y formas establecidas por la ley.”
La derecha quiere avanzar en su política represiva y de control social
La iniciativa del gobierno se inscribe en una profundización de la política represiva, que a lo largo de las últimas décadas viene insistiendo con medidas de corte punitivo y represivo como forma de enfrentar los conflictos sociales y la inseguridad.
Sucesivos gobiernos han logrado cambios a nivel judicial y de políticas públicas con el objetivo de aumentar las penas, cambiar tipificaciones de delitos y endurecer las medidas represivas con el supuesto interés de aumentar la seguridad, todo esto acompañado de un mayor presupuesto para las fuerzas represivas así como de un mayor protagonismo en la seguridad interior (Guardia republicana, posibilidad de actuación de los militares en zonas de frontera, etc.)
A la vista está el fracaso de este tipo de propuestas; la sociedad hoy está más violenta y este conjunto de medidas punitivas y de recortes de libertades que se implementaron no dieron ningún tipo de respuesta a la situación.
La habilitación de los allanamientos nocturnos va también por este camino de fracaso. Una reciente nota del Semanario Brecha mostraba como no hay evidencia de su utilidad y es ampliamente cuestionada en su efectividad por los especialistas en estos temas y la academia.
Con la excusa del combate al narcotráfico y la delincuencia proponen crear herramientas que básicamente serán utilizadas para poder actuar en los barrios y en los contextos más vulnerables, dejando el camino despejado para el accionar autoritario de las fuerzas represivas, generando mejores condiciones para los excesos, el gatillo fácil y la falta de garantías.
Mientras se pone el foco en el microtráfico, que en ocasiones termina siendo una forma de subsistencia en contextos de exclusión social y falta de oportunidades, los “peces gordos”; el entramado del narcotráfico que actúa en complicidad con el poder, las instituciones, los políticos y las fuerzas represivas seguirán con la misma impunidad de siempre.
Nada se dice sobre el control del lavado de activos, la falta de transparencia en el Estado, o los poco claros mecanismos de financiamiento de los partidos políticos.
La experiencia de este gobierno, con sus escándalos de corrupción, complicidad con actividades ilegales, ayudas diversas a personajes como Marset, deja ver la hipocresía con que se manejan desde el poder.
Las medidas que implican recortes y avances sobre las libertades, más allá de su falta de efectividad, apuntan en el fondo a demonizar determinados sectores sociales, para descargar sobre ellos la furia represiva y autoritaria, mientras los ladrones de “cuello blanco” cuentan con todo el apoyo de sus abogados y amigos en el poder, así como un sistema judicial hecho a su medida.
El Frente Amplio mira para el costado
La propaganda sistemática del régimen instalando el discurso securitario y represivo, puede despertar simpatía en amplios sectores sociales, cansados del aumento de violencia y la inseguridad que se vive en distintas zonas.
En este contexto, donde las encuestas señalan que hay posibilidades que el plebiscito pueda aprobarse, el Frente Amplio se siente incómodo, entre los cálculos electorales por no perder votos y sus contradicciones internas para no quedar pegado a las políticas represivas más descarnadas.
Su política no va más allá de postularse como impulsores de un capitalismo “con rostro humano”, por lo cual no pueden dar una respuesta profunda a la delincuencia e inseguridad, en tanto fenómenos que son consecuencia del capitalismo y la miseria que genera.
Contra el avance de las políticas represivas y el control social
La habilitación de los allanamientos, así como el endurecimiento de penas y en general la política de “mano dura” son instrumentos del sistema para tener bajo control a los amplios sectores de población que sufren la miseria y explotación a que nos condena el capitalismo.
La lucha por terminar con este sistema injusto y construir una sociedad sin explotados ni explotadores es la única que puede dar una salida estructural a las distintas problemáticas en que nos sumerge el capitalismo.
Desde La Izquierda Diario Uruguay llamamos a rechazar este plebiscito, votando en blanco y colocando la papeleta del SI en el plebiscito de la seguridad social.
