Con una Constitución española en una mano y el programa electoral de Podemos en la otra. Así inició Pablo Iglesias la rueda de prensa para dar a conocer sus propuestas programáticas para las próximas elecciones generales del 28-A. Toda la exposición giró en torno a una correlación establecida entre el texto fundacional del Régimen del 78 y el programa de la formación morada, que nuevamente concurrirá en alianza con Izquierda Unida bajo la marca “Unidas Podemos”.
Diego Lotito @diegolotito
Miércoles 10 de abril de 2019 00:00
“Hemos querido diseñar nuestro programa de Gobierno como un programa de estricta aplicación de los artículos de la Constitución española que protegen a la gente”, destacó Pablo Iglesias. Las intervenciones del resto de dirigentes fueron en la misma línea, exponiendo un proyecto que “dialoga con la Constitución española”, en palabras de la secretaria de Feminismos de Podemos, Sofía Castañón.
Iglesias abordó lo que serán las grandes líneas del programa económico y fiscal basado, en lo esencial, en una reforma fiscal progresiva y un incremento del salario mínimo para estimular la demanda interna. Ejes centrales para desarrollar una estrategia de crecimiento económico y obtener recursos para incrementar el gasto público, recordando los principios de un tibio neokeynesianismo de matices socialdemócratas.
Algunas medidas que plantea este programa son el incremento del salario mínimo a 1200€, asegurar unos ingresos mínimos de 600€ por ciudadano, la creación de un banco público a partir de Bankia o la mejora de servicios públicos básicos como sanidad y educación entre otras.
Medidas que se financiarían mediante una reforma fiscal que se apoyaría en la idea de reducir los privilegios fiscales de las rentas del capital que disfrutan de una fiscalidad más reducida, en comparación con la que soportan las rentas del trabajo. Eliminando también los regímenes tributarios escandalosos de los que vienen gozando los fondos buitre, como las SICAV y las SOCIMI. Además de terminar con las amnistías fiscales, elevar la fiscalidad para las fortunas de más de 1 millón de euros y reducir el IVA para determinados productos básicos.
No hay duda de que el aumento de los impuestos a las grandes fortunas y la persecución de los grandes evasores capitalistas para financiar medidas sociales es algo de urgente necesidad. Sin embargo, tal y como lo plantea Podemos no dejan de ser un brindis al Sol.
En primer lugar, porque su programa se encuentra subordinado a una alianza de gobierno con el PSOE. Ni las reformas más moderadas que propone Iglesias pueden pasar por una alianza de Gobierno con el partido de las reformas fiscales y laborales, en favor de las grandes fortunas, de la obediencia máxima a las políticas de recortes de Bruselas y con la fuerza política que aprobó con nocturnidad y alevosía una reforma constitucional para que se pagara por encima de todo y de todos, la devolución de la deuda a costa de cualquier otra necesidad social básica.
En segundo término, porque las propias estructuras económicas y financieras internacionales desarrolladas por el capitalismo en el presente período han ido encaminadas hacia el libre movimiento de capitales, sin ningún control por parte de los Estados, lo que hace inviable cualquier política realista dirigida hacia aumentar la contribución fiscal de esos capitales sin tomar medidas anticapitalistas que impongan el control de capitales, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, así como el control obrero de la contabilidad de las empresas. Medidas que desde luego no tienen ninguna cabida en la Constitución del Régimen del 78 que reivindica Podemos.
La Constitución de una democracia “para ricos”
Para fundamentar el eje de su campaña, Podemos se basa en artículos de la Constitución tales como el artículo 35, que refiere al derecho a un empleo suficientemente remunerado, el artículo 47, que otorgaría derecho a vivienda digna, o el artículo 128, que supuestamente pondría la riqueza en función del “interés general”. Lo que no menciona Podemos, sin embargo, es que la génesis de esta Constitución fue el “atado y bien atado” de Francisco Franco y que estos aspectos pseudosociales de la Constitución no fueron más que una cobertura -atendiendo a la relación de fuerzas del momento y la necesidad de impedir un ascenso obrero y popular- para garantizar los grandes intereses del capitalismo español. La verdadera “constitución” dentro de la Constitución, que garantiza la “democracia para ricos” del 78 sacrificando las grandes aspiraciones sociales y democráticas de la mayoría social.
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Aunque hay que ser justos con Podemos y reconocer que para ser un programa que tiene la pretensión de “basarse” en la Constitución, es bastante fiel a ella. Especialmente por sus grandes ausencias, como el derecho a decidir del pueblo catalán y el conjunto de los pueblos del Estado español, cuyas aspiraciones democráticas Podemos continúa subordinando a la búsqueda de un utópico referéndum pactado en los marcos del Régimen mientras los líderes independentistas catalanes continúan presos. O ausencias como la exigencia de un referéndum sobre la monarquía heredera de la dictadura de Franco, limitándose a proponer terminar con la inviolabilidad del Rey, pero aceptando su figura por esa vía. Y, por supuesto, la ausencia total de cualquier pretensión de abrir procesos constituyentes libres y soberanos.
Pablo Iglesias se ha convertido en el mejor de los defensores del Régimen del 78. Asumiendo sus marcos trata de convencernos de que en su Constitución está la vía para resolver los problemas sociales de las grandes mayorías. Invitando a todo el mundo a su lectura, como un evangelista y su Biblia. En este contexto, es imposible no acordarse de Julio Anguita en sus momentos más folclóricamente eurocomunistas, cuando decía que su mayor utopía sería “que los gobiernos cumplan con la Constitución”.
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El último giro (discursivo, que no político) de Podemos, refleja su completa adaptación al régimen monárquico del 78. Destino inevitable de las aspiraciones laclausianas de “radicalizar la democracia” del primer Podemos -con Errejón incluido-. Un nuevo conformismo que, hay que decir, es el camino natural por el que transita el conjunto del neorreformismo. Una verdadera “tragedia griega”, haciendo honor a la deriva de Syriza, que recordemos, pasó de un discurso y programa reformista de izquierdas -más que el de Podemos, todo sea dicho- a ser el aplicador fiel de los planes de ajuste de la UE y el FMI contra el pueblo griego.
Aunque Podemos no ha pasado por la prueba del poder como en el caso griego, los autodenominados “ayuntamientos del cambio” han sido, a pequeña escala, una experiencia de los límites de su política. El balance del municipalismo podemista difícilmente podría ser peor. Se han dejado de lado las grandes necesidades como el fin de los desahucios, la remunicipalización de los servicios públicos o poner fin a la persecución de los migrantes, por no hablar de las tímidas proclamas iniciales a favor de la “reestructuración” de la deuda, entre otras; al contrario, el pago riguroso de la deuda se ha hecho bandera junto con la continuidad de los pelotazos urbanísticos, mientras toda medida en favor de las masas populares fue abandonada ante el “no se puede” de los poderes fácticos del capital.
Habría que preguntarle a Pablo Iglesias si le parece que la operación Chamartín cumple con lo dispuesto en el artículo 47 de la CE y ha sido puesta en función del interés general y no de la especulación urbanística.
Promesas y realidades
El programa de Podemos para las elecciones del 28-A, aunque propone algunas medidas que muchos tildan de “audaces”, no va más allá de un moderado plan de reformas con la ilusión de humanizar el sistema capitalista en el Estado español.
Sin embargo, el mayor límite del programa no está en la moderación de su articulado, sino en la estrategia política de Podemos: conquistarlas pacíficamente a través del entramado institucional del régimen capitalista, y más precisamente, gobernando junto al PSOE, es decir, con uno de los principales gestores de los negocios del capitalismo español y el Ibex35.
Con todos sus límites, la mayor parte de las medidas que promete Podemos encontrarán la resistencia de los poderes reales del capitalismo español. Entre ellos, del propio Partido Socialista de Pedro Sánchez al que Pablo Iglesias le tiende la mano para formar un “gobierno progresista”. Esta es la mayor impostura del programa de Podemos.
Los capitalistas y su casta de políticos a sueldo consideran su derecho sagrado que las cosas sigan como están y que los privilegiados sigan manteniendo sus privilegios, mientras la clase trabajadora, las mujeres, la juventud y los sectores populares, defendemos contra ellos nuestro derecho a la vida, la sanidad, el trabajo y la educación.
Si esa es una verdad histórica, lo es aún más cuando la economía capitalista entra en crisis. Y esta es justamente la dinámica que ya preanuncia la economía europea y española para los próximos meses y años, prometiendo con seguridad dos cosas: más ajustes antipopulares y menos margen para la implementación de programas reformistas.
En ese marco, cualquier medida, por más mínima que sea a favor de la clase trabajadora y las clases populares, solo puede conquistarse mediante la lucha de clases. Como dijo Marx, “entre derechos iguales decide la fuerza.”
Ante esta realidad, que se conjuga con las crecientes tendencias a la polarización política y la emergencia de la extrema derecha, el límite fundamental no sólo del programa, sino de la estrategia de Podemos, es que carece -y ni siquiera se propone desarrollar- de las fuerzas sociales y materiales que permitan cambiar la relación de fuerzas e imponer una salida para las mayorías sociales, en detrimento de los privilegiados y sus privilegios. Porque, aunque Pablo Iglesias ya no lo crea, la lucha de clases sigue siendo el motor de la historia.
Diego Lotito
Nació en la provincia del Neuquén, Argentina, en 1978. Es periodista y editor de la sección política en Izquierda Diario. Coautor de Cien años de historia obrera en Argentina (1870-1969). Actualmente reside en Madrid y milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.