Opinión. Programa de vouchers: financian la escuela privada, ajustan la educación pública

El Programa de Asistencia “Vouchers Educativos” se trata de un subsidio del 50% del valor del arancel de jornada simple, sin incluir actividades extraprogramáticas, en función de la cuota base de marzo 2024 para mayo, junio y julio, y tendrá un tope de $27.198. Alcanzaría, por tres meses, a 2.409.006 de chicos que concurren a más de 6 mil escuelas en todo el país, según los datos de la propia Secretaría de Educación. Mientras tanto, sigue la motosierra en la educación pública.

El mismo gobierno de Milei, que liberó todos los precios primero, ahora anuncia una asistencia desde el Estado para el pago de cuotas, que las escuelas privadas ni siquiera están obligadas a informar (tras la derogación de la Resolución 678/1999). Estas escuelas, mayoritariamente, son confesionales, religiosas.

Se trata de una "beca" para sostener la matrícula de las escuelas privadas, que se da al tiempo que se recortan partidas de las escuelas públicas, se ajustan presupuestos y se bajan los salarios de la docencia de todo el país. Mientras dicen que no hay plata para la educación pública, financian la privada.

Ya se escucharon voces críticas, denunciando que la medida tiene un efecto segregacionista. Además de diversas preguntas sobre su implementación, considerando que la educación en Argentina -según la Constitución Nacional y la Ley de Educación Nacional- depende de las provincias. La desastrosa descentralización educativa menemista, que ningún gobierno posterior revirtió, termina siendo un obstáculo impensado para el plan de voucherización, por eso van por este engendro de propuesta.

"No hay plata" para fondos educativos que deben ser destinados a incentivo docente, comedores e infraestructura, pero si para el #voucher para subsidiar el pago de escuelas privadas. #Milei oficializó el pago de $ 27000 por cada estudiante. Un ataque más a la #educaciónpública.

— Mariadiazreck (@Mariadiazreck) March 21, 2024

Un deseado camino a la privatización del sistema público

De la mano del congelamiento de los presupuestos, el gobierno de Javier Milei y Victoria Villarruel siguen desfinanciando la educación pública, mientras beneficia a la educación privada. Se han recortado partidas como el FONID, se vacían programas, despiden trabajadorxs estatales que atienden problemáticas sociales, se reduce sensiblemente el envío de partidas alimentarias, pero se financia el lucro.

En Argentina hay 60 mil escuelas, de las que, como denuncia Ademys (gremio docente de CABA) son “ 14.000 instituciones educativas privadas, mayormente ligadas a organizaciones religiosas, a las que asisten 2.409.006 alumnxs en los niveles obligatorios. El 70% de dichas instituciones están subvencionadas. Estas subvenciones consisten en una transferencia directa de dinero del sector público al privado, para afrontar principalmente el pago de salarios. Este nuevi programa significa un aumento de esa transferencia ya que se realiza por una doble vía, de modo directo a través de la subvención y de modo indirecto a través del subsidio a las familias para afrontar el pago de las cuotas”.

Estas empresas tienen otros mecanismos que las favorecen. Uno, es ser eximidas de pagar el Impuesto a las Ganancias (que sí pagan sus propixs trabajadorxs) y el IVA, por ser consideradas entidades sin fines de lucro. Otra ventaja es la exención de pagar las contribuciones patronales.

Todos esos fondos podrían aportar a los magros presupuestos de la educación pública. Tenemos que pelear por la nacionalización del sistema, integralmente financiado por el Estado y que se garantice un verdadero acceso a la educación, universal y de calidad.

Por su parte, CTERA salió a denunciar que este sistema ya ha fracasado en diversos países y que desde “la lógica de mercado, para mantener la población escolar y acceder a los subsidios y cuotas "voucherizadas", se modificó la calidad de los proyectos educativos, se flexibilizó la evaluación, se amplió la cantidad de alumnxs por curso, se precarizó el trabajo y salario docente, entre otras medidas que nada tienen que ver con una Educación de calidad”. También denunció “la responsabilidad incumplida del Gobierno Nacional, porque tal como lo plantean la Ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento Educativo, el Estado es responsable indelegable de la Educación Pública en todo el país”.

Quieren venderlo como algo nuevo, ya se probó, ya fracasó

Los vouchers funcionan como un subsidio directo desde el Estado, otorgado a las familias que envían a sus hijos a escuelas privadas. Son una idea promovida por el economista Milton Friedman en los años 60; una forma de subsidio otorgado directamente a las familias en lugar de destinarse a las instituciones educativas.

Como se explica acá, Milei retoma una vieja receta neoliberal que es la de privatizar la educación. Es decir, que deje de ser un derecho. Según esta propuesta, los fondos de los que dispone el Estado para educación ya no financiarían a las escuelas, a los salarios de sus trabajadores y trabajadoras, a los recursos o infraestructura (es decir, la oferta) sino que lo haría directamente a los estudiantes o familias (es decir, la demanda) mediante un voucher con el que se podría “elegir” una institución educativa, de gestión pública o privada. Según Milei, este cambio generaría mayor competencia entre las instituciones y por lo tanto mejoraría su oferta educativa.

Chile es uno de los países que implementó el sistema de vouchers educativos desde la década de 1980, durante la dictadura de Augusto Pinochet. De manera mensual se le pagaba a la institución según la asistencia media de sus alumnos. Ese dinero debía sostener todos los gastos, desde la infraestructura hasta el personal. No funcionó. La consecuencia fue el crecimiento de los colegios con financiamiento compartido, creando una brecha cada vez más grande entre la educación municipal y la particular subvencionada.

En Suecia, En Nueva Zelanda, el sistema terminó fracasando, saliendo muy caro al Estado y criticado por todos.

Plata hay: necesitamos unir los reclamos y un plan de lucha para defender la educación pública

El 73% de los chicos, chicas y adolescentes de los niveles obligatorios va a escuelas estatales, un 22% va a escuelas privadas con subvención estatal y un 5% de los chicos va a escuelas privadas que no reciben ningún financiamiento por parte del Estado. El gobierno le saca la comida, los recursos y el salario de sus docentes a ese 73% para darle a un sector minoritario, que ya recibe, además, millonaria ayuda por parte del Estado.

Ante una realidad en la que 7 de cada 10 niños, niñas y adolescentes son pobres y 1 de cada 5 viven en la indigencia, lo que hace falta es fortalecer las jornadas completas, extender las becas, mejorar los refuerzos alimentarios,hacer obras y extensión en la conectividad de las escuelas y universalizar el boleto educativo. Pero también, recomponer el salario de cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de la educación que viven en la línea de pobreza o por debajo de la misma, según la jurisdicción. También, aumentar los presupuestos para infraestructura, y reparación de edificios que, como vimos con las tormentas, son un peligro para millones de estudiantes.

Unicef viene denunciando que el presupuesto (en comparación con el 2023) destinado a políticas sobre la niñez ha caído un 75%, en un marco de alto impacto inflacionario. La UCA ha denunciado que, incluso en las escuelas privadas, encontramos que 3 de cada 10 estudiantes son pobres. Esta medida, además de un ataque a la educación pública, es insuficiente incluso para paliar la pretensión de sostener la matrícula de las escuelas privadas.

Plata hay, si dejamos de pagar la deuda fraudulenta e ilegal. Si terminamos con los subsidios a los negocios privados.

Es necesaria y urgente la organización en las escuelas junto a las familias para defender la escuela pública. Las conducciones sindicales tienen que salir de la espera pasiva. Unir las luchas que se están dando y no dejar a las provincias aisladas. Necesitamos construir desde las asambleas de base un verdadero plan de lucha con continuidad contra las políticas de ajuste de Milei y los gobernadores.