El pasado 6 de abril se reabrió el debate, la SCJN deliberó sobre rechazar o reconocer el amparo solicitado por una empresa privada de la rama farmacéutica para comercializar productos con marihuana.
Yara Villaseñor Socióloga y latinoamericanista - Integrante del MTS - @konvulsa
Viernes 15 de abril de 2016
Con 6 sufragios en contra y 5 a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó el amparo solicitado por la farmacéutica Rubicón, bajo el supuesto de que una persona moral, como una empresa, no puede defender el derecho humano a la salud. Según argumentaron ministros en contra, Rubicón es una empresa de reciente creación, es decir, un membrete usado por sus inversores para beneficiarse del fallo.
Alfredo Gutiérrez, ministro a cargo de presentar el proyecto de amparo, argumentó la inconstitucionalidad de tres artículos que prohíben todo lo relacionado a la marihuana en tanto quebrantan el derecho a la salud de personas que pueden utilizar esta sustancia para disminuir sus padecimientos.
Aunque hubo posiciones que se manifestaron a favor de la creación de medicinas hechas a base de cannabis, no se pronunciaron por su legalización integral, condición necesaria para que los consumidores puedan acceder a un mercado regulado y con menores riesgos para la salud y la vida.
Consumo, adicción y estigmas
Si bien es cierto que una empresa privada no puede garantizar el derecho a la salud pues sus intereses giran alrededor de hacer ganancia -en el caso de una farmacéutica, comercializar la marihuana en medicamentos representaría un gran ingreso-, la prohibición de la marihuana va en contra del espíritu que la SCJN dice que busca preservar.
Primero, porque no garantiza sustancias de calidad para los consumidores, que en el caso de las drogas ilegales -sea marihuana u otras- es producto de los aditivos que los vendedores colocan en éstas para multiplicar la cantidad y aumentar las ventas, o para poder trasladarlas simulando ser otras sustancias. Tal es el caso del anticongelante o la orina con la que empapan a la marihuana para ocultar su olor, el uso de la harina, talco, bicarbonato de sodio, raticida u medicamentos pulverizados para cortar la cocaína u otras mezclas que, en realidad, causan más daño a los consumidores que las drogas mismas.
Segundo, porque ese argumento deja de lado que el mayor porcentaje de casos por intoxicación es producto de las drogas legales, mayoritariamente del alcohol como expresa el séptimo lugar que ocupa México en muertes relacionadas con accidentes automovilísticos bajo la influencia del alcohol, y cuyo consumo es la cuarta causa de muerte juvenil.
Y es que un adulto tendría que comer 180g de THC puro para lograr una dosis de intoxicación peligrosa para el cuerpo, siendo aun así muy poco probable que le cause la muerte. O tendría que fumarse casi 700 kg de marihuana en catorce minutos para un efecto letal.
Contra el prohibicionismo y la criminalización ¡sí a la legalización!
A la par de la legalización, el Estado debería implementar programas públicos de salud y atención para quienes sufren efectos nocivos en el cuerpo debido a la dependencia de dichas sustancias, para que cuenten con asesoría profesional y dosis reguladas y de calidad que sean distribuidas en los centros de salud. Esto requiere que se distinga entre el consumo y la adicción, abandonando todo tipo de prejuicios -basados en la moral burguesa- que estigmaticen y criminalicen a consumidores y adictos.
Ese derecho a la salud humana que dice defender la SCJN, no puede garantizarse sin plenas condiciones para una vida digna y plena, libre de violencia, lo que implicaría frenar la escalada de asesinatos producidos por la guerra contra el narco, que ha arrebatado la vida de cientos de miles de jóvenes y mujeres de sectores populares.
En realidad, el primer paso para frenar la violencia y cortar la pelea por las plazas es legalizar la marihuana y todas las drogas, atacando el elemento que vuelve a los estupefacientes uno de los negocios más rentables, el enorme excedente que genera su comercio ilegal.
Pero la legalización debe ir de la mano de cuestionar al aparato represivo del Estado, en tanto que el ejército y la policía están estrechamente ligados a los cárteles del narco como bien demostró la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Legalizar las drogas anularía el principal argumento que las fuerzas represivas utilizan para criminalizar y amedrentar a la juventud: la portación, distribución y consumo de drogas ilegales.
La lucha por la legalización es parte de la lucha por plenos derechos para la juventud y oponerse a ella deja a la juventud plebeya a merced del ejército asesino y de la policía represora, bajo un argumento que se ampara en un problema de “salud” para ocultar un problema de clase, pues la ilegalidad de las drogas afecta sobre todo a los jóvenes de los sectores populares y de la clase trabajadora, que son los que tienen que enfrentarse a sustancias adulteradas, de menor calidad, y quienes exponen su vida obteniéndolas de manera ilegal.
Legalizar todas las drogas de la mano de una política antiimperialista
Desde la Juventud del Movimiento de los Trabajadores Socialistas, nos oponemos a que el Estado burgués, su legalidad reaccionaria y sus instituciones al servicio de las grandes patronales -incluyendo la Iglesia- tengan injerencia sobre nuestros cuerpos y vidas.
La pelea por que la juventud y los sectores populares y de la clase trabajadora puedan acceder a la cultura, diversión, ocio y mayor libertad sexual, elementos indispensables para una vida plena, requiere enfrentar radicalmente al sistema capitalista y a sus beneficiarios, la gran burguesía y sus administradores.
En tanto que el fructífero negocio de las drogas se ha desarrollado internacionalmente, convirtiéndose en un nicho ilegal de ganancia para los grandes capitalistas, consideramos que la lucha por la legalización también debe ir de la mano de cuestionar los planes del imperialismo en nuestro país y toda Latinoamérica, que hoy utiliza la guerra contra el narcotráfico como excusa para militarizar la región.
Arrancar mayores derechos a los gobiernos burgueses, debe partir de desarrollar la movilización y organización independiente de los sectores populares, la juventud y las mujeres bajo un programa obrero que revolucione la estructura social y política del país.
La legalización de todas las drogas y la exigencia de desmilitarización inmediata del país debe volverse una consigna fundamental para los trabajadores y jóvenes combativos, así como para la izquierda anticapitalista y socialista.
