Mientras los precandidatos demócratas prometen una reforma migratoria, a los jóvenes “dreamers” no les entregan permisos de trabajo y la Border Patrol endurece las acciones contra los migrantes en la frontera.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Sábado 24 de octubre de 2015
Las acciones ejecutivas impulsadas por Barack Obama podrían frenar las deportaciones de aproximadamente 5 millones de indocumentados, padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por sus siglas en inglés) y extender la cobertura de la acción diferida de los dreamers de 2012, los jóvenes que llegaron al vecino del norte siendo niños, (DACA, por sus siglas en inglés). Sin embargo, otros 6 millones de migrantes sin papeles quedarían en el limbo, con el peligro de la cárcel y la deportación en cualquier momento.
Aun con estas limitaciones, millones de latinos tenían ilusiones en que la aplicación de estas medidas -actualmente frenadas por orden del juez Andrew Hannen en virtud de las objeciones impulsadas por los gobiernos de 26 estados- frenarían la separación de familias.
El pasado jueves 22 de octubre se esperaba un fallo de la Corte del Quinto Circuito de Nueva Orléans sobre estas medidas ejecutivas. No se expidió. Fue un nuevo revés para los migrantes.
Según declaraciones al periódico La Opinión de Jorge Mario Cabrera, portavoz de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes de Los Ángeles (Chirla), al no tener resolución la DACA y la DAPA, recién a partir de 2017 podrían tomar el tema la Corte Suprema de Justicia estadounidense.
Además el 20 de octubre pasado, un grupo de 30 manifestantes iniciaron una huelga de hambre frente al Monumento a la Segunda Guerra Mundial, en Battery Park, como protesta para que se permita la aplicación de las medidas ejecutivas.
Los jóvenes que ya tienen el DACA y necesitan renovar los permisos de trabajo enfrentan un gran retraso en el trámite. Esto implica la pérdida de trabajo y la precarización de las condiciones de empleo.
Fronteras blindadas
Mientras tanto, de acuerdo con denuncias de la organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW), en el último año se ha endurecido el trato hacia los migrantes en la frontera mexicano-estadounidense. Quienes piden asilo y también las personas descubiertas por la Border Patrol sin documentos son encarcelados.
Los migrantes huyen de la miseria, de la violencia del crimen organizado que quiere someterlos para laborar ya sea en narcotráfico o en la trata de personas; muchas mujeres escapan de la violencia doméstica. Si sobreviven a las fuerzas represivas y al crimen organizado en México, se topan en Estados Unidos con un muro cada vez más difícil de superar.
Y esa crisis brutal que se vive al sur de Estados Unidos fue generada en gran medida por la política de los gobiernos estadounidenses hacia la región: Iniciativa Mérida, TLC, armar a la derecha, como en El Salvador, operar golpes de Estado, como el último en Honduras, en 2009.
La Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) tiene más de 3,000 camas en centros de detención para migrantes y los administradores son empresas privadas. Una de ellas es GEO Group Inc, que administra el centro de detención familiar de Karnes City, Texas, uno de los más cuestionados por el hacinamiento y maltrato a los migrantes.
Estas corporaciones privadas tienen una garantía mínima de detenidos: Krome Detention Center, 450, Broward Transitional Center, 500. Y emplean a las personas privadas de su libertad para trabajos administrativos, de limpieza y de cocina a cambio de…1 dólar la hora.
Para estas empresas, el negocio es redondo: le cobran al Estado por cada plaza ocupada y explotan a las mismas personas detenidas para que realicen una parte de las labores para mantener los centros de detención en funcionamiento.
A su vez, el hecho de que tengan una garantía mínima de detenidos, implica que las fuerzas represivas, en este caso los agentes de migración estadounidense busquen cubrir la “cuota”.
Y, abonando también al beneficio de los empresarios, el terror bajo el que viven los migrantes en Estados Unidos los orilla a aceptar una precarización laboral cada vez mayor.
El ayuno como medida de presión para obtener la aplicación de las medidas ejecutivas de Obama es una acción desesperada. Y a pesar del valor y la decisión de quienes la emprendieron es impotente. El gobierno imperialista no cederá ante medidas de presión de esta índole: criminaliza y detiene en su territorio, incluso a niños, impuso el Plan Frontera Sur en México, si avala que los agentes de migración ataquen a las personas en tránsito hacia el norte, que las arrojen a los brazos del crimen organizado.
Para poner un freno a la criminalización de los migrantes y que éstos obtengan plenos derechos civiles, políticos, laborales y sociales es necesaria la unidad de los migrantes de todas las nacionalidades, con la comunidad latina afincada hace generaciones en el gigante del norte. Y sí se puede: la solidaridad con Ayotzinapa lo demostró.
Y más aun: hay que soldar la unidad con los afroamericanos, como se vio en las calles durante las movilizaciones contra la violencia racial, y también con los trabajadores anglosajones.
La lucha por plenos derechos para los migrantes es también la lucha por la abrogación de los acuerdos que imponen la degradación de las condiciones laborales al sur de la frontera, es también la lucha contra la militarización y la injerencia imperialista en la región.
