
Yara Villaseñor Socióloga y latinoamericanista - Integrante del MTS - @konvulsa
Miércoles 8 de abril de 2020
Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), llamó a sindicatos, empresas y a organizaciones sociales a conformar un gran pacto nacional –sin el gobierno- que busque enfrentar unitariamente la pandemia del COVID-19. Explícitamente, Salazar planteó que la propuesta apela a los sectores de la iniciativa privada y los sindicatos debido a la negativa del presidente de construir un pacto con estas características.
Las patronales buscan apoyarse en las burocracias sindicales para preservar sus ganancias haciendo que la crisis recaiga sobre los trabajadores, como ya demuestran las medidas tomadas en varias fábricas y centros de trabajo: despidos, suspensiones con reducción salarial o a cuenta de vacaciones y paros técnicos.
Sorprende que el CCE declare la falta de disposición al diálogo por parte de AMLO aun después de dos reuniones del mandatario con empresarios. En una videoconferencia frente a miles de empresarios que expresaron su inconformidad, Salazar instó a la unidad del sector privado en tiempos de crisis sanitaria y alentó a expresar el descontento frente al gobierno en las elecciones intermedias del 2021.
La propuesta central del CCE es que las grandes empresas “adopten una MiPyme”, ayudando a pagar a los proveedores y garantizando liquidez para los pequeños negocios. Sin estas medidas, Salazar declaró que sus proyecciones alcanzan el millón de desempleados y una inflación de entre 6 y 10%.
Por muy crudos que sean estos números, están aún por detrás de la cifra presentada por el centro de estudios Espinosa Yglesias, que declaró que la pandemia puede dejar a México con 21 millones de nuevos pobres. Por su parte, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado calcula que México en 2020 sufrirá la mayor caída del PIB en 88 años.
En realidad, lo que subyace el reclamo del CCE es que las propuestas presentadas por AMLO para hacer frente al COVID-19 están por detrás de los salvatajes a la iniciativa privada por parte de gobiernos anteriores.
Aunque López Obrador beneficia a los empresarios con créditos baratos, prometiéndoles que les devolverá el IVA, respetando sus ganancias privadas y sin tomar medidas efectivas frente a la oleada de despidos y reducciones salariales que están implementando las patronales, los empresarios quieren más.
Para enfrentar la crisis sanitaria y preservar la vida de los trabajadores, no bastan los llamados al “humanitarismo” empresarial por parte del gobierno. Es urgente que se decrete o se legisle la prohibición de despidos y que las suspensiones sean pagadas al 100% del salario, impuestos extraordinarios a las grandes fortunas y el no pago de la deuda pública para garantizar todo lo necesario frente a la pandemia, así como subsidios de emergencia, al nivel de la canasta básica, para todo el sector ocupado en la economía informal.