Siguen las negociaciones entre los partidos soberanistas para mantener a Puigdemont como president de la Generalitat pese a la amenaza del Gobierno central, mientras sigue también en curso la cruzada represiva en todos los ámbitos de la sociedad catalana.
Arsen Sabaté Barcelona | @ArsenSabate
Jueves 8 de febrero de 2018
Carles Puigdemont se expone a ser detenido nada más poner un pie en Catalunya. Esto quedó más que claro el pasado 31 de enero y los días previos a la fallida sesión de investidura. Cientos de agentes de la Guardia Civil patrullando la frontera, intensificación de los controles en las carreteras y policías entrando en las cloacas (o saliendo de ellas, según se mire).
Ante ello, JxCat, ERC y CUP estarían llegando a un acuerdo para la formación del nuevo Govern. Un acuerdo entre los tres partidos del bloque soberanista que desencallaría la situación abierta tras el aplazamiento sin fecha de la sesión de investidura.
Tras intensos días de reuniones, el acuerdo pasaría, según informa RAC1, por una doble investidura. De manera que por un lado se reconozca la presidencia de Carles Puigdemont de forma simbólica y por el otro una presidencia efectiva a través de la elección de otra figura que reúna el consenso necesario para ambas formaciones políticas. Y esta sería, también según la información de RAC1, Elsa Artadi, portavoz parlamentaria de JxCat.
Por su parte, el mecanismo para reconocer a Puigdemont sería a través de la elaboración de un texto que pueda restituir simbólicamente el cargo como president, aunque sin valor jurídico.
No obstante, y a pesar de las negociaciones para la investidura, esta semana tiene otros muchos frentes en lo que respecta a la situación política de Catalunya. Y todos siguen cruzados por la represión que se viene sufriendo desde la aplicación del 155.
De hecho, este jueves, fecha en la que parece que más están avanzando las negociaciones, coincidía con la visita del president del Parlament, Roger Torrent, a las prisiones de Estremera y Soto del Real, donde Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart siguen presos acusados de delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos los dos primeros y de sedición los “Jordis”.
Por otra parte, esta semana ha sido también noticia la intención del Gobierno de Mariano Rajoy de prohibir los indultos por delitos de rebelión y sedición, ¡Que casualidad! El ministro de Justicia, Rafael Catalá lo justificaba diciendo que es “una demanda social”.
Así, estos delitos, se sumarían a otros que ya están supuestamente exentos de indulto como son el terrorismo, el homicidio doloso, financiamiento ilegal de partidos o la corrupción de cargos electos. Y decimos supuestamente porque han sido numerosos los condenados por terrorismo o corrupción que se han visto beneficiados por un indulto por parte de los diferentes gobiernos durante años. Ejemplo de ello son Rafael Vera y Jose Barrionuevo, ex-secretario de Estado y ex-ministro de Interior respectivamente, ambos condenados como integrantes del GAL. Sin embargo, los condenados por rebelión y sedición no parece que vayan a seguir la misma “suerte”.
Además, y siguiendo con la represión en Catalunya, esta semana se ha conocido que dos militantes de la CUP han sido citados a declarar por su participación en la huelga general del 8-N. El próximo 25 de abril deberán personarse ante el juez acusados de delitos de desordenes públicos.
Sin duda, medidas que ya no sorprenden a nadie y que se suman a la cruzada represiva, no solo contra los dirigentes del bloque soberanista o representantes de los partidos independentistas, sino que con el 155 la represión ha llegado a todos los ámbitos de la sociedad catalana.
Solo hay que ver la persecución que se está empezando a llevar a cabo contra los integrantes de los CDR o los profesores de investigados por presuntos delitos de incitación al odio por el supuesto trato que se dio de los hechos del 1-O a sus alumnos. O el mecánico de Reus que se negó a arreglar el vehículo privado de un policía nacional. Todo ello, además, sin olvidar las decenas de causas abiertas contra otras muchas personas por los mismos delitos o las primeras sanciones por participar de las jornadas del 1-O y el 3-O, incluyendo mecánicos y humoristas.
Y por si fuera poco, y acabando también con un toque de “humor”, los miles de agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que intervinieron el pasado 1-O contra ciudadanos indefensos, ancianos, mujeres y niños, tendrán su recompensa. No es solo ya que tan solo dos agentes hayan sido citados ha declarar cuatro meses después de lo hechos, sino que los responsables policiales de los más de mil heridos de diferente consideración en más de 50 cargas policiales repartidas por toda Catalunya, disfrutarán de un fin de semana de relax en la cadena hostelera de Hosteltur de Murcia, todo por el trabajo “bien hecho”.
