CARCELES. Protestas y huelgas de hambre en Devoto y otros penales del país

Foto: Catalina Medrano

El aberrante crimen de Micaela García conmocionó a toda la sociedad por el actuar del juez que dejó en libertad y por la ineptitud de la Policía en no tomar la denuncia de una menor que había denunciado que el agresor de Micaela, días atrás había intentado abusar de una nena de 13 años amenazando vía la red social facebook con mensajes nefastos mientras la Policía y la Justicia no hacia nada.

Un reciente articulo de la referente de la agrupación Pan y Rosas Andrea D’atri, titulado “No en nombre de Micaela (ni de ninguna)”reflexiona: “El discurso reaccionario de la derecha política siempre se cuela, aprovechando el dolor por las víctimas para fortalecer su opción punitivista al combate de la opresión patriarcal”

Es así como llega de nuevo a la discusión de la nefasta reforma de la Ley 24.660 impulsada por Luis Petri de Cambiemos que ya tiene media sanción en Diputados donde coarta las salidas transitorias y la libertad condicional.

Esta ley exige todo el cumplimiento de la pena sin ningún tipo de beneficio yendo contra la Constitución Nacional y contra todos los tratados internacionales. Es una reforma que profundiza las leyes impulsadas en el 2004 por el falso “ingeniero” Juan Carlos Blumberg, con el visto bueno del kirchnerismo que aplicó mas penas punitorias, y represivas.

Especialistas en la materia aseguran que:“es una ley que va a causar un gran impacto social, va a producir, motines, hacinamiento y el fin de la pena del preso será cuando este muera”.

Ante esta situación los privados de su libertad del penal federal de Villa Devoto en el año 2016 comenzaron una huelga de hambre y protestas, que consistían en ruidazos y quema de mantas para demostrar su descontento.

Voces desde adentro de los muros

La pregunta surge nuevamente después de la nueva andada punitivista por parte del Estado ¿de que les serviría tener buen comportamiento o estudiar a las personas privadas de libertad, si no obtendrían ningún beneficio?

Esta respuesta la responde uno de los internos en una carta que le hace llegar a La Izquierda Diario que para preservar su identidad no vamos a citar su nombre.

Su carta dice:

En estas pascuas y con la noticia de la reforma de la ley de ejecución de penas 24.660, varios penales del país se alzaron en huelga de hambre a modo de reclamo. Devoto, una de las cárceles más grandes del servicio penitenciario, que alberga a más de 1800 internos en su gran mayoría procesados inició esta medida.

Es sabido que el motivo que precipitó el tratamiento de la postergada reforma fue el caso Micaela y su aberrante muerte.

Ante la conmoción social los operadores del Estado, una vez más, en su afán de dar respuestas ante su incumplimiento dentro y fuera de las cárceles argentinas, avanza una vez más con reformas “mágicas” que auguran mayor seguridad. Hemos experimentado este tipo de experimentos legislativos que aseguraban mayor seguridad en 2004 con las llamadas reformas Blumberg, y el fracaso está a la vista.

Ante la amenaza estatal de penar a una persona por un homicidio teniendo que purgar condenas superiores a los 40 años, la realidad le arrojó que eso no fue motivo para disminuir los hechos de sangre que pueblan los titulares en sus crónicas policiales. Lo cierto es que más castigo no arrojó la respuesta esperada por sus mentores. Las cárceles en palabras de la Ministra de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco “los condenados egresan igual o peor que cuando fueron detenidos”. Ante tamaña declaración, creemos que es el Estado argentino y sus respectivas instituciones las que están en falta.

La solución está en abordar de manera seria y responsable lo que sucede en los establecimientos penitenciarios y fiscalizar el tratamiento que se dice brindarles. Millones de pesos se destinan para sustentar una estructura que no funciona.

Clara muestra de ello son los fracasos que expusieron distintos organismos de Derechos Humanos.

Las cárceles se han transformado en grandes depósitos de personas condenadas y muchísimas mas en prisión cautelar, sin siquiera estar probado el delito que se dice imputárseles.

En el siglo XXI donde estamos atravesados por la tecnología no hemos logrado encontrar medidas alternativas más económicas para descomprimir las cárceles y lejos de ello los políticos de turno pretenden construir mas. Seguimos abultando el gasto publico con políticas obsoletas.

El Estado no logro resolver el “pequeño” problema de la prisión preventiva, en donde en un 60% de los que se encuentran en los establecimientos penales no poseen condena, producto de la ineficacia de los operadores policiales y legislativos, incapaces de implementar programas que intenten aplicar menos punitivismo al pueblo trabajador y el encarcelarlos “por si las dudas”.

Aquel Estado que se nutrió de una infracción a una normativa y que confisca el conflicto entre las partes, lejos de diseñar políticas efectivas de resolución de conflictos y medidas alternativas sustitutivas a la prisión, sólo responde con encierro cautelar.

No conforme con ello y ante su evidente fracaso de administración en las cárceles, hoy impulsa políticas regresivas que las abarrotaran de detenidos incrementando aún más la violencia intracarcelaria.

Interrogantes ¿un condenado que sin el beneficio de egresos transitorios y libertad condicional cuando recupere su libertad sin haber recibido un verdadero tratamiento, será garantía de que no volverá a delinquir? ¿Antes de reformar una ley afectando el avance progresivo e inclusivo en el medio social donde interactuará el condenado, no sería mejor auditar las cárceles y cerciorarse porque falla la reinserción social? Seguramente que si, pero lo cierto es que detrás de estas reformas con fines electoralistas lo único que se pretende es desviar la atención de la sociedad para justificar oscuros negociados.

La reforma de la ley de ejecución no traerá en lo inmediato ni a largo plazo ninguna mejora a la seguridad de la sociedad, y el triste panorama que se avizora es más violencia. Las instituciones carcelarias no han tenido programas para los egresos transitorios y libertades condicionales. Y por la falencia estatal ¿será ahora el detenido quien deba pagar por esa negligencia estatal? ¿Qué hay detrás de esta reforma? Privatizaciones de cárceles, reformas orgánicas de la fuerza, y todo seguirá igual, de brindar un tratamiento real a los internos no se habla! ¿Quienes son los responsables de pedir auditorías a los Servicios Penitenciarios? ¡los diputados! ¿Porque no se toman medidas ante las innumerables denuncias de los organismos como Procuración Penitenciaria? ¿Porque no hay un control cuando los condenados egresan? ¡Dejaron de ser rentables!

Ante esta situación les pedimos a los organismos de derechos humanos, a los familiares de detenidos y ex detenidos de los penales que el día miércoles 18 a las 15 hs se acerquen al Congreso para decirle: ¡No a la reforma regresiva de la Ley de la ejecución de la pena 24.660! a decirle ¡No a la baja de la edad de imputabilidad! A decirle ¡No a la persecución a los luchadoras! ¡Basta de presos políticos!

No todos los presos somos violadores o femicidas.

Terminada la carta, nos fue enviado un video en donde muestra el descontento de la población carcelaria el día domingo en el nuevo comienzo de la huelga de hambre y los ruidazos, esperando que se plieguen los distintos penales del país para decirle no a esta reforma que nos lleva a los años mas oscuros de nuestras épocas.

Recordemos que la huelga pasada del mes de diciembre los internos tuvieron que sufrir grandes humillaciones por parte del Servicio Penitenciario Federal endonde en una requisa por estar en protesta se llevaron hasta los inodoros.

Los internos de los penales informan que se sumaran a esta huelga de hambre y protestas hasta que sus reclamos sean oídos, afirman que esto recién comienza.

Recetas que no funcionan

En la provincia de Mendoza ya se esta implementando esta reforma ¿los resultados? Todo lo contrario a lo esperado, se aumento un 69 % las personas privadas de su libertad ¿y el delito? Aumento en un 19 %.

Se llegó al pico máximo histórico de personas dentro de los muros de concretos carcelarios, hay 70.000 personas privadas de su libertad (mayoría del pueblo trabajador) las cuales solo un 40 % posee condena. Si contamos las personas que están detenidas ilegalmente dentro de las comisarías – las comisarías por ley no deben funcionar como centros de detención, solo de paso- el número aun es mayor.

A los distintos penales del pais ingresan 2200 personas y solo egresan 700.

En el caso del narcotráfico con la nefasta Ley 27.737, el 97 % de la población carcelaria son por “mulas” y el 3 % restante serian “grandes narcotraficantes”. Obviamente el poder político y policial son partícipes necesarios de este negocio, no son parte de ese 3 %, ni tampoco de ese 97 %.

Las personas mueren por enfermedades altamente curables, en la unidad de Florencio Varela hay un solo medico para 800 personas.

Hay 130 mujeres que tienen a sus hijos en las cárceles

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Las personas privadas de su libertad viven en condiciones infrahumanas, sin las condiciones mínimas estipuladas por la ONU para los penales además, constantemente son torturadas por parte de los distintos sistemas penitenciarios, tanto provinciales como federales.

Mientras tanto el gobierno de Mauricio Macri, con aval del Massismo y el FpV-Pj quiere aumentar el punitivismo a todo lo que vaya en contra del ajuste que quieren implementar.

No solo hace falta decirle ¡No a la reforma 24.660! si no también es necesario derogar la primera “reforma Blumberg” que dejaría mejor preparado a todos los luchadores para afrontar cualquier avanzada coercitiva con el poder judicial y las fuerzas represivas, es necesario que este miércoles 18 a las 15 horas todos los organismos de derechos humanos se movilicen contra esta ley que quiere volver a las cárceles de los años 1700.