La adhesión con restricciones o directamente la no adhesión de las provincias a este protocolo sigue poniendo en riesgo la vida de niñas y jóvenes embarazadas por abusos sexuales.
Miércoles 20 de mayo de 2020 19:11
Santiago del Estero nunca adhirió al protocolo de Interrupción Legal del Embarazo. Esto que parece ser solo el incumplimiento de una resolución nacional tiene consecuencias gravísimas en la salud de las mujeres y cuerpos gestantes. Y ¿por qué? Porque por ejemplo María, una niña de 12 años que producto de un abuso sexual quedó embarazada, no puede interrumpir legalmente su gestación, a pesar de que su vida corre riesgo.
Te puede interesar:Santiago del Estero niegan el aborto legal a una nena 12 años
Te puede interesar:Santiago del Estero niegan el aborto legal a una nena 12 años
Entre las primeras resoluciones que tomó el ministro de Salud, Ginés González García, se estableció un protocolo nacional para la interrupción legal del embarazo.
Pero ¿qué es este protocolo? Es una herramienta que permite estandarizar la intervención de los cuerpos médicos, que son los responsables de garantizar este derecho, reconocido hace casi cien años.
"Desde el punto de vista clínico, el protocolo incorpora las recomendaciones internacionales acerca de los procedimientos para la interrupción legal del embarazo –dosis de medicamentos y aspiración manual endouterina (AMEU)– y refuerza la importancia del acceso rápido a la atención integral", afirmaba el ministro de Salud González García.
Que exista esta normativa a nivel nacional es importante, sin embargo no resulta suficiente ya que en nuestro país hay provincias que no adhirieron a este protocolo y otras elaboraron uno propio que no se ajusta a la norma. La no adecuación a lo impartido por el máximo Tribunal, mediante el conocido “Fallo F.A.L.” se traduce en que, por ejemplo, los centros de salud soliciten autorizaciones judiciales, o más grave aún que directamente no se les informe que pueden solicitar una interrupción legal negando así la posibilidad de acceder a un derecho.
En la actualidad son 11 las provincias que adhirieron al protocolo ILE (Interrupción Legal del Embarazo): Jujuy, La Rioja, Misiones, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego, Entre Ríos, Chaco y Buenos Aires.
Dentro de las provincias que no cumplen con esta disposición están Catamarca, Corrientes, Formosa, Mendoza, San Juan, Santiago del Estero y Tucumán.
Justamente en algunas de estas provincias se han producido hechos muy graves que involucran a niñas. Recordemos el caso de Lucía de 11 años en Tucumán obligada a continuar con un embarazo luego de sufrir un abuso sexual. En la provincia de Juan Manzur del Frente de Todos, los sectores antiderechos tienen el sufiente poder como para obstaculizar una práctica médica y evitar que una niña puede ejercer su derecho.
Algo similar ocurre en San Juan, provincia que no adhiere al protocolo y en donde la ministra de Salud, Alejandra Venerando, declaró respecto de este procedimiento que: “cada provincia es diferente en cuanto a su idiosincrasia. No es lo mismo la población de una provincia como Buenos Aires a la nuestra. Tenemos que hacer hincapié en la prevención, más que trabajar en algo que termina en una cuestión tan fea. Hay una pobre educación sexual integral".
Recordemos que en San Juan se está impulsando una movilización en contra de la legalización del aborto y que su gobernador, Sergio Uñac, afirmó en varias oportunidades que su provincia era “próvida”.
Te puede interesar: La liga antiderechos nuevamente a la carga en contra del aborto
Te puede interesar: La liga antiderechos nuevamente a la carga en contra del aborto
Mientras que las que funcionan con protocolos inadecuados son: Córdoba, La Pampa, Neuquén, Río Negro y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El caso de Córdoba resulta un ejemplo muy claro de como los sectores antiderechos obstaculizan los procedimientos. En el año 2012 el ministerio de Salud cordobés habilitó su propia guía para abortos no punibles. Sin embargo pudo implementarse a partir de septiembre de 2018, ya que la ONG Portal de Belén, interpuso sucesivos recursos de amparo con el único propósito de que el acceso a la ILE fuera garantizado en toda la provincia.
El fallo existe, el protocolo de aplicación para proceder ante una interrupción legal de un embarazo también. Sin embargo asistimos a diario a casos que vulneran una y otra vez el derecho de mujeres y niñas que, atravesando situaciones muy difíciles, se les niega sistemáticamente este derecho.
