Movimiento de Mujeres. Protocolos contra la violencia sexual: entre lo punitivo y lo progresivo

La irrupción de tomas y paros de mujeres en universidades y liceos ha protagonizado el debate nacional este último tiempo y no ha dejado a nadie indiferente. La violencia machista que vivimos las mujeres en todo el mundo ha llenado de fuerza al movimiento feminista, gritando “basta”, organizándonos y movilizándonos. Este movimiento, que toma mayor ímpetu, expresa el profundo hastío ante el machismo, sentimiento legítimo y progresivo luego de siglos de ser oprimidas y silenciadas. Sin embargo, como ante todo movimiento que busca transformaciones, no está ajeno de contradicciones, y el debate de sus perspectivas es fundamental para quienes buscamos realmente acabar con la violencia machista.

Debido a la complicidad de las autoridades respecto al machismo es que comenzaron, hace un par de años, las discusiones que ponían al centro la necesidad de protocolos universitarios para enfrentarlo. Hoy, estas se vuelven un fundamento central de las movilizaciones, como viene siendo en la toma del ex-Pedagógico, universidad en que nos desarrollamos como estudiante y funcionaria quienes escribimos este artículo. Pero, así como existen distintas posturas respecto a cómo enfrentar el patriarcado, no existe una visión única sobre el contenido de los protocolos y consideramos que no toda propuesta constituye un avance.

Entre la impunidad estatal y el #YoTeCreo

La campaña #MeToo, que surgió el año pasado, con la aparición de denuncias públicas a diversos personajes del espectáculo, fue el puntapié para abrir paso a un sin fin de denuncias por las redes sociales, consiguiendo mayor visibilización de la violencia sexual a las mujeres. Con este destape se abre un controversial debate -para muchas incómodo- respecto a la efectividad de las funas y el principio del #YoTeCreo como respuesta a un sistema judicial que deslegitima las denuncias de las mujeres. Y es que, para la mayoría de las feministas, no es desconocido que el Estado y su justicia toma medidas, por decir lo menos, insuficientes frente a la violencia machista.

Las mujeres sufrimos el cuestionamiento de la policía, jueces, autoridades o medios de comunicación tradicionales cuando denunciamos, cuando la verdad es que la violencia machista no se justifica en nuestros. Ante esta situación, y como algo genuino, surgen movimientos como #MeToo o #YoTeCreo. Susan Watkins plantea elementos de crítica que impedirían la radicalización de estos movimientos, posibilitando un cuestionamiento mayor: no sólo del síntoma, también de la enfermedad. Entre ellos: su restricción temática sin idear políticas globales para enfrentar la violencia sexual en términos estructurales, los protocolos de género en las universidades estadounidenses atadas a un modelo universitario regimentado por el neoliberalismo, y la constatación del acoso sexual como un hecho a resolver post factum.

El enfoque de resolución de #MeToo sería entonces de crimen y castigo. La reivindicación de la lucha contra la discriminación con enfoque punitivo que derivaría, en palabras de Susan, en “la aceptación de cualquier acusación como acto de bona fide; el foco en la penalización de los hombres post factum, y el castigo ejemplar de algunos para disuadir a todos sin ninguna política de autoemancipación femenina. Dentro de esta estructura la presunción de culpabilidad y el castigo desproporcionado para algunos son aspectos positivos para tener un mayor efecto de disuasión. A esto se agregó la práctica novedosa del juicio a través de redes sociales, contra hombres individuales, presionando para aplicar la norma "culpable si es acusado".

Funa individual, un camino para fortalecer el punitivismo estatal

Del hartazgo a la visibilización de la violencia, ¿cuál es la salida para acabar con el machismo? Sectores del feminismo, como el separatismo, ante la desconfianza en la justicia y castigo del Estado, toman esta justicia “en sus propias manos” y reivindican la defensa y prevención de las víctimas por medio de las funas por redes sociales y el escarnio público.

El método de la funa expresa la impotencia ante la impunidad, pero sus límites ya son visibles para muchas y muchos. Se iguala a todos los hombres como enemigos -o enemigos en potencia-, y se individualiza en un hombre el patriarcado y el machismo; desdibujando que la opresión a las mujeres es sostenida por el Estado capitalista y sus instituciones como la Iglesia, que legitima la violencia de la mano de gobiernos que impulsan leyes para mantener los intereses de los empresarios a costa de las vidas precarias de cientos de mujeres y hombres.

Aquí caemos nuevamente en la impotencia. Nos destina a la eterna resistencia, alejándonos de una estrategia que nos permita acabar realmente con el machismo. Si bien sabemos que en la mayoría de los casos quienes nos agreden y violentan son hombres, no todos son agresores per se, o potenciales agresores. De ser así, no hay posibilidad alguna de la alianza de las mujeres con otros sectores oprimidos de la sociedad, como la diversidad sexual, el pueblo mapuche, los inmigrantes y los trabajadores. Sin capacidad de fortalecer la lucha de las mujeres, desdibujando las diferencias de clase que existen dentro del mismo movimiento.

La conveniente alianza entre patriarcado y capitalismo se beneficia de esta impotencia o espacio de “resistencia” de las mujeres, manteniéndonos en el rol de víctimas incapacitadas de transformar la realidad y condenadas a depender del Estado como un garante de la ilusión de un “espacio más seguro”, mientras se lava las manos y la cara de un delito en que es el principal responsable. Pero como dice Andrea D’Atri, para el derecho burgués “el agente de un delito es singular y es imposible sentar al patriarcado en el banquillo de los acusados”.

Mientras, el Estado y sus gobiernos aprovechan, con las lógicas de la punición, de fortalecer la policía o juzgados legales, aquellas instituciones que como hemos visto a lo largo de su existencia existen para resguardar la propiedad privada y para golpear, criminalizar y asesinar a quien se muestre como oposición al orden establecido.

Necesitamos pelear por cada uno de los derechos que nos han quitado, como un plan de emergencia que prevenga la violencia contra las mujeres con subsidios y oportunidades laborales, financiado por la nacionalización de los recursos naturales bajo gestión de los trabajadores y por el impuesto progresivo a las grandes fortunas. Pero debemos saber que es imposible acabar con la violencia machista a través de leyes o reformas dentro de los márgenes del capitalismo.

La utopía que presenta el Frente Amplio es muestra de aquello, buscando modificar y perfeccionar los anuncios de Piñera, pero sin buscar atacarlos o enfrentar al Gobierno, los intereses de los empresarios o de la misma Iglesia. Limitando la lucha de las mujeres a protocolos, ordenanzas municipales como la del UDI Joaquín Lavín en Las Condes o mayores penas y dejando de lado importantes luchas como el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito.

En el ex Pedagógico: un protocolo antidemocrático

Partimos de la base de que la exigencia de protocolos significa una apertura progresiva en el movimiento estudiantil, recordamos que en el ex-Pedagógico, la exigencia parte el 2016 con una movilización de más de 150 ante la complicidad de rectoría que permite a profesores de planta y jefaturas seguir ejerciendo pese al puñado de denuncias comprobadas en su contra. Pero es contradictorio: a su vez que permite tener herramientas para enfrentar los casos y hacer más soportable la vida de miles de mujeres, principalmente, afectadas por el machismo; constituye también un arma de doble filo, pues puede terminar favoreciendo a las autoridades universitarias que no dudarán en utilizar estas medidas contra luchas, reclamos y movilizaciones, dependiendo del uso y el contenido que se les otorgue.

Las autoridades universitarias se toman de esta demanda para institucionalizarla y parecer pro-mujeres. Luego de años de encubrir casos de machismo y de mantener mallas curriculares sexistas (mientras ganaron jugosos sueldos), hoy plantean estar con las mujeres. Como el caso de Jaime Espinosa, rector hace 12 años del ex-Pedagógico que cuenta con un largo prontuario de denuncias que ha puesto bajo su alfombra y administra una universidad donde la precariedad laboral tiene rostro de mujer, pero que hoy avala la movilización, se abre a aprobar las demandas e incluso convoca a un claustro de género a su medida. Mientras busca desviar la mirada a la crisis institucional que existe en la Universidad.

¿Por qué? Porque esto le beneficia. El protocolo, como se viene discutiendo en el ex Pedagógico, no busca transformar la estructura jerárquica de la universidad, manteniendo que sea la Junta Directiva la que tome las decisiones respecto a cada denuncia. La misma Junta, compuesta por tres representantes elegidos por el Presidente de la República, tres designados por el Consejo Académico (personalidades relevantes del ámbito cultural), tres designados por el Consejo Académico de entre los profesores titulares y asociados de la universidad, a la vez que el Rector, con derecho a voz y el Secretario General, que, no solo perpetúa el machismo, sino que sostiene condiciones miserables para las y los trabajadores del establecimiento y una educación precaria.

Pero además, esta propuesta de protocolo no representa a la comunidad universitaria de conjunto, no es posible que menos de 40 personas, puedan decidir esta importante herramienta, más aun si contiene en sí mismo propuestas que incluso podemos tildar de “antiobreras”, en el marco de que hemos conocido a través de las propias publicaciones hechas en el espacio virtual de la toma, un listado de funcionarios y funcionarias integradas en una lista de "funa" donde no existe una diferenciación alguna de los grados de acoso que se les acusa, y más aún se ponen al mismo nivel del Rector y el conocido ex jefe de aseo y ornato de la universidad, quien judicialmente hoy tiene un proceso en curso de demandas por acoso laboral y sexual, a quien además se le conoce un primer fallo judicial que se le señala como culpables de los casos abiertos a la justicia, donde actualmente las autoridades de la universidad están buscando apelar para poder reducir el dinero que se le exige pagar.

A la vez, esta corriente del feminismo, no solo plantea una lucha de sexo contra sexo o de rechazo per se a los hombres, sino que utiliza la funa, igualando toda forma de machismo, para poner freno a expresiones diferentes de sus ideas. Más aun cuando se trata de organizaciones políticas de izquierda o de feministas revolucionarias, revistiendo su antipartidismo como si el separatismo no actuase como una corriente política también, en ese sentido, son mucho más contradictorios los elementos que se expresan en la movilización en las universidades, como en el ex-Pedagógico, poniendo por delante el veto a las corrientes políticas, lo que no representa en este marco más que un actuar reaccionario, violento contra compañeras que también luchamos contra el machismo, de censura política, y antidemocrático.

Protocolos democráticos e independientes de las autoridades: necesarios pero insuficientes, ¡vamos por más!

La pelea por protocolos es fundamental para dotarnos de medidas que nos permitan enfrentar los casos de violencia machista dentro de la universidad, como una garantía paliativa para desempeñarnos de mejor forma. Pero estos no deben estar en manos de las autoridades que promueven y sostienen la ideología que impera en el conjunto de la sociedad. Así también, deben constituir no solo medidas de sanción, también, medidas preventivas como la necesidad de espacios de debates formativos, cátedras y capacitaciones que permitan el cuestionamiento cotidiano a profesoras/es, funcionarias/os y estudiantes.

Se requieren herramientas que canalicen las denuncias de acoso sexual que violentan la integridad de las personas. Esta denuncia debe ser una vía que nos permita abrir un proceso, donde quien denuncie pueda tener el respaldo y la seguridad de contar con un relato anónimo si así lo quiere, evitando su revictimización y contar con un equipo interdisciplinario (de sicología, educacional y jurídico) para llevar a cabo la denuncia.

Para que esto se garantice, el proceso debe ser conducido por una comisión compuesta por representantes electos/as democráticamente por los tres estamentos que conforman la Universidad, con independencia de las autoridades universitarias o las jefaturas de las y los trabajadores, para que estas no tengan un rol de decisión ni de amedrentamiento a quien denuncia o investiga.

Así también, es necesario que cualquier protocolo contra la violencia machista, integre el derecho a la legítima y democrática defensa de quien está siendo denunciado/a, que de no hacerlo, estaríamos dando por sentado que quien está siendo denunciado es culpable a priori de lo que se le acusa, abriendo paso a que sectores reaccionarios de la universidad utilicen estas denuncias como métodos para atacar a quienes se organizan y movilizan contra sus intereses o por transformar la Universidad.

La pelea debe ser por un protocolo reconocido por la institución educativa donde no sean las autoridades quienes decidan sobre las medidas que se tomen, porque las y los estudiantes y trabajadores de las universidades tengamos el derecho real a decidir a través de una discusión democrática de los distintos estamentos, es finalmente una pelea por enfrentar los viejos organismos que sostienen la universidad de mercado, que se sustenta en la precariedad y el sexismo.

Es la tarea, por lo tanto, del movimiento de mujeres, pelear de la mano de todo el movimiento estudiantil y los trabajadores por la democratización de las universidades, con un programa que apunte a poner las universidades al servicio de las y los trabajadores y no del mercado; donde sea un cogobierno triestamental el que las administren, eligiendo universalmente a las autoridades que la conforman. Será imposible conquistar una educación no sexista si es que no luchamos por la gratuidad universal y por el financiamiento integral del Estado a la educación, que permita acceder a la educación superior a miles de mujeres que quedan fuera y financiar las políticas de género preventivas.

Quedarnos solo en el marco de la construcción de protocolos sería erróneo, el desafío es cómo avanzamos de la mano con los protocolos a conquistar una educación pública, gratuita y no sexista, sin la intromisión de la iglesia, donde las mallas curriculares contengan enfoques de género transversales, y estos se desarrollen desde la escuelas hasta las universidades, donde se termine con los colegios segregan por sexo, haciendo de estos un espacio donde no exista la discriminación, donde exista una legitimidad para estudiar ya sea con el nombre social que cualquier estudiante funcionario, funcionaria o docente decida, y a la vez se garantice en las instituciones educacionales el cupo trans.

Pero tenemos claro que para realmente acabar con el patriarcado, necesitamos luchar contra el capitalismo. Por eso, a la vez que avanzamos con fuerza y organización a conquistar y arrebatar estos derechos mínimos en nuestros lugares de estudio y de trabajo, en las calles ponemos al centro que el Estado debe hacerse responsable de la entrega gratuita de anticonceptivos en instituciones de educativas, espacios de la salud pública, lugares de trabajo y las poblaciones, para prevenir embarazos no deseados al mismo tiempo para prevenir el aborto. De igual modo es tan necesario alcanzar el derecho al aborto legal, libre, seguro y gratuito en el hospital.