APROBACIÓN EN DIPUTADOS. Proyecto ANPEE: se profundizan los lazos entre las empresas y el Estado

Fotografía: DYN

La Cámara de Diputados aprobó ayer en sesión especial el proyecto para crear la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE), que impulsó el gobierno para que las acciones que el Estado tiene en empresas privadas sólo puedan ser vendidas con la autorización de una mayoría parlamentaria especial. El proyecto se convirtió en ley por 127 votos a favor y 84 en contra.

La nueva ley contempla las acciones que tiene la Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) en empresas privadas luego de la estatización de las AFJP en 2008 que actualmente forman parte del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). A fines de junio de este año, el FGS poseía acciones por $61.809 millones correspondientes a 46 empresas como Telecom, Banco Macro, Grupo Galicia, Aluar, Clarín, Edenor, Gas Natural Ban, entre otras. Son esas acciones las que están puestas en discusión con este proyecto de conformar la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE). Se trata sólo del 11,6 % del total de los recursos administrados por el FGS.

¿Mayor protección para las acciones del Estado?

Nicolás del Caño, diputado nacional y candidato a presidente por el Frente de Izquierda presentó un dictamen donde cuestionó el proyecto oficial. A diferencia del relato del gobierno que quiere mostrar una mayor protección a las participaciones del Estado en algunas empresas privadas, el dictamen del diputado del FIT señala que en realidad las que tienen mayor seguridad son las empresas. El FGS tiene acciones en varias compañías y tiene interés en que mantengan su valor, para ello tienen que tener balances positivos.

Entonces el Estado tiene una gran presión para que a las empresas les vaya bien, para que el FGS no se desvalorice. Por este motivo debe garantizar beneficios para estas empresas. No debería sorprender que los contratos basuras y la flexibilización laboral sigan vigentes en estas grandes compañías, y que todo sea bajo el ojo del Ministerio de Trabajo. Seguirán los beneficios impositivos y el escaso control ambiental. Todo sea para resguardar la rentabilidad empresaria que beneficia indirectamente al FGS.

Por otro lado, si hay crisis bursátil o problemas en las empresas que provoque caída de las acciones con esta nueva ley asegura a las firmas que las tenencias estatales actuarán como contratendencia a los movimientos del mercado, ya que los tiempos para vender estas acciones se extenderían siendo el FGS el que pague los costos por la caída de los valores. Un gran ejemplo es lo que está ocurriendo estos días con el derrumbe de las cotizaciones bursátiles. Varias de las acciones y bonos que registraron caídas monumentales son del tipo que tiene el FGS. Todos los especuladores se deshacen de títulos que se desvalorizan mientras el FGS observa pasivamente como se destruye el ahorro de los jubilados.

Varias empresas donde el Estado tiene participación minoritaria, prestan servicios públicos básicos que fueron privatizadas en los años noventa como Edenor y Gas Natural Ban. Estas firmas reciben jugosos subsidios y el Estado se hace cargo de las inversiones. El proyecto oficial no plantea dejar de financiar a estas empresas para estatizarlas sin pago, que estén bajo gestión de trabajadores y usuarios, y que brinden un servicio de calidad.

El dictamen de Nicolás Del Caño cuestionó la farsa de control estatal del proyecto oficial y planteó avanzar con la nacionalización de los principales resortes de la economía, como los bancos y la industria siderúrgica, sectores en los que FGS tiene una participación minoritaria mientras los frutos se los llevan los privados.
Asimismo se argumenta en el dictamen que mientras el Fondo de Garantía y Sustentabilidad se utiliza para financiar negocios privados la jubilación mínima es de 4.299 pesos, contando el último incremento de septiembre. Más del 70% de los 8 millones de jubilados y pensionados recibe ese haber mínimo. En mayo de 2015, la Defensoría del Pueblo de la Tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires estimaba en 7.608 pesos el ingreso necesario para que un jubilado pueda llegar a fin de mes. Actualizado por inflación, hoy ese monto no baja de 8.200 pesos. Como denuncian organizaciones de jubilados el 80% de ellos cobran por debajo de ese ingreso mínimo necesario para llegar a fin de mes. Nadie pone en cuestión que una mayoría de jubilados no llega a fin de mes. El reclamo histórico del 82% móvil está lejos de cumplirse.

La voz oficial y la oposición

El diputado del FpV Roberto Feletti defendió el proyecto oficial al señalar que el objetivo de la ley es “proteger activos estatales, otorgándole al Parlamento la facultad de decidir su venta” y agregó que “es un cambio conceptual” ya que “estas participaciones involucran una presencia del Estado muy fuerte en temas como energía, gas, transporte, industria, distribución de comercio y bancos”.
Miguel Bazze de la UCR afirmo que la ley “no incorpora ningún aporte para el mejor funcionamiento del Fondo de Garantía” de Sustentabilidad de la ANSES.

Por ECO, Martín Lousteau criticó que se necesite los dos tercios para vender acciones de empresas donde el Estado es socio minoritario, y que se requiera una mayoría simple para empresas como Aerolíneas Argentinas y preguntó “¿Inmovilizando, se protegen los activos estatales?”. No sorprendió cuando en el medio de su intervención avisó que hace falta ajustar el tipo de cambio y que el valor del dólar está por debajo de lo que debería.

El PRO con Federico Sturzenegger cuestionó que “se va a votar el congelamiento de tenencias del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES justo cuando por decisión de la Comisión Nacional de Valores, esta semana perdieron 31 mil millones de pesos”. También señaló que “se exige a quienes gestionan la cartera que ‘avisen’ si van a vender los activos. Eso impactará en el precio de venta y perjudica la gestión, todo lo contrario a lo que la práctica cotidiana, acá y en todo el mundo”.

Claudio Lozano, de Unidad Popular, pidió “reestructurar la conducción de la ANSES y del FGS para que el Estado esté junto con la representación de los trabajadores y de los jubilados”.

El FIT exigió el 82% móvil

Nicolás del Caño denunció durante su intervención que “una vez más el Gobierno nos quiere hacer creer que está interesado en salvaguardar el interés popular, en este caso el de los jubilados, con la creación de esta ley”. Y apuntó contra el oficialismo al recordar que “cuando el kirchnerismo rechaza el 82 por ciento móvil argumenta que si lo diera se desfinanciaría el sistema previsional. Nosotros decimos que si se restituyen los aportes patronales y se eliminan las múltiples desgravaciones destinadas a la promoción de sectores empresarios se podría pagar el 82 por ciento móvil. Lejos estamos en esta Cámara de discutir lo que realmente le interesa a millones de jubilados que es el 82 por ciento móvil”.

“Nosotros planteamos medidas de fondo y que no puede quedar este Fondo de Garantía y Sustentabilidad, así como el ANSES, en manos de los funcionarios políticos de turno que fueron los que vaciaron las cajas jubilatorias o de los que privatizaron las jubilaciones, sino en manos de los jubilados y los trabajadores”, finalizó el diputado mendocino.

De hecho, el proyecto oficial deja por fuera del control ANPEE la mayoría de las tenencias del FGS que corresponden a los títulos de deuda pública. Es de esperar que se siga utilizando los fondos de los jubilados para cancelar deuda a los especuladores. Las acciones de YPF también quedan por fuera de la ley votada ayer, para que continué la expoliación de los recursos hidrocarburíferos con los pactos de coloniaje como el establecido con Chevron.

Por su parte, Pablo López, diputado nacional del Partido Obrero en el FIT advirtió que el proyecto “se trata de una verdadera cortina de humo” ya que el FGS “está malvendiendo los títulos públicos en su poder, que constituyen más del 60 por ciento de las tenencias de la ANSES, y que este proyecto deja totalmente afuera de su preservación y control”.