Son ya 18 los casos de feminicidio reconocidos por el Procuraduría General de Justicia (PGJ) en Puebla en lo que va del 2016, y 50 contando las víctimas del 2015.
Yara Villaseñor Socióloga y latinoamericanista - Integrante del MTS - @konvulsa
Martes 8 de marzo de 2016
Organizaciones civiles y feministas desmienten esta cifra, pues desde el 2012 el feminicidio ha ido en aumento en la entidad. El Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos AC (Odesyr) ha registrado 145 casos de feminicidio.
La mayoría no son denunciados o no son reconocidos por el Código Penal en su artículo 338 ni por la PGJ como parte de un “cuadro feminicida” pues, para el Estado, una mujer asesinada no es suficiente. En esos casos, hay que demostrar que se privó de la vida a una mujer por “razones de género, ya sea por odio o celos extremos, o se comprueben lesiones degradantes, así como antecedentes de violencia, amenazas o acoso”.
Debido a la presión mediática y política de activistas, periodistas y organizaciones sociales, como la movilización silenciosa del pasado 25/02 contra el feminicidio nutrida por cientos de personas, hoy el gobernador panista Rafael Moreno Valle tiene que reconocer la gravedad de la situación en el estado, que se suma a la lista de entidades donde el asesinato de mujeres se ha profundizado en los últimos años.
El gobierno de Moreno Valle y el feminicidio
Han sido precisamente estos últimos tres años de gubernatura panista durante los que se ha disparado el feminicidio. Este escenario demuestra que las iniciativas jurídicas implementadas por los órganos de gobierno están lejos de pretender acabar con la violencia contra las mujeres, como es la propia tipificación del feminicidio en el estado desde diciembre del 2012.
Alarman también las declaraciones oficiales hechas por el consultor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ex titular de la SEIDO de la Procuraduría General de la República (PGR), Samuel González Ruiz, quien sostiene que hay patrones similares en los feminicidios de Puebla con los de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Una vez más, como vemos en el Estado de México, en Nayarit, en Colima, en Jalisco, en Oaxaca, en Michoacán, en toda la república, las mujeres que mueren asesinadas son de sectores populares, mujeres trabajadoras y jóvenes. Tortura sexual, golpes, quemaduras, puñaladas, son algunos de los patrones de agresión física que demuestran los cadáveres de las asesinadas.
No sorprende entonces cómo, un gobierno que atenta contra las libertades democráticas, que persigue la protesta social y se cobra ya más de 550 presos políticos y perseguidos políticos, que busca hacer pasar todas las iniciativas del Gobierno Federal como los megaproyectos y la privatización, lejos de preocuparse por la situación que viven decenas de miles de mujeres en el Estado, es cómplice de la misma.
Y es que rumbo a las elecciones estatales de junio del 2016, Moreno Valle buscar salir limpio y garantizar la continuidad de sus iniciativas, por lo que busca acallar que Puebla se posicionó durante su gubernatura entre las primeras entidades con trata de personas. Pretende ocultar los elementos más descompuestos de su gobierno.
Alejandra Toriz, fundadora de la Agrupación de Mujeres Pan y Rosas México, declaró que “es necesario impulsar un gran movimiento nacional contra el feminicidio y la violencia contra las mujeres. Éste 8 de marzo hay que movilizarse en todos los estados del país denunciando a los políticos que encubren a feminicidas y tratantes, la responsabilidad del Estado en los feminicidios y en los vínculos de las redes de trata y prostitución con el narco, el ejército y la policía.”
Sostuvo que es necesario “levantar comisiones de investigación independientes, integradas por luchadoras sociales, organizaciones de izquierda y familiares de las víctimas que investiguen todos los casos de feminicidio y encabecen la exigencia de juicio y castigo a los responsables de los crímenes”.
Por último, llamó a “fortalecer la aspirantía a la candidatura independiente en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México que Sulem Estrada, maestra de secundaria, y Sergio Moissen, docente de la UNAM, están librando hoy. Esta propuesta, de superar la proscripción de 75 mil firmas que impone el antidemocrático Gobierno del Distrito Federal, destacará como uno de los ejes centrales de su fórmula, la denuncia de las condiciones de violencia que viven las mujeres en México, el aumento del feminicidio, el trabajo precario y las muertes por abortos clandestinos, así como la desaparición en redes de trata de jóvenes y migrantes, planteando la necesidad de construir un gran movimiento de mujeres que a nivel nacional recupere las calles para frenar estos ataques.”
