El mismo día que Puerto Rico entraba en un virtual default de casi 73 mil millones de dólares, Obama promulgaba la Ley PROMESA para asegurar el pago a los acreedores mayoritariamente estadounidenses.
Sábado 16 de julio de 2016
Foto / Reuters
El 1° de julio Obama promulgó la Ley PROMESA (Puerto Rico Oversight, Management, and Economic Stability Act, en castellano Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico). Ese mismo día, el gobierno portorriqueño ya no pudo responder a vencimientos por 2 mil millones, ingresando a un virtual default de la monumental deuda de casi 73 mil millones de dólares.
La respuesta del imperialismo es esa Ley PROMESA, negociada en el Congreso entre demócratas y republicanos y que establece una Junta federal de Control Fiscal para reprogramar la deuda externa portorriqueña y garantizar el pago a los acreedores, mayoritariamente fondos de pensión y fondos buitres estadounidenses.
La Junta, de siete miembros, será designada por Obama de acuerdo a una lista que le presente el Congreso, y de ellos, cuatro serían republicanos, según el pacto bipartidista contra Puerto Rico.
En una muestra más de hipocresía imperialista, Obama presenta la “PROMESA” como la única forma de evitar un default caótico o una crisis humanitaria en Puerto Rico. En verdad, instaura una virtual dictadura al servicio de los fondos buitres. Las amplias atribuciones de la Junta la colocan por encima de la legislación portorriqueña y el gobierno local, asumiendo el control financiero y presupuestario hasta lograr “presupuestos equilibrados” y “sanear las finanzas públicas” a fin de asegurar el pago de la deuda de cerca de 73 mil millones de dólares a costa de la miseria de los trabajadores y el pueblo de la isla.
Si se ha dicho que la crisis de la deuda en Puerto Rico lo convertía en la “Grecia del Caribe”, el programa de ajuste salvaje que viene a aplicar la Junta es comparable a la receta que la Unión Europea impuso a su socio.
Se suspenden por algunos meses las demandas de los acreedores, plazo en el que la Junta confeccionará una reestructuración de los pagos de la deuda, se implementará un plan de brutal austeridad, ataque a las condiciones laborales y privatización de activos.
Entre las medidas contempladas figuran la flexibilización de leyes laborales y reducción del salario mínimo, una mayor precarización de los trabajadores jóvenes de menos de 25 años, despido de empleados públicos, suba de tarifas de agua y luz, mayores recortes en los servicios de salud y educación, así como la eventual privatización de activos públicos.
La crisis económica y social ya es gravísima. Durante la “década perdida” de 2006 a 2016, la economía se contrajo mientras se disparaba el endeudamiento. La inversión descendió de un 20,5 % en 2006 a apenas 12,5 % en la actualidad. Se multiplicó la emigración al continente, en especial de jóvenes y creció la desocupación a más del 12 %. La educación la salud, el transporte público y otros servicios están en completo abandono. Para peor, hubo una severa sequía el año pasado y este año amenaza extenderse una epidemia del virus zika que podría asumir proporciones devastadoras. A pesar de la oposición local las autoridades estadounidenses se proponen fumigar por aire a la isla con Naled en lugar de otras respuestas sanitarias más adecuadas, ya que su interés no es la salud de los portorriqueños sino evitar el contagio del zika al continente.
Un primer efecto de la Ley PROMESA ha sido dejar al desnudo el estatuto colonial del Estado Libre Asociado (ELA), lo cual supone una crisis política e ideológica mayor, ya que expone en toda su crudeza la naturaleza de la relación impuesta por Estados Unidos y la humillante subordinación de las autoridades locales.
Tanto el gobernador García Padilla, como el líder de la oposición, Pedro Pierluisi, han apoyado la Ley PROMESA pese a admitir que “no es una solución perfecta”. No podía esperarse otra cosa de estos políticos colaboracionistas, cómplices del endeudamiento y agentes del colonialismo. La burguesía portorriqueña, a la que el PNP y el PDP representan, ha medrado también con el festival de bonos y tiene su cuota de la deuda.
Entre tanto, desde principios de mes crecen las voces de rechazo y han comenzado acciones de protesta. En San Juan cientos de manifestantes han instalado un “Campamento contra la Junta” ante el Tribunal Federal en esa ciudad, e impulsan distintas actividades, como festivales musicales, arte callejero y otras actividades, donde se hacen sentir consignas como la de “No a la deuda, no a la junta y sí a la descolonización”. El sindicato de trabajadores de la compañía eléctrica pública decretó un paro de 24 horas, y se sumó a otras manifestaciones.
La situación plantea la necesidad de la movilización de los trabajadores, la juventud y el pueblo contra la Junta fiscal, por el no pago de la deuda y contra el estatuto colonial del ELA, por el derecho a la plena autodeterminación del pueblo portorriqueño, es decir, su independencia nacional. Esta lucha demanda la solidaridad tanto de los trabajadores, los jóvenes y oprimidos de Estados Unidos (donde viven más de la mitad de los portorriqueños) como de toda América Latina.
Eduardo Molina
Nació en Temperley en 1955. Militante del PTS e integrante de su Comisión Internacional, es columnista de la sección Internacional de La Izquierda Diario.
