REPÚBLICA CATALANA. Puigdemont acepta las elecciones del 21D desde su “exilio” en Bruselas

Carles Puigdemont, junto a los exconsejeros, de Agricultura, Meritxell Serret; de Interior, Joaquim Forn; de gobernación, Meritxell Borràs; de Salud, Antoni Comín, y de Trabajo y Asuntos Sociales, Dolors Bassa, durante la rueda de prensa que ha ofrecido hoy en el ’Press Club Brussels’. EFE/ Horst Wagner

Edició català

Puigdemont ha dicho que no sabe cuánto tiempo se quedará en Bruselas, ya que “depende de las circunstancias”. "Estamos aquí en perfecta legalidad y sin incumplir nada, por tanto, no nos hemos tenido que esconder de nada", explicó frente a la prensa internacional. Ha asegurado además que no va a pedir asilo político, pero busca el apoyo de la Unión Europea para lograr “garantías” para un juicio “justo”. ¿Se quedará una semana, un mes o indefinidamente? No lo ha aclarado.

El político catalán, cesado como president de la Generalitat por la ofensiva del Estado español con la aplicación del artículo 155, ha asegurado que en los últimos días ha priorizado la "seguridad, la prudencia y la moderación" contra una "ofensiva altamente agresiva y sin precedente contra el pueblo de Cataluña". Era su manera de justificar que todas las fuerzas independentistas se han negado a llamar a la movilización en las calles desde el mismo viernes para enfrentar el 155 y defender la proclamación de la República, convirtiendo a ésta en poco más que papel mojado.

Al final de su comparecencia, Puigdemont ha aclarado que acepta el “reto democrático” de las elecciones del 21 de diciembre, impuestas por el régimen monárquico mediante la aplicación del 155, y que también acatará sus resultados. Una nueva aceptación de la legalidad del régimen del 78 que dicen enfrentar.

Puigdemont, junto con otros altos cargos del Govern, han sido acusados por la fiscalía este lunes con cargos rebelión, sedición y malversación, con pedidos de hasta 30 años de cárcel y multas millonarias. Una querella brutal, con el objetivo de derrotar a la dirección del procés y arrodillarlos a las reaccionarias elecciones del 21D.

El president de la Generalitat ha respondido denunciando la "politización de la Justicia" española y huyendo a Bélgica, para intentar internacionalizar el conflicto y generar obstáculos diplomáticos a su posible detención. Al mismo tiempo, ha asegurado que solo volverá al Estado español con “garantías”.

"Si hay garantías inmediatas y trato justo, si se me garantiza un juicio justo con separación de poderes en España, lo que se debe esperar de un país europeo. Si es así, volveremos rápidamente", ha dicho. No está claro qué sucederá cuando desde la justicia lo llamen a declarar, si regresará o se quedará en Bruselas, lo que sería considerado un nuevo delito de su parte.

Esta nueva jugada de Puigdemont confirma nuevamente que en el bloque soberanista se ha abandonado -si es que la hubo en algún momento- cualquier idea de rechazar el artículo 155, aceptando la disolución del Parlament y la participación en las elecciones llamadas por el bloque monárquico. Que ahora se intente vestir a esta capitulación bajo el relato de una supuesta “resistencia épica” con un “gobierno en el exilio”, no puede ocultar la realidad de que la dirección del procés no ha tomado ni una sola medida para hacer efectiva la proclamación de la República catalana del pasado viernes. Vuelven ahora a centrar toda su “estrategia” en presionar a los políticos de la Unión Europea, que como era obvio, ya han dejado claro que no aceptarán un desafío a la integridad del Estado imperialista español.

La “jugada” de Puigdemont en el exilio, mientas los partidos independentistas ya buscan articular su participación en las elecciones de diciembre, abre una nueva fase política en Cataluña, con nuevas y profundas contradicciones. La ofensiva la tiene ahora el gobierno de Rajoy, que intentará ganar a los partidos independentistas en el terreno electoral, para poder relegitimar su restauración monárquica en Catalunya. Por su parte, los partidos independentistas buscarán relegitimar el procés en las urnas de unas elecciones impuestas, mientras enfrentan procesos judiciales, con dirigentes de la ANC y Ómnium presos y renunciando a organizar una verdadera resistencia obrera y popular, porque temen más a la radicalización de las calles que a una posible derrota del procés.

En el caso de la CUP, su diputada en el Parlament, Mireia Boya, ha dicho este martes que las declaraciones de Carles Puigdemont desde Bruselas les permitían constatar que “la República no se podía hacer efectiva desde la institucionalidad, porque había cosas que no se habían ni montado”. Una insólita afirmación para una organización que ha unido su destino al de la dirección burguesa y pequeñoburguesa del procés durante los últimos cinco años.

Al mismo tiempo, Boya ha dicho que Puigdemont “sigue sin contestar a la pregunta de ¿y el 22D, qué?”, mientras la CUP no ha resuelto aún si se presentarán o no en las elecciones, aunque no descartan esa posibilidad.

La realidad es que la proclamación de la República ha quedado guardada en el cajón por los partidos que lideran el procés, mientras el gobierno y el Régimen intentan terminar de aplastarla con el 155, las querellas judiciales, presos políticos y unas elecciones amañadas.

Las grandes expectativas del movimiento democrático catalán, que el 1 de octubre puso el cuerpo contra la represión para garantizar su derecho a decidir, se verán frustradas nuevamente si no se logra construir una “hoja de ruta” independiente de las direcciones del PDeCat y ERC, a las que se viene subordinando la CUP desde hace años. Una hoja de ruta que incluya la organización de la resistencia obrera y popular, en forma independiente de los partidos de la burguesía catalana, para poner en pie una Asamblea Constituyente en Catalunya y por la apertura de procesos constituyentes en todo el Estado español que se opongan al intento de restauración monárquica en curso.

La republica catalana, que vive en la conciencia de millones en Catalunya, sólo podrá hacerse efectiva si la clase trabajadora y los sectores populares la imponen mediante la lucha, para lo cual es necesario que la idea de la república sea sinónimo de un programa anticapitalista de demandas democráticas y sociales contra el Régimen del 78. Es decir, una República independiente, obrera y socialista, que suelde la unidad con la clase trabajadora y los pueblos del resto del Estado español en la perspectiva de una libre Federación de Repúblicas socialistas ibéricas.