Su abogado, Paul Bekaert, confirma la decisión de su representado. Piden una videoconferencia, sugerencia que la Fiscalía rechaza. Se abren nuevos escenarios de escalada represiva.
Ivan Vela @Ivan_Borvba
Miércoles 1ro de noviembre de 2017
Foto: Carles Puigdemont antes de su comparecencia en Bruselas
“Puigdemont no irá a Madrid y he sugerido que lo interroguen aquí, en Bélgica; es posible”, así de contundente se ha manifestado Paul Bekaert, abogado belga experto en extradiciones y representante de Puigdemont.
Fue a primera hora de la mañana del miércoles, cuando en la cadena holandesa NOS, advirtió que Carles Puigdemont no acudiría a Madrid. Según Bekaert “es bastante obvio que mi cliente va adoptar ahora una actitud de esperar a ver qué pasa”.
En esa misma entrevista el letrado belga negó la máxima de que Puigdemont se planteara pedir la solicitud de asilo, pero si certificó que “lucharán contra cualquier extradición de Bélgica a España”, asegurando que “se puede luchar contra la extradición sin la necesidad de pedir asilo”.
Por su parte Puigdemont ha querido usar Twitter para lanzar un mensaje este mismo miércoles. En su tweet se podía leer “a un mes del referéndum catalán del 1 de octubre. A pesar de las amenazas pasadas y presentes seguimos trabajando. Orgullo de Pueblo”, seguido de una imagen de las “famosas” urnas.
Un mes del #CatalanReferendum de l'#1Oct. Malgrat la violència i les amenaces passades i presents, seguim treballant. Orgull de poble! pic.twitter.com/eaGSfNlJaR
— Carles Puigdemont (@KRLS) 1 de noviembre de 2017
Si la petición de declarar vía videoconferencia se hiciera oficial y dicha petición llegara a la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ésta debería consultar a la Fiscalía.
Según las primeras informaciones filtradas, la posición ésta es contraria a la declaración por videoconferencia.
Los siguientes pasos a tomar por las autoridades españolas y belgas podría dilatarse hasta dos semanas. En caso de que la Fiscalía lo exija, la juez Lamela deberá tramitar una petición internacional de detención y extradición de Puigdemont. Si éste se negara a ser detenido y ser extraditado al Estado español, sería la justicia belga quién tendría 15 días para decidir.
Esta nueva decisión de Puigdemont se enmarca en su estrategia de “resistencia”, completamente pasiva y moderada de los ataques del 155 y de la aceptación de las elecciones impuestas del próximo 21D.
La judicialización de los ataques del Régimen del 78 desarma y vacía la resistencia en las calles, si además esta viene con un mensaje que dirige las acciones a preservar la calma y no saltarse la legalidad del Estado español.
Como no se podía esperar de otra manera, el Régimen español está pisoteando la voluntad de millones de catalanes que el 1-O pusieron el cuerpo para hacer efectivo el referéndum, y en él, decidir la independencia de Catalunya. Frente a esto la dirección del “procés” tan solo tiene como solución la declaración de independencia en la retórica, pero en los hechos el acatamiento de la legalidad española.
Ni movilizaciones masivas, ni extensión de los organismos de autoorganización a escuelas, universidades o centros de trabajo, ni huelga general. Ni una sola medida ha sido levantada para defenderse del 155 en la calle desde el bloque soberanista.
Se presentan fechas de un recrudecimiento de los ataques del Régimen del 78 vía penal. Frente a esta situación se abren dos caminos; la aceptación de la legalidad española, en los tribunales y en las urnas, o el fortalecimiento de los órganos de autoorganización, como los CDRs, que junto a los centros de trabajo, institutos y universidades levanten un potente plan de movilizaciones que planten cara al 155 en la calle.
