El President de la Generalitat, practica un discurso social en la búsqueda de los acuerdos necesarios para sacar adelante los presupuestos de 2016. Busca así el apoyo de la CUP y CSQP.
Federico Grom Barcelona | @fedegrom
Miércoles 5 de octubre de 2016
Tras superar con un ’sí’ de la CUP la cuestión de confianza, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont dio inicio ayer al debate de política general. Su discurso se centró en un llamado al “entendimiento” más allá de las diferencias.
En su intervención inicial sin límite de tiempo, Puigdemont se ha congratulado del acuerdo con la CUP para realizar una resolución conjunta sobre la celebración de un referéndum de autodeterminación como muy tarde en septiembre del 2017.
Puigdemont ha insistido en varias ocasiones en la necesidad de que Catalunya disponga de un Estado propio para poder invertir lo necesario en cuestiones como la política social. O en otras palabras, se ha escudado en esa condición para justificar con eufemismos que su formación política haya sido la aplacadora de los recortes desde que dio inicio a la crisis.
En materia social ha prometido las mismas medidas anunciadas como "plan de choque" en el presupuesto del 2016. A la que la CUP se opuso en su momento por ser insuficientes para esta formación.
"Más beneficiados de la Renta Mínima, más plazas residenciales de atención a las personas mayores y con discapacidad, más atención domiciliaria a 6.500 personas dependientes, supresión de las tasas del documento de arraigo para los inmigrantes, más recursos para el trabajo protegido y la inserción socio-laboral, más dotación contra la pobreza infantil, 10 millones para pobreza energética, 10 millones para proyectos de cohesión de barrios, ampliación de la tarifa social del cánon del agua para 42.000 hogares".
A lo que agregó la oferta de 7.000 plazas de funcionarios y una supuesta voluntad de implantar un salario mínimo de 1.000 euros, propuesta que según Puigdemont está en conversación con los sindicatos. El mismo Govern, pero con otra cara al frente, que desde el inicio de la crisis congeló la convocatoria de plazas de funcionarios así como aplicó el despido de miles de interinos.
En su autobalance de gobierno desde que asumió su cargo sostiene que "La contratación ha subido por encima del global español. La afiliación a la Seguridad Social ha aumentado". Aunque a renglón seguido ha tenido que reconocer que "el paro entre los jóvenes sigue siendo muy elevado y el de larga duración y mayores de 55 años y la temporalidad".
Puigdemont ha reconocido que el actual marco laboral es una de las causas determinantes de las condiciones laborales y se ha pronunciado por un marco laboral propio. Curiosa declaración, teniendo en cuenta que la extinta CiU, ayudó al PP a sacarla adelante con la oposición de todo el resto del arco parlamentario.
En su discurso, también defendió la creación y extensión de las delegaciones de la Generalitat en el exterior, las llamadas ‘embajadas’ catalanas, porque a su entender son rentables para la economía: “Por cada euro que invertimos en las oficinas de exterior, obtenemos 49 euros en exportaciones y 26 euros en inversión extranjera”
Puigdemont haciendo hincapié en la industria turística, subrayó la necesidad de “evitar criminalizar el turismo, como se hace desde algunos sectores”. Por el contrario, apostó por “incrementar la calidad de la oferta turística” “pero regulándolo y evitando que unos cuantos den mala imagen al sector”.
De esta manera, el President ha devaluado el problema que constituye el modelo turístico de ciudades como Barcelona, generadora de precariedad laboral, aglomeraciones insoportables en las calles y aumento de los precios, que golpea a los sectores más humildes a favor, en distinta medida, del empresariado de este sector. Un problema que va más allá de “unos cuantos” que dan “mala imagen”.
Sin embargo a pesar de que Puigdemont mostrara su satisfacción por las coincidencias con la formación anticapitalista sobre el referéndum de autodeterminación, ha rechazado abiertamente su propuesta de aumentar el IRPF a las rentas superiores a los 60.000 euros, así como recuperar el impuesto de sucesiones a niveles del 2006 y plantearse un impuesto a las grandes fortunas.
Pero para el President, en materia fiscal ya se ha "tocado hueso". Y ha esquivado el bulto desviando la atención hacia la principal "fortuna", el Estado. "Aplicamos el concepto de que quien más tiene pague más, ahora bien, la gran fortuna es el Estado y no tenemos una presión fiscal baja, hemos llegado a tocar hueso, los 11.000 millones –lo que se necesitaría para equiparar la inversión social a la media de la UE- no se logran tocando medio punto o un punto del IRPF es un problema tan grande que hacen falta propuestas de la misma envergadura”.
De esta manera, el President evita aumentar los impuestos de las grandes fortunas y empresas catalanas. Al fin y al cabo, Puigdemont obra como siempre lo ha hecho Convergència.
Hoy jueves se producirá la votación de las resoluciones, con especial expectación al texto que negocian Junts pel Sí, la CUP y Catalunya Sí que es Pot, la que se suma a la negociación, para concretar los términos del referéndum. Puigdemont quiere abrir el abanico de socios por un lado, para tener más apoyos políticos teniendo en cuenta que la CUP rechazó los anteriores presupuestos. Que por otra parte fue el origen de la cuestión de confianza.
Su discurso central del debate, que ha durado una hora y tres cuartos, ha finalizado con una breve referencia al proceso soberanista. Este discurso de fuerte carácter social es todo un lavado de cara y un guiño político que es parte de la puesta en escena de la negociación de los presupuestos.
Más allá de los discursos, los planes de Puigdemont son como sembrar en el aire. Aunque pueda cumplir parcialmente alguna de las medidas anunciadas (esto no quiere decir que las vaya a cumplir), solo por prometerlo se ganó el tono conciliador de la CUP y de CSQP en sus réplicas.
Pero para conseguir verdaderas mejoras sociales es verdad que no alcanza con tocar algún punto el IRPF, como quiere ridiculizar Puigdemont, un impuesto que además afecta en su inmensa mayoría a sectores de la clase obrera.
Es necesario un impuesto progresivo a las grandes fortunas y empresas. Así como acabar con los privilegios salariales y jubilaciones de lujo de la clase política, de la que la catalana no es la excepción. Así como también de los salarios millonarios de banqueros y cargos de dirección empresarial, todos estos fundados en la explotación y en la miseria de millones.
Sin movilización social contra el Régimen del 78, no habrá derecho a decidir la relación con el Estado español del pueblo catalán ni las medidas que pueden dar verdaderas mejoras sociales. E incluyo como parte de este régimen a la burguesía catalana y sus políticos, ligados por mil lazos con Madrid y sus negocios.
Esta es la vía de la que no quiere ni oír hablar el PDC ni sus socios de JxSí, y de la que lamentablemente cada vez hablan menos los mismos dirigentes de la izquierda independentista, así como de los comunes.
