Puigdemont regresa a Catalunya y el Supremo y los Mossos ultiman operativo para su detención

El expresident catalán, Carles Puigdemont, ha anunciado esta mañana en sus redes sociales que emprende el viaje de regreso desde el exilio. Desde el 28 de octubre de 2017, él y varios de sus consellers, marcharon a Bruselas y otras ciudades europeas para evitar su detención y procesamiento en la “Causa General” contra el independentismo que promovió el Supremo con el apoyo cerrado del PP, Vox y el PSOE.

Una amnistía tutelada por los jueces de la “Causa General”

El regreso se realiza sin ninguna garantía. La recientemente aprobada Ley de Amnistía, que fue acordada entre el gobierno PSOE-Sumar y todos sus socios parlamentarios, incluido Junts, dejaba en manos de la Judicatura su aplicación. Un mecanismo que, como era previsible, equivalía a dejar al zorro al cuidado del gallinero.

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, decidió que los delitos de malversación que se le imputan a Puigdemont no son amnistiables. Por lo tanto, este mes de julio resolvía sostener su orden de detención nacional. En caso de que el expresident catalán cruce los Pirineos, deberá ser detenido y puesto a disposición del Supremo.

Los Mossos d’Esquadra ya están desplegando un macro operativo en las inmediaciones del Parlament para evitar su entrada y proceder a su detención. Paralelamente, en la frontera con Francia, y en colaboración con la Policía Nacional y la Guardia Civil, se ha redoblado el dispositivo para tratar de interceptarlo antes de que llegue a Barcelona.

Será Llarena el que decidirá si le aplica la medida cautelar de prisión preventiva hasta la realización del juicio. La elevada pena que solicita la acusación particular de Vox, 12 años, y el riesgo de fuga al tratarse de un acusado que lleva 7 años en el exilio, se lo pondrán fácil a uno de los jueces campeones en los casos de lawfare contra el independentismo catalán.

Sobre esta decisión cabrá recurso ante el Tribunal Constitucional. Pero de dar la razón a Puigdemont, el Supremo aún se guarda un as bajo la manga. Todavía sigue pendiente de su respuesta la petición del juez de la Audiencia de Barcelona, Joaquín Aguirre, para que se le procese por un delito de alta traición por la supuesta colaboración con Putin durante el procés.

A pesar de lo ridículo de la causa rusa, el Supremo bien podría hacer uso de una de las máximas de las cloacas del Estado: “es burdo, pero vamos con ello”.

No olvidemos que además de los elementos de vendetta contra el que consideran el demonio catalán, la Judicatura más reaccionaria está inmersa en una guerra abierta por hacer caer prematuramente el gobierno de coalición. Un encarcelamiento prolongado de Puigdemont puede hacerle perder definitivamente el apoyo de los diputados de Junts en las Cortes que son imprescindibles para sacar adelante los Presupuestos y cualquier proyecto de ley.

La injerencia permanente de la Judicatura en la vida política ni cesa ni amaina. Ni los acuerdos del viejo bipartidismo para renovar el gobierno de la casta judicial, ni las promesas de “regeneración democrática” de Sánchez, son ninguna solución. Ningún partido del régimen va a tocar un pelo a este baluarte reaccionario guardián de las esencias del régimen del 78. La única forma de acabar con el lawfare es acabando con esta casta judicial, estableciendo la elección por sufragio universal de todos los jueces, una retribución equivalente al salario medio y los juicios por jurado.

Un regreso en clave de disputa por el liderazgo del postprocesismo

La decisión de regresar se hace coincidir con la votación de investidura que tendrá lugar en el Parlament, tal y como se había anunciado desde las elecciones catalanas de mayo. En este caso, y en contra de los propósitos de Junts, no será Puigdemont ni ningún otro candidato independentista el que se presentará a dicha investidura. Los resultados de las elecciones del 12M supusieron la pérdida de la mayoría independentista y abrieron la puerta a un gobierno del PSC.

Mañana está prevista la sesión de investidura de Salvador Illa, el que fuera ministro de sanidad con Sánchez durante la crisis del coronavirus y, en los años anteriores, parte de los dirigentes “socialistas” que se manifestaban junto al PP y Vox en favor de la unidad de España.

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El acuerdo suscrito entre el PSC, ERC y los Comunes quedó ayer mismo confirmado con el respaldo de las Juventudes de ERC. Este pacto abrirá una legislatura llamada a ser el broche final del proceso de restauración de la normalidad autonómica, por el que las tres fuerzas vienen trabajando desde Moncloa y la Generalitat.

En esta gran operación de Estado, la otra pata del procesismo, Junts, ha venido quedando relegada y jugando un papel de tensar la cuerda sin llegar a romperla. Por un lado, ha mantenido discurso y gestos en favor de sostener la lucha por la independencia. Por el otro, el lado de los hechos, el que importa, se ha plegado a sostener al gobierno Sánchez, ha cogobernado con el PSC ayuntamientos y diputaciones sin ningún problema y ha renunciado a cualquier intento real de retomar las movilizaciones por el derecho a decidir.

El enfrentamiento entre Junts y ERC no es pues una pugna entre el sostenimiento y el abandono de la lucha por la independencia, como quiere vender Puigdemont. Ambos partidos, fieles representantes de las grandes empresas y familias catalanas, coinciden en que lo vivido entre 2012 y 2017 no debe volver a repetirse.

Estamos asistiendo a una pelea bastante menos épica, una pugna por el reparto de las ruinas del procesismo ¿Quién se quedará con el liderazgo del bloque independentista para retomar la posición de socio estable de los gobiernos centrales y seguir negociando alguna ampliación de competencias y nuevos acuerdos fiscales?

Esta fue la política histórica del mundo convergente, del que viene Junts, el “peix al cove” de Jordi Pujol. Sin embargo, es ahora ERC la que la capitanea, como muestra su acuerdo de investidura: una renuncia explícita a toda veleidad independentista a cambio de un pacto fiscal.

Este desplazamiento de los herederos de Pujol genera los últimos espasmos hiperventilados de los de Puigdemont. El objetivo no es otro que desgastar a ERC y recuperar músculo para ser ellos quienes sigan liderando el bloque independentista y los futuros mercadeos de derechos democráticos y nacionales a cambio de alguna competencia e inversiones.

Contra la Judicatura reaccionaria y por una salida independiente

Un encarcelamiento de Puigdemont hay que leerlo en primer lugar como un nuevo ataque, y no cualquier ataque, de la Judicatura más reaccionaria. Atalonar el régimen en su versión más autoritaria y centralista posible, ese es el proyecto político detrás de los Llarena y compañía.

Ahora bien, para detener esta deriva, ni el “progresismo” en el poder, ni los “postprocesistas” en su versión más entregada o en la aún algo hiperventilada, son ninguna alternativa. El modelo de restauración de la normalidad autonómica en clave social-liberal de PSC y ERC, o el de una Generalitat que gesticula algo más para seguir aplicando una política neoliberal y en clave cada vez más racista, como pretende Junts, no tienen nada que ofrecer.

Los elogiosos saludos de la CUP a Puigdemont, que recuerdan demasiado a la lamentable posición seguidista que sostuvieron en 2017, sin alertar ni en una coma de la maniobra que oculta su gesto vendido como heroico, no pueden llevar más que los mismos callejones sin salida.

Es necesario que desde la izquierda sindical, los movimientos sociales y la izquierda anticapitalista, en Catalunya y en todo el Estado, denunciemos los ataques antidemocráticos de la Judicatura y exijamos la libertad incondicional de Puigdemont, así como de tantos otros luchadores sociales a los que la Ley de Amnistía deja totalmente fuera: como los 6 de Zaragoza, los sindicalistas de la Suiza o Pablo Hasel.

Al mismo tiempo, es urgente empezar a construir una respuesta independiente a las políticas de estos proyectos burgueses en disputa, las que perpetúan la precariedad, los salarios de miseria o la crisis de vivienda; militarizan las fronteras, aprueban rearmes y son cómplices de genocidios y expolios.

Solo así podremos defendernos de las medidas anti-obreras de unos y otros, pelear porque los grandes problemas sociales se resuelvan a costa de los capitalistas y retomar la lucha contra el Régimen del 78 y por la autodeterminación sin que se repitan las mismas trampas y engaños.