DESAPARICION Y ENCUBRIMIENTO. ¿Qué Justicia resolverá el caso de Facundo Astudillo Castro?

Si hay algo que Cristina Castro y sus abogados no se cansan de denunciar, además de a la Policía Bonaerense y a su jefe Sergio Berni, es la actuación del fiscal federal (interino) de Bahía Blanca, Ulpiano Martínez, y a la jueza federal María Marrón, del Juzgado Federal 2 de esa ciudad.

La causa por la desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro es una sucesión de parcialidades, trabas y maniobras para llegar a la verdad impuestas por ambos representantes del Estado y el poder judicial. El encubrimiento al accionar de la Bonaerense es tan alevoso, que cuesta entender cómo permanece en su cargo (o cuanto menos al frente de la causa) el fiscal Ulpiano Martínez.

Recién en las últimas horas de este martes, la enorme presión social (y probablemente la reunión del lunes con Alberto Fernández) hizo girar un poco el curso de la investigación y se allanó la seccional de la Policía Local de Pacífico 281, en Bahía Blanca. Varios elementos hallados. La Policía Federal secuestró un patrullero (con comprobados recorridos fraguados), libros de guardia y celulares.

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Parcialidades, trabas y maniobras

La jueza Marrón salvó dos veces al fiscal Martínez de los pedidos de recusación de ambas querellas (la familia y la Comisión Provincial por la Memoria). La segunda directamente sin audiencias previas para escuchar a las partes. Para la jueza esos pedidos eran “improcedentes”. Pero las querellas, desde que se inició la causa, denunciaron con fundamentos la "lentitud", la "incapacidad" y "la displicencia de la actividad desplegada por la fiscalía", ya "bordea la actitud dolosa".

El primer pedido formal de apartar al fiscal progenocidas de la causa fue el 21 de julio. El reclamo se sustenta en el “temor de parcialidad” que Martínez viene evidenciando en favor de la Policía Bonaerense, principal sospechosa en la causa.

La madre de Facundo, en el escrito que presentó, señala que “sin tener mucho conocimiento de leyes” entiende “que el principal desaparecedor de personas es el Estado”, no solo por el accionar de policías que participaron “en el instante de la ilegítima detención” sino también “a través de mecanismos perversos, sostenidos y flagrantes, como aquellos llevados adelante por la Fiscalía”.

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La audiencia fue de manera virtual el 24 de julio. Las querellas expusieron todos los argumentos que viene sosteniendo desde el inicio de la investigación que dan cuenta de la parcialidad encubridora de Ulpiano Martínez.

Cristina incluso señaló que ella y sus abogados se enteran de las novedades y de la prueba por los medios dijo sentirse "desprotegida" por el fiscal, quien llegó al extremo de ausentarse de un cita prefijada con ella en la propia Fiscalía, haciéndola viajar 130 kilómetros infructuosamente. A su vez el propio fiscal decidió prácticamente no participar de las audiencias testimoniales y de los rastrillajes importantes de la causa. Le recordaron, porque no está de más que la verdad siempre sea lo que prime, su “rol en los juicios de lesa humanidad” de Bahía Blanca, consustanciado con los intereses de los genocidas.

Nada de todo esto inmutó a la jueza Marrón, que se expidió diciendo: “Corresponde rechazar –por improcedente- la recusación” del fiscal Martínez, ya que “no advierte ninguna irregularidad en la actuación” del funcionario. Por si fuera poco, asegura que “la investigación desplegada –desde el inicio, a la actualidad- se ajusta a los parámetros para interpretar el concepto de investigación eficaz”.

Ambos, sin dudas, conforman un gran equipo al servicio de encubrir a la Bonaerense.

El segundo pedido de recusación del fiscal

La audiencia para debatir el segundo pedido de recusación estaba prevista vía Zoom para el día jueves 13 de agosto. Estarían la familia de Facundo, sus abogados, las abogadas de la CPM, el fiscal y la jueza para que puedan exponer sus argumentos del pedido. Pero la jueza María Marrón dio por cerrada la reunión sin la participación de la querella.

El argumento para rechazar la recusación fue que "al menos hasta ahora, los objetivos de eficiencia y eficacia para las investigaciones de delitos complejos se encontraban cumplidos". A su vez afirmó que “del examen del expediente se advierte que (el fiscal) instó medidas de pruebas -entre las que se halla la gran mayoría de las que propusieron las representaciones de la víctima-, a fin de comprobar o descartar las diversas hipótesis investigativas que surgen del sumario”.

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Este lunes, durante la conferencia de prensa organizada por Amnistía Internacional con medios nacionales e internacionales entre los que estuvo La Izquierda Diario, los abogados de Cristina Castro señalaron crudamente: “la querella está haciendo lo que el Estado nos niega”. El Estado niega desde la verdad, hasta la pruebas, niega peritos, niega testigos, niega recursos, niega y desoye los gritos de justicia de una madre, una familia, amigos y de miles que pedimos por Facundo.

En contrapunto con lo anterior, apuntaron contra Martínez diciendo que “el fiscal está haciendo ingentes esfuerzos por no llegar a la verdad”, declaró también el abogado Luciano Peretto en la misma conferencia de prensa.

¿Esa verdad negada es tan brutal que hay que ocultarla, encubrir a sus autores? La Policía Bonaerense tiene un prontuario asesino y un poder político y territorial que pueden responder en parte estas preguntas.

El ministro de Seguridad de Axel Kicillof, Sergio Berni es claramente, otro de los sostenes de Ulpiano Martínez. Se jacta de conocer de cabo a rabo el expediente y de confiar plenamente en la palabra del fiscal y en la actuación de su policía; como jefe de la Bonaerense sabe cómo agradecer los favores de Ulpiano Martínez que no ha dejado veta por encubrir. "Durante la investigación se han dicho muchas cosas, pero la jueza nunca ha determinado ningún vínculo de la desaparición de Facundo con la Policía", declaró el 16 de agosto en una entrevista con el periodista Maurio Viale en A24.

Se pasea por cuanto medio se lo pida para descalificar a la familia de la víctima y a sus abogados, conocido método y parte del manual de encubrimiento y negación del crimen a manos de fuerzas del Estado, mientras defiende todo lo hecho por la Bonaerense, miente y sostiene versiones que se están desbaratando.

La familia está “insistiendo y buscando a Facundo tratando de ensuciar a gente inocente inocentes”. “¿Quiénes son los inocentes?”, pregunta el periodista de TN, y Berni responde: “se inculpó por desaparición forzada a la policía de Buratovich porque los testigos que presentó la querella primero habían dicho que lo habían visto cómo lo subían de manera forzosa a un patrullero...”. Y continuó: “Fue un gran show haber seguido con la teoría de la desaparición forzada sabiendo que todas las pruebas y los testigos iban en el sentido totalmente contrario.”

Ni el fiscal se anima a tal defensa cerrada. El desprecio por las pruebas y los testigos de la querella, que dan por tierra todos los argumentos de Berni, la Bonaerense y el poder judicial son la muestra palmaria de quien está dedicado a encubrir un crimen de la gravedad de la desaparición forzada a manos de las fuerzas de seguridad estatales.

Es lógico que Cristina exija la renuncia de Berni y la remoción del fiscal.

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Sobre el fiscal Martínez, el abogado querellante Luciano Peretto, denunció que “Quien representa al Estado y a la víctima, el fiscal, no lo hace como Cristina se lo merece. No participó en la etapa de instrucción y no mantiene diálogo con la víctima. Tampoco participó de los allanamientos. Agregó que el fiscal “está haciendo esfuerzos por ocultar la verdad”. Denunció también que “es el Estado quien tiene que cambiar esta lógica, la Procuración tiene que intervenir.”

La jueza Gabriela Marrón: impunidad garantizada para la maldita policía

Gabriela Marrón se recibió de abogada nada menos que un 24 de marzo de 1992 en la Universidad de Buenos Aires y a los dos años ya empezó a desempeñarse en el fuero federal de Bahía Blanca, apadrinada por el ex intendente y funcionario de la dictadura Jaime Linares.

El 18 de febrero de 2015 asumió como titular del Juzgado Federal Nº 2 de Bahía Blanca, cubriendo el cargo que dejó vacante el fallecido juez Luis Dardanelli Alsina.
Antes se desempeñó como secretaria del fiscal Nicolás De la Cruz hasta que en septiembre de 2010, cuando murió Alsina, pasó a subrogarlo, así como en el Juzgado Federal Nº 1 habrá de hacerlo Ulpiano Martínez, el fiscal de caso Facundo, que tiene tres pedidos de apartamiento por parte de la familia del joven, todos rechazados por la jueza Marron. Desde que ella está a cargo de la causa nunca ordenó detener a los cuatro policías que detuvieron a Facundo antes de que desapareciera el 30 de abril.

Su pasado (y presente) la condenan

Poco tiempo después de asumir, Marrón rechazó el pedido de detención e indagatoria de Francisco Bentivegna, quien fuera durante la dictadura titular del Juzgado Penal 2 de Bahía Blanca, acusado de ser coautor de 22 crímenes, cerrando causas sin investigar o rechazando habeas corpus, como se manifestó en el juicio por delitos de lesa humanidad bajo jurisdicción de la Armada. Entre esos crímenes están los asesinatos de Enrique Heinrich y Miguel Loyola, trabajadores del diario La Nueva Provincia.

Previo a asumir como jueza federal, Marrón fue secretaria de la Fiscalía que estaba a cargo de Nicolás De la Cruz. Hasta tomó el cargo con acuerdo del Senado y la designación de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, los dos juzgados federales de Bahía Blanca estaban subrogados.

El padre de la jueza es Carlos Alberto Marrón, quien durante la dictadura fue jefe de prensa de la Armada. Pero su carrera continuó luego de 1983, llegando a ser Jefe de la Armada entre 1996 y 1999, durante el segundo gobierno de Carlos Menem. Mientras ocupó el cargo no perdió oportunidad de hacerles favores a sus camaradas de armas, reconociendo él mismo que ante la prensa el 18 de junio de 1997,que empleó al genocida Alfredo Astiz como personal del Servicio de Inteligencia Naval, para “tareas de inteligencia militar exterior” en especial con Chile, y como “personal civil”. Consecuencias de la impunidad.

La fecha en que Marrón se graduó parece una paradoja. Su padrino político Linares, fue funcionario durante la dictadura entre 1980 y 1983, como responsable técnico de Relevamientos y Dragados de la Dirección Nacional de Construcciones Portuarias y Vías Navegables en Mar del Plata, Quequén y Bahía Blanca, la ciudad que lo vio nacer hacia 1951, según una nota publicada en el Cohete a la Luna.

Ulpiano Martínez: el fiscal progenocidas

Como publicamos en este diario, el fiscal federal de Bahía Blanca a cargo del caso, Ulpiano Martínez, tiene un frondoso prontuario como benefactor de genocidas y fue denunciado por organismos de derechos humanos.

Empezó su carrera judicial en 1981, en plena dictadura. Desde entonces escaló posiciones bajo el ala del ex juez federal de Bahía Blanca Luis Balaguer, quien terminaría preso por estafas y falsificaciones de documentos.

Haremos un somero punteo de algunos de sus hitos en poder judicial, que podés ampliar en esta nota que con gran detalle enumera todo su prontuario. http://www.laizquierdadiario.com/Ulpiano-Martinez-el-fiscal-de-la-impunidad-que-investiga-la-desaparicion-de-Facundo-Castro

Entre 2009 y 2015 Martínez subrogó en dos juzgados federales bahienses, período en el que actuó en varias causas sensibles y cosechó fuertes cuestionamientos por parte de sobrevivientes del genocidio y de organizaciones de derechos humanos, incluyendo a actuales referentes y funcionarios del arco oficialista.

En abril de 2010 tuvo en sus manos la posibilidad de permitir la extradición de Alfredo Astiz para que fuera juzgado en Francia por los casos de las monjas desaparecidas Leónie Duquet y Alice Domon. El pedido lo había realizado el Estado español. Martínez se negó al pedido, en una clara defensa judicial del genocida.

En 2014 demoró el llamado a declaración indagatoria de Vicente Massot, entonces dueño del diario La Nueva Provincia, el órgano de propaganda de la dictadura en la región bahiense. El empresario ligado a la Armada estaba imputado en la causa en la que se investigaban los asesinatos de los obreros gráficos de su diario Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola. Ulpiano Martínez terminó apartándose de la causa no sin antes dejar la instrucción a medio camino, impidiendo que las querellas pudieran ver a Massot en el banquillo de acusados.

Frustradas denuncias de organismos de derechos humanos

Su frondoso prontuario le valió a Ulpiano Martínez un pedido colectivo de sobrevivientes, familiares de víctimas y organismos de derechos humanos al Consejo de la Magistratura para que lo destituyera. Sobraban las pruebas para considerarlo, desde una posición estratégica en el Poder Judicial, un favorecedor de impunidad.

Entre los firmantes de la presentación se encontraban la agrupación H.I.J.O.S local, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) y diputados como el del Frente para la Victoria Horacio Pietragalla, hijo de desaparecidos y actual secretario de Derechos Humanos de la Nación. Finalmente en 2015 el Consejo de la Magistratura resolvió no ratificar a Martínez en el cargo subrogante de Bahía Blanca.

En 2018, pese a las impugnaciones presentadas por organizaciones y referentes del movimiento de derechos humanos, el Senado designó (a sugerencia del Gobierno de Mauricio Macri) a Ulpiano Martínez al frente de la Fiscalía Federal N° 2 de Bahía Blanca. Desde allí hoy “investiga” la más que probable desaparición forzada de Facundo Astudillo Castro a manos de una patota de la Policía Bonaerense.

¿En manos de esta justicia se resolverá el caso de Facundo?

A pesar de ese currículum el Estado lo mantiene al frente de una de las causas de violencia estatal más graves del país.

En las últimas horas se conocieron movimientos en la causa, que dan cuenta de la enorme presión social que hay para avanzar en conocer la verdad, y de que por más que Berni y el fiscal hagan enormes esfuerzos por negarlo y taparlo, cada vez tienen menos argumentos para combatir la hipótesis de la familia y sus abogados, que absolutamente todo lleva a la Bonaerense y a que Facundo fue víctima de una desaparición forzada y que el cuerpo encontrado fue plantado en el lugar. No llegó allí por sus propios medios.

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Es urgente la remoción de Ulpiano Martínez, el fin del encubrimiento a la Bonaerense y la renuncia de Sergio Berni. ¿Cómo puede todavía el gobernador Axel Kicillof sostener a un funcionario que trabaja para quienes desaparecen pibes, los torturan, los suicidan, como dijo la mamá de Facundo: ""Nunca más Facundos, ni chicos desaparecidos, ahorcados en comisarías". Solo así se podrá empezar a saber qué pasó con Facundo.

"Estamos esperando que la Justicia resuelva, que se sepa qué pasó, y voy a actuar en consecuencia", dijo el gobernador Kicillof el 16 de agosto, y agregó: “no voy a encubrir a nadie, vamos a colaborar con la investigación."

Este lunes 24 volvió a señalar en El Destape Radio que “hoy está investigando la Justicia Federal que hacen requerimientos tanto al municipio como a la Policía como se encarga de la investigación. (…) Nosotros queremos conocer la verdad me parece que hay que esperar a que la Justicia Federal y las Fuerzas Federales den certezas”.

El abogado Aparicio sostuvo al respecto que hay pericias y pruebas técnicas a los teléfonos, que todavía faltan completar” y subrayó: “para decirlo más claro, que no estamos conformes con las pericias que está llevando adelante la Policía Federal”.

Sin embargo, con este “panorama”, que no es más que una pincelada, resulta difícil creer que sea de este fiscal y esta jueza de donde venga algo de verdad y justicia. La confianza en la “justicia” se choca con quiénes deben teóricamente impartirla.

El titular del Ministerio Público Fiscal, Eduardo Casal, después de reiterados reclamos de la familia, finalmente decidió reunirse este miércoles con la madre de Facundo y sus abogados. ¿Seguirá haciendo oídos sordos a la exigencia del apartamiento de Martínez?"

Es urgente la remoción de Ulpiano Martínez y el fin del encubrimiento a la Bonaerense. Solo así se podrá empezar a saber qué pasó con Facundo.

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