Movimiento de Mujeres. ¿Qué alerta de violencia de género necesitamos las mujeres?

Violencia un problema estructural

La frivolidad que muestran las estadísticas públicas sobre la espiral de la violencia contra las mujeres en México, donde ocurren 10 feminicidios al día, 4 de cada 5 casos reportados de trata de personas son mujeres y niñas; 51 mujeres son agredidas sexualmente y 49 sufren abuso sexual al día, no reconocen que las causas tienen raíces en el sistema capitalista patriarcal, ni el papel del Estado, para impulsar, legitimar y reproducir las condiciones estructurales que generan la violencia.

La epidemia de asesinatos tiene al menos tres décadas perpetrándose y con la implementación de la militarización del país por Calderón y la llamada “Guerra contra el narco” se enmarca el aumento exponencial de feminicidio en diferentes estados del país.

En 2007 se aprobó la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, la cual contempla la Alerta de Violencia de Género (AVG), mecanismo que a partir del 2015 se fue activando en varios estados como parte de una política de los gobiernos en turno para legitimar la militarización con un discurso que buscaba erradicar la violencia de género.

Sin embargo, en los Estados y municipios en los que se ha activado la AVG, la violencia no sólo no se ha detenido, sino que incluso se ha recrudecido.

La AVG reduce a particulares y comunidades la responsabilidad por la violencia feminicida, soslayando la responsabilidad y violencia del Estado. Por otra parte, deja en manos de las fuerzas represivas -involucradas en las redes de trata, las desapariciones forzadas y el narcotráfico-, la “seguridad” de las mujeres. De ahí que este mecanismo no haya frenado la violencia ni significado ninguna mejora en las condiciones de vida de la mayoría, que empeoran día con día.

Reduciéndonos a la condición de “víctimas”, la ley limita nuestra lucha a la denuncia individual dentro del marco legal y la justicia que exigimos, en el mejor de los casos, al castigo carcelario de alguno, sin representar una salida de fondo a la grave situación que le ha costado la vida a decenas de miles de mujeres.

En su aplicación la AVG ha sido usada para relegitimar la confianza en las instituciones y el Estado, aprovechando atribuciones que son ambiguas dentro de la misma, lo que ha permitido el despliegue y la coordinación de diversos niveles de fuerzas públicas y armadas salir a las calles para “proteger” la vida de las mujeres.

Incluso ahora se exige por parte de las organizaciones no gubernamentales la capacitación con perspectiva de género para los militares y policías, una re-educación que soslaya la naturaleza misma de estas fuerzas represivas.

A pesar de los señalamientos que plantea Claudia Sheinbaum en su informe de gobierno para “revisar la alerta de género”, porque no ha funcionado, es un discurso contradictorio, porque en los hechos con sus “medidas integrales” implementadas desde su gobierno muestran que se trata, en su conjunto, de la continuidad de una estrategia de seguridad que actúa como supuesta justicia para los feminicidios y sobre hechos consumados de violencia. Al tiempo, la “atención a víctimas” da una salida punitiva frente a la violencia, individualizándola y dejando de lado que el principal responsable de la violencia es el Estado.

El proyecto del MORENA, que propone la “paridad de género” en sus comités y candidaturas, siembra la idea de que el feminicidio y la violencia patriarcal pueden erradicarse si las mujeres conquistan más espacios institucionales para que éstos adopten una “perspectiva de género” y promuevan la equidad, pero sin trastocar el régimen económico y social que engendra y reproduce la opresión y la violencia contra millones de mujeres en México y el mundo.

En este sentido, el MORENA no se diferencia mucho de la perspectiva antes planteada por el PRD, que en la Ciudad de México “institucionalizó” algunas demandas históricas del movimiento feminista, pero a costa de que éste perdiera su combatividad e independencia política. Dando como resultado que en la “capital rosa”, donde el gobierno destina autobuses y vagones del metro exclusivos para mujeres y les proporciona a éstas silbatos contra el acoso, se practica el matrimonio igualitario así como la interrupción legal del embarazo, tres mujeres desaparecen por día y se incrementan los feminicidios, los transfeminicidios, las redes de trata, la precarización laboral, etc.

¿Alerta de Género para quién?

El aumento de la violencia contra las mujeres y su expresión más brutal en el feminicidio condujo, paradójicamente, a que distintas organizaciones civiles y feministas exigieran el reconocimiento de estas formas de violencia por parte del sistema penal, enmarcadas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, obteniendo un resultado inverso al que se buscaba. Porque, aunque la tipificación de las formas de violencia permitió que sean visibilizados los padecimientos de las mujeres, el sistema penal funciona mediante la atribución de responsabilidades individuales en la acusación de daños, vistos como “casos aislados” sin señalar al sistema y el carácter estructural de la violencia.

Por esto, desde Pan y Rosas, planteamos que necesitamos un mecanismo que se implemente de manera independiente del Estado y sus instituciones, cuyo objeto sea:

• Poner a disposición de las organizaciones de mujeres, estudiantiles, organizaciones de derechos humanos, sociales y sindicales que actúen con completa independencia y autonomía del Estado, sus partidos y sus instituciones, los recursos dispuestos por la ley para que se garantice para el uso de albergues seguros para las mujeres.
• Se garantice servicio de transporte público seguro y a un costo accesible las 24 horas, en centros de trabajo y estudio para estudiantes y trabajadoras
• Alumbrado adecuado en calles y plazas públicas, una planeación urbana diseñada en función de las necesidades de las grandes mayorías
• Refugios transitorios, créditos y planes de vivienda para mujeres que violencia financiados por el Estado
• Exigimos asesoramiento psicológico, legal y laboral gratuito e inmediato para todas aquellas mujeres que sufran algún tipo de violencia. Para ello proponemos la creación e intervención de equipos interdisciplinarios especializados en la prevención, atención y asistencia a las mujeres que sufren violencia, y que estos, estén integrados por estudiantes y académicas de universidades públicas
• Constituir comisiones independientes que investiguen y resuelvan los casos de feminicidio, conformado por organizaciones sociales y de izquierda, familiares de víctimas y defensores de derechos humanos, es una tarea necesaria
• La conquista de mejores condiciones de trabajo y de vida nos dejaría en mejor posición para enfrentar el feminicidio y la violencia del Estado, por esto exigimos un aumento salarial de emergencia y plenos derechos laborales para todas.

Por la organización independiente y democrática de las mujeres

En este camino para implementar medidas que avancen en la erradicación de la violencia contra las mujeres es vital que pongamos nuestras fuerzas en las calles para desarrollar un movimiento nacional de mujeres, en clave anticapitalista, socialista y revolucionario que desnude que los verdaderos responsables de la violencia hacia las mujeres son el Estado y sus instituciones, pues sus pilares fundamentales son la opresión y explotación de las mujeres.