Desde su campaña, el presidente electo Donald Trump amenazó con la renegociación o la cancelación del TLC. Las trasnacionales que prosperaron con el libre comercio piden que no dañe las exportaciones. Entre los dos polos, la clase trabajadora, que vio avanzar la precarización en algunas regiones, mientras en otras proliferó el desempleo.
Bárbara Funes México D.F | @BrbaraFunes3
Martes 22 de noviembre de 2016
Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, durante su campaña anunció un plan económico anclado en el proteccionismo. Ahora lo ratificó: consta de cinco puntos que aseguró llevará a cabo en los primeros 200 días de su gobierno: la primera es la renegociación o abandono del TLCAN; en segundo lugar, detener el Tratado Transpacífico de Cooperación Económica. Seguirá con la detención de las “importaciones injustas” y el “comercio inequitativo”; como quinto y último punto, la devolución de los trabajos manufactureros y la disminución de las regulaciones impositivas a negocios.
Este proyecto de gobierno, opuesto por el vértice al neoliberalismo inaugurado por los gobiernos de Ronald Reagan en EE.UU. y Margaret Thatcher en el Reino Unido en la década de 1980, se enfrenta a los intereses de las grandes corporaciones estadounidenses y de otras trasnacionales, las principales beneficiarias del TLCAN, el tratado que formó la región de libre comercio más extensa a nivel global (cinco veces el tamaño de la Unión Europea) y que representa más del 25% del PIB global. Un tratado que implicó un salto en la subordinación de México a Estados Unidos y en la injerencia imperialista en la región.
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Se estima que el comercio por minuto supera los 100 millones de dólares. Hoy 57 mil empresas estadounidenses dependen del comercio con México. Representan seis millones de empleos en el gigante del norte. A lo que se suman las empresas agrícolas en los tres países de la región, que florecen por el trabajo precarizado de los jornaleros mexicanos y el desarrollo de la industria maquiladora al sur del río Bravo.
El TLCAN fue la antesala del de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN), orientada a avanzar en la integración económica de la región. En el ASPAN se establecieron las bases para la reforma energética en curso, diseñada por el equipo de Hillary Clinton.
En particular, se estableció como objetivo del ASPAN “Fortalecer los mercados energéticos de América del Norte, colaborando, con apego a nuestros respectivos marcos jurídicos, a incrementar la oferta confiable de energía para satisfacer las necesidades de la región y de su desarrollo, facilitando las inversiones en infraestructura energética, las mejoras tecnológicas la producción, y el suministro confiable de energéticos; mejorando la cooperación para identificar y utilizar mejores prácticas, así como actualizar y hacer más eficientes las regulaciones; y promoviendo la eficiencia y la conservación de energía, y el uso de tecnologías tales como carbón limpio, captura y almacenamiento de carbono, hidrógeno y energía renovable.” (negritas nuestras).
Así se llegó al actual proceso de desmantelamiento de Pemex y los despidos masivos de trabajadores y trabajadoras de la paraestatal, y la entrega de la infraestructura y los recursos energéticos a las trasnacionales que fueron expropiadas en 1938, como la Shell, una de las principales candidatas para las adjudicaciones de los contratos en modalidad farm-out.
A estas medidas se suma la precarización laboral legitimada y profundizada con la reforma impuesta en 2012, que legalizó la subcontratación (outsourcing), un paso fundamental para posicionar a México como el país con los salarios más bajos y mayor cantidad de horas de trabajo entre todos los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Y este es uno de los factores determinantes para el florecimiento de la industria maquiladora de exportación, junto con la posibilidad de obtener beneficios fiscales por parte del gobierno y realizar acuerdos con funcionarios de gobierno para mejorar las condiciones de sus inversiones.
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La visión de analistas y trasnacionales
La sola enunciación del programa económico de Trump ya ha generado gran volatilidad en los mercados. En México esto se reflejó en la depreciación de la moneda nacional, así como en el aumento de las tasas de referencia del Banco de México y en el magro crecimiento económico del PIB, que mes con mes ha bajado el pronóstico, ahora a 1.9% para 2016 según la calificadora Moody’s. Esto aun cuando las perspectivas de las negociaciones no son factibles de resolver en poco tiempo y Trump debe obtener la aprobación del Congreso estadounidense para retirarse del TLCAN.
Ante este escenario y la incertidumbre que genera el gobierno de Trump, las trasnacionales instaladas en México, Estados Unidos y Canadá, salieron a pedirle que no perjudique sus negocios. Fueron estas empresas las grandes beneficiarias del TLCAN.
A su vez, James R. Jones, quien fue embajador de Estados Unidos en México bajo el gobierno de Bill Clinton, entre 1993 a 1997, señaló que “sin duda, el resultado sería una tarifa idéntica impuesta a todas las exportaciones de Estados Unidos a México”. La perspectiva sería una guerra comercial de tarifas que actuaría contra el crecimiento económico de ambos países.
Por su parte, Antonio “Tony” Garza, ex Embajador de Estados Unidos en México entre 2002 a 2009, bajo la era Bush, destacó que “si los cambios renegociados hacen más difícil de llevarlo a cabo o de invertir en la región, entonces el impacto en la economía de Estados Unidos será rápido y negativo”. Malas noticias para las corporaciones.
Garza abundó que “hay muchas industrias que han organizados sus procesos de producción entre los tres países con el fin de aprovechar las diversas ventajas competitivas o para estar en proximidad a los mercados finales”, y que “si se cambiaran las reglas del TLC, a continuación, estas empresas -que emplean no a decenas sino a cientos de miles de personas- pasarían un tiempo difícil y muy costoso para reorganizar sus operaciones con el fin de mantener su competitividad”.
El sector automotriz, así como la industria maquiladora instalada en el norte de México y empresas como IBM y General Motors, por mencionar algunas, que producen piezas en México y las exportan al gigante del norte, serían los más golpeados.
Por su parte, Luis Rubio explicó que una eventual renegociación del TLC podría llevar años y presentaría un alto nivel de complejidad. Ilustró esto con el caso de las disposiciones aplicables a las normas de origen: “podrían ser realmente difíciles de renegociar debido a que hay una gran cantidad de productos que tienen origen en los tres países miembros, tales como los automóviles, donde algunas de las piezas están fabricadas en Estados Unidos que también tienen piezas canadienses y luego se modificaron y construyeron en México para ser re-exportados a EU, todo ello bajo el paraguas del TLC”.
James R. Jones considera que si Estados Unidos se retirara del tratado podría sentir efectos negativos más rápidos que México ya que se expondría a perder la confiabilidad como socio comercial en el plano internacional.
En otro orden, Rubio estima que el impacto sería peor para México, porque los inversores internacionales perderían la confianza si las condiciones en los que están invirtiendo en la actualidad corren peligro de ser eliminadas o modificadas.
Es posible otra integración de América del Norte
Destaca en la región la enorme capacidad industrial instalada. En México en particular, el boom de la inversión extranjera directa llevó a la creación de nuevas plantas industriales tanto en la frontera norte, como en la región del Bajío, entre otras. Se producen millones de automóviles, electrodomésticos, computadoras, entre otros bienes.
Esto contrasta con la decadencia de Detroit, en Michigan, y el conjunto del Rust Belt estadounidense, donde la relocalización industrial –implementada por las trasnacionales para aprovechar las “ventajas” de la precarización laboral en México– llevó a la pérdida de millones de puestos de trabajo.
Parte importante de la base de Trump la constituyen esos trabajadores estadounidenses y sus familias perjudicados por las consecuencias de la relocalización. A su vez, las empresas en el gigante del norte sacaron ventaja también de la persecución y criminalización de los migrantes, empleados en la industria agrícola y la construcción, entre otras, con los salarios más bajos de Estados Unidos y sin ninguna prestación. Esto a su vez les permite a los empresarios presionar a la baja los salarios del conjunto de la clase obrera multiétnica estadounidense.
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Este camino, con la expropiación y producción bajo control de las trabajadoras y los trabajadores de toda fábrica que cierre, despida o suspenda y la planificación de la economía regional en beneficio de las mayorías es la punta de lanza para avanzar hacia una integración política, social, económica y cultural de la población de América del Norte, una Federación de Estados Unidos Socialistas de América del Norte. Donde el conjunto de la capacidad industrial instalada se ponga en actividad para producir los bienes que satisfagan las necesidades básicas del conjunto de la población: infraestructura urbana y rural, transporte público no contaminante, energías limpias, vivienda, vestido, alimentos, medicinas, servicios de comunicación públicos, que estén al alcance de las mayorías. Que todas las personas en edad de trabajar lo hagan en condiciones dignas, con una jornada laboral reducida para poder dedicar tiempo a la actividad física, al esparcimiento, a la educación.
Que la producción industrial y energética se planifique de manera tal de preservar el medio ambiente y contribuir a la recuperación de los ecosistemas dañados por accidentes industriales –entre ellos los derrames de petróleo–, para las generaciones futuras. Que en la producción agrícola no utilice agrotóxicos ni se realice a base del trabajo esclavo o precarizado de millones de jornaleros. Que niñas, niños y jóvenes en toda la región puedan acceder a la educación básica, media y superior.
Una región sin fronteras, donde exista el libre tránsito a través de los países de la región, y cada ser humano pueda elegir donde vivir, educarse, trabajar y aportar al desarrollo de una sociedad de productores libres asociados, la única que puede terminar con las miserias del capitalismo y hacer posible el pleno desarrollo de la humanidad en todos los ámbitos.
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