Gatillo Fácil. “Que caigan todos los culpables”: a un mes de la masacre, Monte volvió a las calles

A un mes de la masacre policial en San Miguel del Monte, familiares, amigos y amigas de Danilo Sansone, Camila López, Gonzalo Domínguez, Aníbal Suárez y Rocío Quaqliarello realizaron junto a organizaciones de derechos humanos y políticas una serie de actividades para recordar a las víctimas y exigir el juicio y castigo a todos los responsables.

La jornada comenzó pasadas las 14 con una movilización de unas mil personas que arrancó en el Skate Park (frente a la Laguna de Monte), pasó frente a la escuela donde concurrían los chicos y las chicas y finalizó con un acto en la plaza central del pueblo, frente al palacio municipal. Allí se realizó un acto donde hablaron familiares de las chicas y los chicos, familiares de otras víctimas del gatillo fácil policial, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel (presidente de la Comisión Provincial por la Memoria) e Ismael Jalil de Correpi.

Antes de cerrar el acto Mauricio Sansone, primo de Danilo, tomó el micrófono para leer un documento al que adhirieron decenas de personalidades y organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales.

Finalmente, cerca de las 17, se dio lugar a la actuación de artistas de rap, algunos locales (amigos de los chicos asesinados) y otros llegados del Gran Buenos Aires, y bandas de rock de Monte.

Durante todo el recorrido de la marcha por las calles de Monte y al escuchar los discursos de las y los familiares, las lágrimas y las expresiones de bronca no dejaron de aparecer, sobre todo cuando se mencionaba los nombres de los policías asesinos y de sus jefes políticos encubridores, desde la intendenta del Frente Renovador Sandra Mayol hasta la gobernadora María Eugenia Vidal, su ministro Cristian Ritondo, la ministra de Seguridad nacional Patricia Bullrich y el mismo presidente Mauricio Macri, todos ellos abanderados de la doctrina Chocobar legitimadora del gatillo fácil.

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Las familias estuvieron acompañadas por vecinos de Monte, miembros de la comunidad educativa local y organismos de derechos humanos como la Comisión Provincial por la Memoria, Correpi, la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, el CELS y el CeProDH. También estuvieron La Poderosa, el colectivo Vivas Nos Queremos de San Miguel del Monte, los partidos que integran el Frente de Izquierda Unidad (PTS, PO, IS y MST) y un par de referentes kirchneristas locales.

Como anticipó este diario, la decisión del recorrido de la marcha se basó en el deseo de las familias de pasar por los lugares donde Danilo, Camila, Gonzalo y Aníbal pasaron sus mejores momentos. Durante todo la movilización y el acto los cánticos más entonados fueron “yo sabía que a los chicos los mató la Policía”, “como a los nazis les va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar” y “atención, atención, no es un policía es toda la institución”.

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En el acto hablaron primero representantes de la familias. La mamá de Gonzalo, la mamá y el papá de Danilo, la mamá de Camila, el hermano de Aníbal y la mamá de Rocío. Todos ellos expresaron que su lucha seguirá hasta conseguir justicia, tanto en lo que se refiere a las responsabilidades policiales como a las políticas.

También hubo una denuncia muy fuerte a la política de gatillo fácil como política de Estado, reclamando en varias oportunidades la renuncia de la intendenta Sandra Mayol. Y se expresó la expectativa de que en los próximos días la jueza a cargo de la causa confirme las prisiones preventivas de los doce policías y el exsecretario de Seguridad municipal que están detenidos.

Gladys Ruíz Días, la mamá de Danilo, pidió que levanten la mano quienes tuvieran un familiar asesinado por el gatillo fácil y, mientras muchas manos eran levantadas, se preguntaba cuántas muertes más quieren los jueces que se produzcan para hacer justicia.

Yanina Zarzoso, mamá de Camila, expresó un sentimiento común al de muchas de las personas presentes: “a partir de ahora soy una más y me comprometo a acompañarlos también a ustedes y de ahora en más empezar a luchar para que no haya ni un pibe más muerto, porque no solo reclamo por mi hija que ya no la tengo sino porque no le pase a nadie más. Pido justicia y quiero que caigan todos los responsables, el Estado es responsable y les pido que no se quede el pueblo dormido”.

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También habló la madre de Rocío, Loana Sanguinetti. Por dedicarse durante este mes a la recuperación de su hija esta fue la primera manifestación pública de la que participó. “Queremos que se hagan cargo, no necesitamos más pruebas para demostrarle al juez quiénes son los culpables, por eso justicia, castigo y cárcel es lo que pedimos”.

El hermano y el tío de Aníbal Suárez por su parte denunciaron las calumnias que vienen escuchando en el pueblo sobre su familiar asesinado, buscando desprestigiar a la víctima que manejaba el Fiat 147 la noche del crimen. “Vos no tenés nada que explicar”, lo consolaron desde abajo del escenario y los aplausos intentaron llevarle consuelo.

Luego subieron al escenario la mamá de la adolescente Camila Cinalli, desaparecida en San Miguel del Monte desde el 29 de agosto de 2015 y por quién se sigue reclamando su aparición con vida; la madre del joven Diego Cagliero, asesinado también hace un mes por la Policía en Tres de Febrero; Sandra Gómez, madre de Omar Cigarán, adolescente asesinado por la Policía en La Plata en 2013; y la madre de Kiki Lescano, el joven asesinado por la Policía en la Ciudad de Buenos Aires en julio de 2009.

Luego dirigió la palabra Adolfo Pérez Esquivel, quien aludió a que las puertas del palacio municipal que estaban detrás del escenario, cerradas como señal de complicidad del poder político con la masacre. Y llamó a continuar la lucha en las calles por verdad y justicia para los pibes muertos y por un futuro digno para toda la juventud.

Ismael Jalil de la Correpi por su parte hizo hincapié en el carácter político de la masacre, enmarcándola en la política represiva del Gobierno nacional y de los gobernadores de todo el país, que da como resultado una avanzada represiva, agudizada desde 2015, con un saldo de una persona asesinada por el Estado cada 21 horas. “Nosotros sostenemos además que debe pagar la responsabilidad política que la hay, desde el gobierno de Mauricio Macri hasta la intendencia de Sandra Mayol. Se habla de no politizar, pero lamentablemente este es un crimen político porque están ellos detrás de la Policía y porque además los encubrieron”.