Análisis. ¿Qué cambiará con la reforma judicial de Alberto Fernández?

Uno de los objetivos planteados por Alberto Fernández es el de disminuir los poderes de tinte monárquico de un puñado de jueces, particularmente en Comodoro Py, tras los últimos años de impunidad total con la que algunos jueces, fiscales, operadores, servicios de inteligencia y funcionarios se manejaron en causas judiciales de gran peso político.

También podría analizarse a la luz del pronto cacerolazo que instauraron desde Juntos por el Cambio y parte de su base social, que buscan limitar al Gobierno enfrentando cada anuncio, más allá de su contenido, y exclamando “que vienen por todo, por la impunidad”. Sería engañoso. Posiblemente la derecha prefiera que el Poder Judicial continúe exactamente como está organizado hoy, con doce jueces ya conocidos e inofensivos a sus intereses. Pero ello no significa que el proyecto del gobierno nacional ataque cuestiones estructurales, ni que sea disruptivo en algún aspecto profundo.

Casta intocable

El proyecto anunciado no afecta, por ejemplo, al poder monárquico de esa casta privilegiada que es la Corte Suprema y al Poder Judicial de conjunto. Esa Corte que, según Fernández, está compuesta por excelentes jueces. Pero si no se toca esa casta, sus ingresos exorbitantes, sus privilegios, sus permanencias vitalicias en los cargos, ¿qué podemos esperar del contenido de sus sentencias?

¿Puede dejar de ser una justicia de clase al servicio de los sectores minoritarios y más poderosos? ¿Van a dejar de hacer fila en la Embajada de Estados Unidos cada 4 de julio? ¿Lo harán justo ahora que el Estado argentino está de rodillas ante ésa y otras potencias imperialistas mediante ese mecanismo de dominación por excelencia que es la deuda externa?

¿Y la forma en que son designados los miembros de la Corte y jueces y fiscales de todas las demás instancias inferiores? ¿Qué puede cambiar en esencia si seguirán surgiendo de la rosca entre los dos bloques mayoritarios del régimen político? Ello vale tanto para el Consejo de la Magistratura, que elaborará las ternas, de las cuales el presidente de la Nación elegirá un candidato, el cual deberá ser aprobado por los dos tercios del Senado (compuesto sólo por las dos primeras fuerzas de cada provincia).

Se puede hablar de la grieta y del paso feroz del gobierno macrista en general y por el Poder Judicial en particular. Pero bajo este sistema de designación de jueces nadie será juez sin el aval de ésa u otras fuerzas derechistas.

Quizás en ese aspecto, estemos encontrando esa “cualidad” que el presidente se adjudica, la de ser un hombre de “diálogo” y de “consensos”. Para acordar nuevos jueces y cargos de todos los colores, quedaremos en presencia de un “Pacto de Olivos” permanente. No existe otra manera. A espaldas de la población y sus necesidades, desde ya.

Más rosca y componendas

Si la rosca y las componendas ya son tremendas actualmente, tanto para nombrar como para enjuiciar a algún magistrado, hay que imaginar su crecimiento exponencial al momento de acordar los 23 nuevos juzgados que el proyecto de Alberto Fernández establece para la justicia penal federal de la Ciudad de Buenos Aires.

Y sólo resta temblar al imaginar el nivel de rosca para acordar los 94 nuevos cargos federales en todo el país, toda vez que el proyecto presentado desdobla cada juzgado federal en uno de especialidad penal y otro dedicado a las otras materias del derecho.

¿Puede ser una mera multiplicación de juzgados y fiscalías el remedio contra la justicia de clase, enriquecida, corrupta, extorsionadora, monárquica, servil al gobierno de turno, o con otras cualidades que se desee asignarle?

El presidente prácticamente limitó las miserias de la justicia federal a los terribles cuatro años macristas y a la concentración de poder en manos de unos pocos jueces. Ya dijimos que su anuncio no toca a la Corte Suprema, a la Cámara de Casación Federal ni al costoso y poco útil Consejo de la Magistratura. Si hasta hoy es costoso, tanto éste y el Poder Judicial en general, no podrían sino duplicar o triplicar su presupuesto con la multiplicación de juzgados, fiscalías, defensorías, y cargos varios con abultados salarios. Es inimaginable.

Vale recordar apenas un antecedente bastante reciente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya que ésta tiene 160 años de historia de clase. En 2013 el anterior gobierno peronista intentó otra reforma judicial de variados aspectos, algunos más criticados desde la oposición derechista y otros aspectos claramente regresivos. El punto sin dudas más disruptivo era el que establecía la elección popular de los consejeros de la Magistratura. La Corte Suprema, al poco tiempo de ser aprobada esa ley por ambas cámaras del Congreso, la declaró inconstitucional. A esa Corte reivindica Fernández. De hecho él se alineaba con los opositores en esos días.

El ejemplo ayuda a pensar que una reforma verdaderamente anticorporativa, que vaya contra la casta judicial, no contaría jamás con el aval del superior tribunal. Debería enfrentárselo de verdad, embestirlo y tirarlo abajo con la movilización de muchos miles en las calles, como mínimo. Ese es el único idioma, ajeno a sus intereses de casta, que han entendido, por ejemplo ante el repudio masivo al “2 x 1” a los genocidas o después de las jornadas de diciembre de 2001.

Por eso, una vez más, vale preguntarse ¿se cura el tan enfermo y cuestionado Poder Judicial con sólo duplicar los cargos?

Servicios para la “justicia”

Otra mirada demasiada estrecha es aquella que dio el Presidente acotando las miserias judiciales a los cuatro años macristas. Puede definirse fácilmente que hubo un salto respecto a las últimas etapas desde 1983 en la persecución a la fuerza opositora mayoritaria. Resulta claro en el marco del llamado lawfare que avanzó como política imperialista para Latinoamérica derrocando presidentes y proscribiendo candidatos en los últimos años.

No fueron ajenos a ello los servicios de inteligencia argentinos, alineados casi sin excepción con los designios del Norte, como el célebre Marcelo D’Alessio o las bandas de la AFI que salieron recientemente a la luz. Ni hablar de Jaime Stiuso, atado a la CIA y al Mossad durante la década y gobierno que uno prefiera observar desde 1972.

Pero, desde que se tenga memoria, la Justicia federal es inherente a los servicios de inteligencia y a las embajadas extranjeras. Así como los jueces que actuaron en los años macristas, que Fernández repudia, fueron nombrados y funcionales durante otros gobiernos previos, desde el menemismo en adelante. Y en el alfonsinismo la abrumadora mayoría de jueces tenían su origen en la dictadura genocida. Pero esas épocas parecen ser un canto a la democracia, según la mirada de Alberto.

Gente con “códigos”

Otro embellecimiento al que asistimos en el discurso de este miércoles se dio en torno al Código Procesal Penal Federal, aprobado en 2014 por el Congreso de la Nación. Ese código, que cumplía con el aggionamiento solicitado por las embajadas antes mencionadas, propone un cambio del sistema inquisitivo (en el que los jueces impulsan el proceso) al sistema acusatorio (donde ese rol lo juegan los fiscales).

Ese nuevo Código Procesal Penal Federal ya presentaba de origen muchos aspectos cuestionados por la izquierda, que se abstuvo en aquella votación. Ayer el titular del Ejecutivo lo levantó como una bandera, como un antídoto contra el poder monárquico de los jueces y el oprobio del macrismo.

Pero si bien el anterior gobierno frenó, apenas asumió, la puesta en vigencia de ese presunto código virtuoso, avanzó en su implementación en algunas provincias y terminó promulgando su puesta en funcionamiento de manera inminente, no sin antes dotarlo de capítulos nefastos, con figuras procesales como la del “arrepentido”, “agente encubierto”, “agente revelador”, nuevas técnicas de espionaje, etc. Lo que definimos como nuevos cuerpos de buchones discrecionales que podrían armar causas a granel a pedido del poder de turno.

Sólo la izquierda se opuso a esas modificaciones reaccionarias. El peronismo, que acompañó esos proyectos del macrismo y fueron aprobados, luego denunció el uso de esas herramientas en causas como la de “los cuadernos”, donde exfuncionarios y empresarios cercanos a ese espacio lo sufrieron en carne propia. ¿Será inminente la anulación de esas modificaciones tan reaccionarias ahora que ya no gobierna Mauricio Macri? Nada de esto se ha siquiera mencionado desde el Ejecutivo.

Desde la izquierda hemos condenado esas persecuciones a opositores. Sobre todo a los presos por luchar, como Milagro Sala y Luis D´’Elía. Pero también a los que pelearon contra la reforma previsional de diciembre de 2017, aún procesados o detenidos. Y a los miles de criminalizados, procesados, detenidos y reprimidos por luchar durante las últimas décadas y gobiernos.

Ningún cambio estructural

La justicia de clase es esencial a este sistema social. Pretender que fue un mal exclusivo del macrismo es casi una burla. Pero peor es pretender que las herramientas para contrarrestarla sean un Código Procesal en manos de fiscales designados por el poder de turno, o la duplicación de la cantidad de jueces millonarios elegidos de manera tan antidemocrática como siempre.

El proyecto presentado por Alberto Fernández no afecta a la casta judicial. No toca sus ingresos de privilegio. Exactamente hoy, se retira por la puerta grande uno de los jueces de la “servilleta” del menemismo, tras 26 años de servir a cada gobierno: Rodolfo Canicoba Corral. Se jubila con enormes privilegios a los 75 años para no afrontar un juicio político.

Los jueces siguen siendo vitalicios, cobran, viven y sienten como gerentes de grandes empresas, y no los elige la población.

Desde la izquierda no pretendemos mejorar la organización de los poderes del Estado capitalista, como lo es el Poder Judicial al servicio de la clase dominante. Pero es nuestra obligación señalar lo mucho que algo no cambia, cuando una reforma como ésta es presentada como estructural.