De la "inclusión" castellanizante al discurso de "preservación" que se apropia y comercializa sus tradiciones, auguran algunos docentes menos optimistas, seguirá la desaparición de las lenguas, de la mano del vaciamiento de la educación normal y una administración que a lo largo de los años ha centralizado los recursos y relegado a las poblaciones más empobrecidas.

Nancy Cázares @nancynan.cazares
Jueves 9 de agosto de 2018
Desde mediados de los noventa, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) decidió conmemorar cada 9 de agosto el Día Internacional de los Pueblos Indígenas [1]. Este año el tema es "Migración y desplazamiento de los pueblos indígenas", centrado en la situación en que se encuentran actualmente los distintos territorios y pueblos originarios, así como las causas de la migración y el desplazamiento.
Según han declarado directivos del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas (Inali), la atención de la conmemoración se centrará especialmente en pueblos indígenas que habitan zonas urbanas así como los retos para proteger y promover la preservación y respeto a los derechos de los pueblos indígenas y sus territorios.
Este discurso se opone al papel que ha jugado este Instituto en la imposición de la Reforma Educativa, a la cual ha embellecido en distintas oportunidades. Esto a pesar de los distintos llamados de atención que han hecho maestros de estados con alta concentración indígena, como Oaxaca, sobre un proyecto que contemple un sistema de asignación docente arbitrario y, principalmente, un esquema diseñado para homogeneizar ya no la lengua, como con el proyecto vasconcelista, sino los contenidos, acercándolos a lo que sirve a los empresarios que su futura mano de obra aprenda y no la promoción y preservación de las lenguas indígenas. Mucho menos de su cultura o su territorio, del que sistemáticamente han sido despojados por megaproyectos o desplazados por la violencia y la militarización. [2]
Este objetivo de preservación es letra muerta para el gobierno mexicano, que a pesar de haber promovido la creación del Inali como parte de la cosmética Ley general de derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, continúa impulsando medidas que, en los hechos, afectan gravemente a los pueblos y sus territorios. La imposición de las Zonas Económicas Especiales y de la Ley de biodiversidad son algunos ejemplos de la verdadera posición de un gobierno garante de los intereses de empresarios nacionales y extranjeros.
De la "inclusión" castellanizante al discurso de "preservación" que se apropia y comercializa sus tradiciones, auguran algunos docentes menos optimistas, seguirá la desaparición de las lenguas, de la mano del vaciamiento de la educación normal y una administración que a lo largo de los años ha centralizado los recursos y relegado a las poblaciones más empobrecidas. [3]
Escenas como las de la película mexicana "Enamorada" (1946) de Emilio Fernández, que mostraban maestros rurales sin salario, con escuelas que se caen a pedazos y más alumnos de los que puede atender, se repiten hoy en día. Así lo denuncian las imágenes de las escuelas afectadas por el sismo de septiembre pasado que, a casi un año, continúan poniendo en riesgo la vida de cientos de alumnos y maestros ante la indiferencia de gobiernos y autoridades de la Secretaría de Educación Pública.
Mientras que a nivel global menos del 32% de los indígenas siguen hablando su lengua materna, en México la discriminación ha contribuido a que actualmente apenas un 6.5% de los más de 25 millones de personas que se autoidentifican como indígenas en México, sean hablantes de alguna lengua originaria. A pesar de los distintos programas existentes, en el mundo apenas 2% de los pocos indígenas que logran acceder a la educación superior recuerdan su lengua materna. Esta cifra, sin embargo, no parece ser muy significativa para el caso mexicano, en donde la escolaridad promedio de un hablante de una lengua indígena equivale a educación primaria inconclusa, según cifras del Coneval 2017.
Las poblaciones indígenas han sido relegadas a recibir atención por parte de programas sociales como la población más vulnerable de México, por supuesto sin que esto signifique un mayor presupuesto a atender sus necesidades. Los sesgos en el acceso a una educación que promueva la preservación de las lenguas originarias son tan sólo una de las formas en las que se ha buscado marginar a los pueblos para saquear los recursos de sus territorios. El acceso a la salud y a la justicia son otros de los derechos que en 2018 continúan siendo negados a millones de personas en nuestro país.
Propuestas como el multilingüismo para las políticas públicas vienen lentas (por indiferencia, que no por urgencia) para los más de ocho mil presos indígenas que permanecen prácticamente secuestrados en cárceles mexicanas, custodiados por un estado monolingüe, que criminaliza la pobreza y que carece de intérpretes y voluntad política suficientes para hacer menos evidente su nulo interés por los derechos humanos. [4]
Marginados, despojados y expuestos a la violencia del crimen organizado, que organiza desde hace años "levas" modernas en las que jóvenes y adultos son secuestrados de las comunidades y obligados a trabajar en sembradíos en droga o usados como carne de cañón para transportarla, los pueblos indígenas resisten.
Mientras en las alturas los gobiernos de la región discuten nuevos acuerdos comerciales que hoy como hace casi 25 años están encaminados a beneficiar a empresarios y sus negocios a costa de millones de trabajadores del campo y la ciudad, consignas como la de "Justicia, Tierra y Libertad" de Emiliano Zapata, son vigentes ahora como lo fueron hace cien años.
[1] Hay 5 mil grupos indígenas distintos repartidos en 90 países. En México hay 68 pueblos indígenas. En conjunto, en el mundo se hablan un aproximado de 7 mil lenguas indígenas distintas
[2] Ocho de cada diez hablantes de alguna lengua indígena se encuentran en situación de pobreza, según cifras del Coneval (2017).
[3] Este pronóstico se corresponde con cifras que a nivel internacional registran un decremento de la población de hablantes de lenguas indígenas.
[4] Mientras 15% de los indígenas presos no tuvo acceso a un traductor y enfrentó "a ciegas" un proceso legal, 30% reporta tortura durante su detención.