El decreto ratificado por Diputados favorece la concentración mediática y permite negocios multimillonarios a los grandes grupos. Enterate qué dice.
Juan Manuel Astiazarán @juanmastiazaran
Sábado 9 de abril de 2016
Imagen: beta.mendozaopina.com
El martes, en la segunda sesión de la Cámara de Diputados desde que Cambiemos asumió el gobierno, se aprobó por mayoría ratificar el decreto 267/15.
El texto firmado por Macri a horas de asumir la presidencia afirma que “la crítica situación del sector de las telecomunicaciones y los medios” habilita una situación excepcional que hace imposible seguir los trámites previstos por la Constitución Nacional para la sanción de leyes. Sin embargo el texto no especifica cuál sería esa situación crítica y mucho menos por qué la "solución" a esa crisis pasaría por beneficiar a los pulpos mediáticos nacionales y multinacionales.
Más allá de las argumentaciones poco sustentables, la normativa introduce importantes modificaciones en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y la Ley Argentina Digital (27.078) a medida de los grandes medios de comunicación y las empresas telefónicas.
Sintéticamente podría afirmarse que el DNU implica dos importantes cambios en el actual sistema de medios. Por un lado establece la creación del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) que actuará como Autoridad de Aplicación de las leyes 26.522 y 27.078 en reemplazo de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Autoridad Federal de las Telecomunicaciones y la Información (AFTIC).
Por el otro, modifica artículos referidos a la concentración de licencias de TV, radio y señales de cable, permitiendo una mayor acumulación por parte de los pulpos del sector. Además, habilita la llamada “convergencia” entre los medios de comunicación audiovisual y las empresas de telecomunicaciones, permitiendo a los grandes grupos ingresar al famoso Triple Play (prestación de TV, Internet y Telefonía por parte de un mismo proveedor).
En el caso del nuevo ente que reemplaza a las disueltas AFSCA y AFTIC, la conducción será ejercida por un Directorio integrado por un presidente y seis directores. El Enacom funcionará bajo la órbita del Ministerio de Comunicaciones que dirige Oscar "El Milico" Aguad. Además, el macrismo tendrá un control directo sobre las autoridades del organismo ya que el presidente y tres directores serán nombrados por el Poder Ejecutivo, correspondiendo los otros tres cargos a representantes de las minorías parlamentarias.
El quórum para sesionar será de cuatro miembros y las decisiones se tomarán por mayoría simple, lo cual garantiza al gobierno de Cambiemos un control total sobre las decisiones que se tomen. Mientras se refiere al organismo como un ente “autárquico y descentralizado”, el decreto llega incluso al punto de plantear que los miembros del Directorio “podrán ser removidos por el Poder Ejecutivo Nacional en forma directa y sin expresión de causa”.
En materia de regulación de las propiedades de licencias, introduce modificaciones que aumentan la posibilidad de ampliar la concentración y los negocios millonarios por parte de los grandes pulpos del sector.
El DNU plantea que las licencias serán “susceptibles de prórrogas sucesivas” planteando una primera renovación por cinco años de manera automática y posteriormente prórrogas por plazos de diez años que serán evaluadas y asignadas por el Enacom. En cuanto a la transferencia, habilita la posibilidad de venta a la vez que amplía de diez a quince el límite de licencias de radio y televisión abierta.
Como si fuera poco, con el argumento de “aprovechar los beneficios de la convergencia tecnológica” allana el camino para que las empresas telefónicas puedan ingresar al mercado de la televisión por cable en un plazo de dos años, mientras habilita a los grandes grupos de medios a ingresar en el mercado de la telefonía inmediatamente.
Clarín, uno de los principales beneficiados por la normativa, comenzó rápido la “adecuación” y a tres semanas de publicado el DNU compró la totalidad de Nextel Argentina. A su vez, el Enacom aprobó hace un mes la venta de Telecom al grupo mexicano Fintech, socio del Grupo Clarín en Cablevisión. El grupo de Noble se plantea de esta manera entrar a competir con Telefónica en uno de los más importantes reacomodamientos del sistema de medios y comunicaciones del país.
Si el kirchnerismo intentó regular el mercado en función de sus propios intereses a través de la pauta publicitaria y la creación de una red de medios afines y empresarios amigos para competir con Clarín, el macrismo pretende “desregular” el mercado en nombre de la libre competencia, donde los grandes favorecidos son los grupos empresarios más concentrados como Telefónica y Clarín especialmente.
En los últimos días, una nueva puja parece abrirse en el horizonte a partir del interés del grupo del magnate Ted Turner (dueño de CNN y TNT entre otros gigantes) en la compra de Telefé, quien también estaría interesado en adquirir los derechos de televisación del fútbol dado el acuerdo que existe entre el gobierno y la AFA para terminar con el programa Fútbol Para Todos.
La diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman afirmó en la sesión que “con la autoridad de haber cuestionado oportunamente la LSCA, que con el correr de los años demostró que no se tradujo en una verdadera democratización de los medios, decimos ahora que quienes votan a favor este decreto están votando medidas a favor de Clarín y de los grandes grupos mediáticos”. Es que el “proceso de abierta competencia” al cual se refiere el DNU del macrismo no hace otra cosa que dar vía libre al reparto del botín entre los gigantes de los medios y las telecomunicaciones, consumando una concentración de empresas mayor a la que ya existía y se desarrollaba durante las décadas previas, incluyendo el período kirchnerista.
