PACTO DE RENTAS. ¿Qué es el “pacto de rentas” y por qué es una medida para salvar los intereses capitalistas?

La espiral inflacionista

A dos semanas del inicio de la guerra en Ucrania las consecuencias del conflicto ya se empiezan a notar en las economías de la zona euro. La incertidumbre económica que impone la guerra plantea varios escenarios posibles e impone la revisión casi diaria de las previsiones económicas. Este mismo jueves la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en su comparecencia tras la reunión del Consejo de Gobierno de esta entidad ha informado sobre las perspectivas para la zona euro tras el estallido del conflicto bélico ucraniano. La estimación es un escenario de inflación del 5,1% en 2022, aunque Lagarde advierte que podría dispararse al 7,1% en el peor escenario. Esta previsión hace dos semanas era del 3,2%, casi 2 puntos por debajo de la actual. En lo referente a la inflación subyacente —excluyendo energía y alimentos frescos—, la proyección es del 2,6% para 2022 frente al 1,9% que se preveía en diciembre.

La extensión del conflicto definirá en gran medida los posibles escenarios. En las próximas semanas veremos constantes cambios en las previsiones, pero con una clara tendencia hacia mayores dificultades económicas. La incertidumbre se impone, tanto es así que el informe del BCE presentado el jueves incorpora como novedad el hecho de que la previsión contempla además del escenario base (5,1% de inflación en 2022) otros dos escenarios: uno adverso y otro severo. En el considerado escenario severo, la inflación escalaría hasta el 7,1% en 2022. En el escenario adverso, la inflación llegaría hasta el 5,9%.

Ralentización del crecimiento

No solo la inflación preocupa, también se empiezan a recalcular las previsiones de crecimiento económico. Hay algunos economistas que incluso empiezan a barajar un horizonte de estancamiento económico, un posible escenario definido como “estanflación” –una combinación entre estancamiento en el crecimiento económico y una subida constante de los precios–. Esto es algo que todavía es poco probable pero ante el escenario incierto que abre la guerra es una hipótesis que va estando más presente entre los analistas. Lo que está claro es que las previsiones de crecimiento que hacían hasta hace pocos días los Estados, las agencias de crédito y las entidades internacionales como el BCE no se van a cumplir. Por ahora las certezas son que antes de la guerra el BCE cifraba en un 4,2% el avance del PIB en la zona euro para 2022 y ahora lo cifra en un 3,7%.

Los indicadores económicos ya se están traduciendo en un golpe en los hogares de miles de familias. Esta semana veíamos el precio de la luz escalando nuevamente a niveles históricos. Productos de consumo básicos como el pan o el aceite de girasol ya se han incrementado considerablemente y todo apunta a que lo seguirán hacendo en las próximas semanas. Esta situación cae como una losa sobre unos salarios bastante golpeados por la inflación que ya veníamos experimentando en 2021 y por años de avance de la precariedad.

Ante esta situación el jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, pidió a los europeos que bajasen la calefacción. Unas declaraciones que por más ridículas que parezcan son la expresión del programa que plantea Europa para descargar las consecuencias de esta crisis sobre millones de familias trabajadoras.

Más allá de las declaraciones de Borrell que son un tremendo insulto, lo que hemos visto estos últimos días es una preocupación creciente por parte de los gobiernos europeos ante esta situación incierta que les exige un doble esfuerzo para justificar la escalada del conflicto y su papel en el mismo. Las sanciones económicas, el envío de armas al gobierno de Zelensky y el envío de tropas a Polonia y Letonia no son actos de paz y el golpe de las sanciones no solo lo va a sufrir dramáticamente el pueblo ruso, en Europa ya estamos viendo las consecuencias.

El pacto de rentas propuesto por el Gobierno

En el Estado español esta situación también está dibujando un escenario sombrío para las clases populares. El gobierno de Pedro Sánchez anunció el pasado miércoles en sesión parlamentaria que “se vienen tiempos duros”. Desde entonces tanto el presidente como sus ministros vienen preparando el terreno para llegar a un llamado “pacto de rentas”. Durante todos estos días no han especificado hasta el final de qué se trata realmente dicho pacto. En los hechos por lo poco que ha anunciado supone una justificación discursiva para los ajustes y ataques que preparan para descargar la crisis que se viene sobre las y los trabajadores.

Como ya hicieron anteriormente Rajoy y Zapatero ante un escenario de dificultad económica, es el propio jefe del Gobierno el que se pone con el timón al mando para ejecutar un paquete de recortes que golpean directamente al poder adquisitivo de la mayoría social.

El anuncio mismo de esta iniciativa supone el pistoletazo de salida para iniciar las negociaciones con la patronal y la burocracia sindical. El punto de partida que marca el propio Gobierno y que han filtrado a la prensa son entre otras medidas: la congelación de las pensiones, la facilidad para activar el flamante mecanismo RED y la insinuación de congelar los salarios.

La patronal rápidamente ha salido a saludar las intenciones de Sánchez. Antonio Garamendi, líder de la CEOE, dio una rueda de prensa para mostrar su apoyo explícito a que se congelen los salarios “para paliar la espiral inflacionista”. Sin embargo, tachó de demagogía cualquier intento de limitar el reparto de dividendos en las grandes empresas.

La disputa por ver quién paga las consecuencias de la guerra y la escalada guerrerista comienza por tanto con una patronal con el cuchillo en la boca y jaleada por el Gobierno. Por su parte, los dirigentes sindicales apenas han tenido reacción alguna. Atrás quedan incluso sus propias propuestas anteriores al estallido de la guerra, como la de UGT de subir un 5% los salarios este ejercicio. El líder de CCOO, Unai Sordo, tan solo atinó a decir: “somos conscientes de las dificultades económicas que va a generar esta invasión y de las consecuencias que van a generar las medidas de presión a Rusia”.

A pesar de la docilidad que muestran las dos grandes centrales sindicales, los medios de comunicación han salido a criminalizar y a condenar cualquier mínimo intento de respuesta sindical. Desde los diarios conservadores, como el Mundo, ABC, hasta los supuestos medios progres, se asume que hay que combatir el problema de la inflación y que los salarios y las pensiones tendrán que verse “moderados”. La idea de que habrá que repartir las consecuencias de la crisis, aún con distinto grado de intensidad en la parte a descargar sobre los trabajadores, es unánime.

Bajo argumentos técnicos, se trata de crear un ambiente de unidad nacional para conseguir el máximo consenso posible para que no haya respuesta en las calles. La realidad es que la crisis no está golpeando igual para todos. Las eléctricas están consiguiendo beneficios récord con los precios disparados. Pero no solo el oligopolio energético ha hecho de la guerra una oportunidad para engordar sus cuentas. Diversas empresas con conexiones con la industria armamentística de manera directa o indirecta, se están frotando las manos por el nuevo nicho de negocios que se ha abierto. Como indica uno de los periódicos de referencia para la burguesía, El Economista, “a medio plazo, una nueva Guerra Fría podría ser buena para los mercados”.

Los capitalistas españoles se preparan, por tanto, para enriquecerse con el negocio de la muerte y las guerras mientras tratan de paliar los efectos descontroladores de la economía con las únicas herramientas que conocen: ajustes y recortes para la clase trabajadora.

La lucha de clases para enfrentar las medidas de guerra de la burguesía española

La guerra en Ucrania ha trastocado la situación de conjunto. El clima de unidad nacional para apoyar el envío de armas y la deriva guerrerista tiene como complemento en el escenario doméstico el acuerdo por parte de los distintos partidos del régimen de que la clase obrera tiene que pagar de algún modo la consecuencias de la crisis. Esto se escenifica con la discusión alrededor del pacto de rentas. Las diferencias están en cómo enfocarlo discursivamente y la intensidad de estos ajustes y recortes. Pero en este consenso de Estado está incluido desde la CEOE hasta la pata izquierda del gobierno, Unidas Podemos, pasando por las burocracias sindicales.

Frente a eso ni siquiera los supuestos partidos de izquierda ni las burocracias sindicales han planteado una salida en favor de los intereses de la clase trabajadora. Qué justificación puede tener en estos momentos que la energía siga en manos de un oligopolio que manipula a su antojo los precios de la electricidad y que amenaza con hundir al conjunto de la economía. Porque al contrario de lo que dijo Sánchez, la subida del precio de la luz no es por culpa de “la guerra de Putin”. La factura de la luz lleva alcanzando cifras récord desde hace muchos meses. En el caso de España además no hay peligro de desabastecimiento de gas, porque no depende del gas ruso, sin embargo Endesa, Gas Natural y el resto de multinacionales del sector han aprovechado la coyuntura internacional para enriquecerse aún más a costa del empobrecimiento la mayoría.

Expropiar a las grandes compañías de la electricidad es una de las condiciones indispensables si realmente se quiere frenar el aumento de la inflación. Es el descontrol de los precios en uno de los sectores claves de la economía lo que provoca desequilibrios económicos de todo tipo.

La clase trabajadora y sus organizaciones tienen que asumir que la inflación no es un problema técnico sino que es un problema vinculado directamente a la lucha de clases. Al igual que Garamendi asume sin pudor alguno que los beneficios empresariales deben blindarse mientras quienes tienen que perder poder adquisitivo son las y los trabajadores, las organizaciones sindicales tienen en estos momentos que luchar por una medida tan básica como necesaria: que los convenios tengan cláusulas de subidas salariales ligadas al IPC.

La clase trabajadora no puede plegarse al clima patriotero que quiere imponer la patronal y el gobierno. Todo lo contrario, la defensa de sus intereses requiere no frenar la lucha de clases. Los recursos que los gobiernos europeos pretenden poner al servicio de rearmar a sus ejércitos pueden perfectamente servir para un plan de emergencia para frenar el empobrecimiento de las y los trabajadores.

La guerra iniciada en Ucrania marca el principio de una nueva etapa en la que la fraternidad entre los pueblos no es solo es una cuestión de solidaridad, sino que tiene que ser el arma política para frenar la dinámica de guerras y grandes padecimientos económicos a la que nos empujan los capitalistas para proteger sus intereses. En el Estado español la clase trabajadora tiene que hacer suya la consigna de los marxistas internacionalistas de principios del siglo xx “guerra a la guerra” y organizar la lucha en primer lugar contra una burguesía que no le importa el sufrimiento de los pueblos como la española.