La gestión de Omar Perotti intentará, en el comienzo de sesiones en la legislatura, que se aprueben las leyes trabadas de finales de año. Esta ley de “necesidad pública” incluye la medida más polémica e importante que es la emergencia en seguridad.
Lunes 3 de febrero de 2020 14:32
Después del fracaso del gobierno en la última sesión de la Legislatura provincial, donde la oposición rechazó el paquete de leyes de emergencia (social, económica, sanitaria, alimentaria, financiera, fiscal en las contrataciones públicas, y en materia de seguridad), esta semana van a intentar desde el oficialismo conseguir la aprobación de la nueva ley de necesidad pública.
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Durante estas semanas el gobierno tuvo que cambiar de estrategia y sentarse a negociar con la oposición, entre lunes y martes tendrán lugar las reuniones con el Partido Socialista, así como con la UCR. Lo que se conoce de la llamada ley de necesidad pública es que se incluyen medidas tales como la emergencia sanitaria, social, alimentaria y financiera. La más polémica es la de seguridad, y los dichos “picantes” del Ministro Saín sobre la gestión saliente de Lifschitz y Pullaro dejan ver que el resultado de estas negociaciones sigue siendo incierto. Por ahora respecto del borrador que circula desde el socialismo recalcan que no quieren que se repita “un gran error” de pedirle a la Legislatura una megaley.
Lo que se está discutiendo con los distintos bloques pasa por permitirle al Ministerio de Seguridad que pueda modificar los procesos de sanción y expulsión de la fuerza policial, el manejo de gastos reservados de la Policía, la flexibilización de los límites para hacer licitaciones o compras de equipamiento, la potestad para modificar las normativas orgánicas del régimen policial y la facultad de reasignar funciones a las distintas áreas policiales. Estas medidas se suman al envío de tropas federales, un clásico para avanzar en la política represiva en la provincia, sobre todo contra la juventud como se ha demostrado en los anteriores años en lo que se recibió esta “ayuda” de parte de Nación, y que ha sido repudiada junto a la medida tomada de la bala en la recámara por los organismos de derechos humanos, sindicatos y referentes de izquierda de la región.
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La ley financiera implica un pedido de endeudamiento de la provincia ya sea través de bonos, letras o pagarés, que llega a la suma de 25.000 millones de pesos. Una vez más la fórmula de financiamiento que se pretende es endeudando al Estado, sin tocar un solo centavo de aquellas grandes empresas que hacen sus ganancias en la provincia y que casi no pagan impuestos, como es el caso de la escandalosa Vicentin.
Aunque durante los últimos años el peronismo se cansó de denunciar los brutales aumentos de agua, gas y luz en Santa Fe (200%, 540% y 3.000 % respectivamente entre 2016-2018) el nuevo gobierno provincial hace eso de que llueva sobre mojado y continúa perforando aún más el dañado bolsillo del laburante de a pie con una reforma tributaria que aumenta el Impuesto Inmobiliario Urbano y Suburbano, las Tasas Retributivas de Servicios y la Patente Única sobre Vehículos. Pero las empresas de servicios básicos, estatales o privadas, pueden quedarse tranquilas. Ante el descontento social que se amplía día a día, solo se animó a congelar las tarifas de algunos servicios por 60 días y seguir insistiendo en el boleto educativo gratuito para el mes de marzo.
Mientras tanto, nadie pone sobre la mesa la profunda causa social que explica la violencia que acosa a Rosario, tanto la que es producto de disputas narcos como no. Tal vez, si se pusiera la lupa en el 14,3% de desocupación incrementado un 4% entre el cuarto trimestre de 2017 y el cuarto trimestre de 2019, llegando al 20,3% en los menores de 29, casi 6% más que el promedio. Lamentablemente, es una realidad que pibes vulnerables sean cooptados por las bandas narcos porque "es más rentable ser soldadito" que trabajar en una metalúrgica por un salario miserable o repartiendo comida en una bicicleta sin ningún derecho laboral. Cambiaron los gobiernos nacionales y provinciales de color político y siguen siendo los barrios pobres los que sufren las consecuencias de este negocio ilegal, que creció amparado por los poderosos.
En pocos días un nuevo intento, descuartizado, con nombres más amables y algunas concesiones hechas en todas esas negociaciones, entrará a las Cámaras santafesinas la ley de necesidad pública. El intento del peronismo es que juntas o por separado, con modificaciones o no, ambas emergencias salgan aprobadas. Mano dura y migajas para cuestiones sociales parece ser la respuesta del gobierno de turno.