Sigue la crisis. Qué es la "ley del oro" que discute Bolivia para frenar la sangría de reservas del Banco Central

En la mañana de este viernes, en medio de protestas, el presidente de la Cámara de Diputados de Bolivia, Jerges Mercado, dio por aprobada “en grande” (en general) la ley que habilita al Banco Central de Bolivia a la compra y venta de oro para elevar las reservas internacionales (RIN).

Sin embargo, esta aprobación ha sido cuestionada por la oposición parlamentaria que hoy no solo es protagonizada por la formación derechista Creemos, de Luis Fernando Camacho, y por la centroderecha de Comunidad Ciudadana del expresidente Carlos Mesa, sino también por parte de la oposición de un sector del MAS expresada en el ala evista.

La negativa de estos sectores a aprobar la Ley del Oro se ha fundamentado en la exigencia de incluir en la norma recientemente aprobada una cláusula que obligue al gobierno a solicitar la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) ante cualquier intento de venta de oro con el objetivo de monetizarlo. Esta medida, por el momento rechazada, busca condicionar al Gobierno de Arce bajo amenaza de terminar con el tipo de cambio fijo e iniciar una espiral devaluatoria e inflacionaria.

¿Qué objetivo tiene la Ley del Oro que impulsa el gobierno de Arce?

En los últimos dos años Bolivia ha visto reducirse de manera alarmante las reservas internacionales netas, aumentando de esta manera las presiones devaluatorias y provocando una aguda demanda del billete verde, que está alentando brotes especulativos y que se han traducido en extensos análisis sobre el riesgo de una catástrofe económica.

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En ese sentido se han pronunciado diversos medios de prensa internacional. Es el caso de la inglesa The Economist, que está subrayando los riesgos monetarios y anunciando el fin del modelo económico neodesarrollista que Arce, en su calidad de ministro de economía, puso en marcha durante los pasados gobiernos de Evo Morales.

Sin embargo, pese a todos los agoreros de la catástrofe, lo cierto es que, si bien los equilibrios macroeconómicos son precarios, el gobierno de Arce aun cuenta con mecanismos que podrían patear para adelante, aunque si resolver sus causas estructurales, lo efectos más inmediatos de la crisis mientras apuesta a diversos proyectos industriales (litio, tierras raras, producción de biodiesel, exportación de fertilizantes entre otros) que podrían oxigenar el ambiente económico.

Pero, además, de manera más inmediata, el Gobierno apuesta a la Ley del Oro y a varios créditos internacionales, que también esperan su aprobación en la ALP ya que pueden permitirle gestionar la situación económica y la crisis política buscando llegar en las mejores condiciones posibles a las elecciones del “bicentenario” en 2025.

¿Como sigue la aprobación de la Ley del Oro?

Tanto la oposición de derecha como el ala evista del MAS coinciden en denunciar como incorrecta la interpretación del artículo 105 del reglamento de la cámara de diputados, que exige la mayoría absoluta para todas las materias tratadas, y que el oficialismo no habría obtenido el 50 % +1 de los votos (60 votos) necesarios para aprobar esta ley. La ley obtuvo 54 votos afirmativos, 24 negativos y 41 abstenciones del evismo, lo que abre una batalla legal entre el gobierno y la oposición.

El jefe de la bancada de Comunidad Ciudadana, Miguel Roca, protestó ante la aprobación en grande de la ley señalando que habría vulnerado el reglamento y la Constitución Política del Estado al no tomarse en cuenta las abstenciones y por lo tanto aprobarse la norma sin llegar a la “mitad más uno”. Por su lado, parlamentarios afines al evismo además calificaron la ley como “entreguista y neoliberal”.

La Ley del Oro aún debe sortear obstáculos como son la aprobación en detalle (es decir, artículo por artículo) así como posibles amparos de nulidad de la votación del viernes. Sin embargo, lo cierto es que este primer resultado se está traduciendo en una recuperación del valor de los bonos soberanos emitidos por el Estado que registraron el alza porcentual más elevada desde su emisión el 2017, además de ampliar las posibilidades de maniobra del gobierno de Arce frente a un legislativo crecientemente hostil.

Precariedad económica ante la crisis política

La crisis política abierta luego del golpe de Estado, y la debilidad estructural del conjunto de las instituciones estatales además del débil sistema de partidos políticos, no ha dejado de profundizarse, avanzando hasta provocar una verdadera crisis interna en el principal partido político del país, el MAS-IPSP (Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos).

El pase a la oposición por parte de Evo Morales, alentado por una prematura campaña electoral contra los “renovadores” (de Arce y Choquehuanca) y sus rivales dentro del MAS-IPSP, se está traduciendo cada vez más en severas dificultades para que el gobierno de Luis Arce pueda aprobar distintas leyes, entre ellas las que permitan recibir créditos internacionales con el objetivo de sostener diversos proyectos productivos en la senda de la “sustitución de importaciones” al tiempo de elevar las RIN.

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Las disputas internas en el MAS, entre evistas vs. renovadores, se están trasladando a la gestión de gobierno aumentando la precariedad de los equilibrios económicos y poniendo un manto de duda sobre los proyectos industriales de Arce. Este salto en la crisis política para su gobierno es por lo tanto un factor que amenaza convertir el actual precario equilibrio económico en una crisis ya no solo política sino económica.

Lejos de existir diferencias programáticas o estratégicas entre las diversas fracciones del partido de gobierno, como incluso lo reconoció el ex vicepresidente de Evo Morales, Álvaro García Linera, de lo que se trata es de una disputa basada en el personalismo de los diversos caudillos para continuar administrando el Estado sobre la base de las mismas reglas establecidas por Morales el 2006. Es decir, el pacto y la conciliación con las clases dominantes a expensas de los intereses obreros, campesinos, populares y de las comunidades originarias.

Por un programa obrero, campesino y popular ante la crisis capitalista

La política del MAS, tanto en su primera versión que va del 2006 al 2019, encabezada por Evo Morales, como en esta segunda versión piloteada por Arce y Choquehuanca, se ha basado en un esfuerzo por contentar a las clases dominantes mientras que se regateaba y mezquinaba el conjunto de demandas de las y los trabajadores y los sectores populares. Hoy, luego de la pandemia y la guerra de Ucrania, las dificultades económicas se generalizan a todo el globo, poniendo de relieve la magnitud de la crisis capitalista en marcha.

Las clases dominantes cada vez más buscan la manera de descargar esta crisis sobre las espaldas de las grandes mayorías populares como lo vemos en estos momentos en Francia y el ataque a las jubilaciones por parte de Macron. Lo vemos en Argentina, donde liberales y peronistas nuevamente coinciden en sostener un brutal ajuste económico que está arrojando a millones al umbral de la indigencia. O lo vemos también en Perú donde han impulsado un golpe parlamentario y masacres que dejaron un saldo de más de 60 asesinados, para mantener el extremista y represivo neoliberal heredado del fujimorismo.

En nuestro país, el MAS viene avanzando en el ajuste fiscal, despidiendo trabajadores y reduciendo presupuesto en las universidades, alcaldías y otras instituciones públicas mientras alienta la imposición de leyes que precarizan las condiciones de trabajo. Un ejemplo de esto es la extensión de la implementación de la ley neoliberal del Estatuto del Funcionario Público, una ley que fue sostenida por Evo Morales y hoy por el gobierno de Arce y que consiste en eliminar derechos laborales básicos, como el derecho a la organización sindical, y precarizar aún más a los trabajadores y trabajadoras del Estado.

Es ante este escenario, cada vez más delicado para los y las trabajadoras, para el movimiento campesino, para el movimiento indígena-originario y para los sectores populares que se hace urgente empezar a discutir un plan que busque hacerle pagar la crisis a los mismos responsables de siempre: la agroindustria, los empresarios mineros y financistas, es decir, a la clase de los capitalistas.

Mientras en el parlamento el oficialismo, la derecha, y la oposición evista están negociando sus intereses, en el día a día y en las calles la clase trabajadora está enfrentando la incertidumbre de las presiones devaluatorias que anticipan ataques al salario y a las condiciones de vida. Es por eso que vemos urgente luchar por una Banca Estatal Única controlada colectivamente por sus trabajadores y trabajadoras, para así entregar créditos baratos a pequeños productores, artesanos, campesinos, etc. Esto permitirá a su vez terminar con la especulación financiera que viene sacando al exterior millones de dólares que enriquecen a un pequeño número de empresarios. Mientras los exportadores retienen dólares por la venta de materias primas y manufacturas que no vuelven al país, se hace urgente terminar con esta sangría, imponiendo el monopolio estatal del comercio exterior priorizando las necesidades de todo el pueblo y no las ganancias de pequeños grupos de comerciantes.

Necesitamos de manera urgente establecer impuestos progresivos a las grandes fortunas, que lejos de tener un carácter simbólico como ha desarrollado el gobierno de Arce, permitan una recuperación de gran parte de esa riqueza obtenida sobre la base del saqueo de los recursos naturales y de la explotación de los y las trabajadoras. Pero también y de manera urgente es necesaria la lucha por la nacionalización sin indemnización de toda empresa que cierre o despida trabajadores y su puesta en funcionamiento mediante la administración obrera colectiva. Solo así se puede terminar con la desocupación y la precarización laboral que el gobierno y los empresarios imponen a los y las trabajadoras.

Mientras Arce apuesta a la compra y venta de oro como mecanismo para aumentar las RIN, la clase trabajadora y el pueblo debemos oponerle la exigencia de la nacionalización del oro para avanzar en el uso de este recurso sobre la base de la gestión y el control colectivo por parte de las comunidades originarias, campesinas y de la clase trabajadora, preservando el medio ambiente, las aguas y la tierra. Recordemos que en la gestión 2022 se exportó un valor superior a los 3.000 millones de dólares de este mineral, dólares que no han quedado ni centavos para el país.

De la misma manera, Arce apuesta a una industrialización del Litio y de otros recursos de la mano de trasnacionales chinas, repitiendo de esta forma, la historia de saqueo extractivista de nuestros recursos naturales. Se hace urgente elaborar un plan de industrialización del Litio al servicio de las grandes mayorías trabajadoras y del pueblo pobre y no de millonarios grupos empresariales.